Contra la Universidad

Dejo para otro post unas reflexiones sobre lo que significa ser profesor universitario hoy, en el actual contexto tanto económico como evaluador en el que nos hallamos sumidos.
Pero hoy quiero compartir con ustedes algunas ideas que me sugiere el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo.
Antes de llegar a él, tengo por fuerza que detenerme en las declaraciones del Sr. Ministro de Educación, verdaderas perlas, sobre su diágnostico sobre el sistema universitario español. En su opinión y basado en datos que contrastadamente no son ciertos, hay en la Universidad española un 30 % de abandono, lo que supone un gasto de 3000 millones de euros para las arcas públicas. Según la Conferencia de Rectores, la tasa de abandono es del 12 % y el 18 % restante corresponde a traslados de expedientes. Además, señala que el paro entre titulados universitarios es del 21 %, como si por tener un título estuvieran en paro y no por las circunstancias económicas que tan mal están sabiendo gestionar. No dice que entre los no titulados el paro aumenta al doble.
Luego se descuelga afirmando que en España hay demasiadas Universidades, 79, entre las que se incluyen 28 privadas cuya financiación, me parece a mí, que no depende del Estado. En España tenemos una Universidad por cada 500.000 habitante; en Reino Unido, por ejemplo, una por cada 253.000 habitantes. Y respecto a que ninguna Universidad española está en el ránking de las más prestigiosas, vuelve a equivocarse. La Conferencia de Rectores ha informado que España es la novena potencia científica mundial y la octava en publicaciones por habitante con resultados similares a Japón, y además, si se relaciona la producción científica por habitante con el porcentaje de gasto en I+D, resulta que España es uno de los cuatro sistemas más eficientes del mundo.
En conclusión, con un diagnóstico equivocado, las soluciones no pueden sino estar equivocadas. Y en este momento vamos al Real Decreto-Ley que, aparte de permitir una subida de las tasas académicas y reajustar (disminuir) las becas universitarias, carga contra el profesorado imponiendo a aquel que no cuente con un sexenio de investigación vivo la carga de impartir 32 créditos ECTS sobre los 24 anteriores a la reforma, lo que obliga al profesor a dedicar únicamente a la docencia 422 horas por curso académico, olvidando que el profesor también tiene que investigar no sólo para publicar sino para que sus clases tengan mayor calidad y que con esta carga docente muy difícilmente podrá hacerlo. De esta manera se aboca a una parte del profesorado únicamente a la docencia, sin permitirle que avance en su carrera investigadora, sin haber tenido posibilidad de elegir este camino. Lo que a la postre supone convertir un premio que hasta ahora era un sexenio (complemento salarial con repercusiones en la carrera científica) en una necesidad y el problema es que en la concesión de sexenios también puede haber intereses de todo tipo más allá de los puramente científicos. Todo esto, claro está, no va a redundar en beneficio de la Universidad española, antes al contrario.