Estarán conmigo en que el nuevo estado de alarma que se ha decretado no es más que un instrumento jurídico para limitar derechos y capacitar, en este caso, a las Comunidades autónomas a tomar decisiones con mayor agilidad, sin necesitar del refrendo judicial previo que en muchos casos, y de forma dispar entre Comunidades, no se había obtenido. Estarán conmigo también en que lo deseable hubiera sido no llegar a esta situación, y haberse reaccionado antes y mejor, en esa nueva normalidad de la que tanto se habló y se jactó el Gobierno, lo que si se hubieran tenido las cosas claras tampoco hubiera sido tan difícil. La cuestión es que tras la desescalada que comenzó en junio, los datos han ido empeorando progresivamente y de forma exponencial a partir de septiembre.  Considero que los ciudadanos tenemos derecho a saber cómo ha actuado cada Administración preparándose para un escenario que ya en abril era previsible. Da la sensación, en cambio, de que cuesta reaccionar y cada cual sigue haciendo la guerra a su modo y por su lado. Y este es un error en el que de forma incomprensible se ha persistido en el actual estado de alarma, estableciendo como autoridades delegadas a los presidentes de las Comunidades autónomas, a diferencia del anterior en que el mando único estaba en el Ministerio de Sanidad. No ha habido explicaciones sobre el cambio de estrategia, más allá de cómo pinta la situación política que está siendo mala aliada para combatir la pandemia en nuestro país. Escuchar al presidente del gobierno el domingo apelando a la moral de victoria creo que da buena imagen de la talla de en manos de quiénes estamos. Visto lo visto, con un escenario tan complejo en el horizonte, no queda más que apelar a la responsabilidad individual, porque la colectiva está bastante afectada. Se han encargado de destruirla a conciencia.

Y así las cosas creo que ha llegado la hora de dejar de escribir sobre este tema.