La imagen de una militar consolando a un niño que se abrazaba a ella llorando, impotente ante tanto miedo, que seguro habrá pasado para alcanzar de la manera que sea la costa española, creo que refleja de forma nítida lo que estamos viviendo desde los últimos días y hoy con particular intensidad.

Los medios de comunicación narran lo que sucede sin profundizar, salvo excepciones, en lo que está pasando. Repiten con insistencia las declaraciones de líderes políticos que hablan de invasión y que sin inmutarse criminalizan la desesperación de estas personas. El Ministro del Interior, con voz desencajada, tras el Consejo de Ministros se jacta de haber devuelto a 2700 personas, aplicando el criterio de las denominadas devoluciones en caliente que son contrarias a los derechos humanos. Tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su sentencia de 13 de febrero de 2020, como el Tribunal Constitucional en su sentencia de 19 de noviembre de 2020, han indicado que las expulsiones colectivas o en caliente no están permitidas por la ley y que debe de individualizarse cualquier tipo de medida en este sentido. No se puede decir que hayan utilizado la fuerza ni la violencia para entrar en España. Las imágenes están en todos los medios y hablan por sí solas. Han arriesgado sus vidas, sí, pero no han puesto en peligro a nadie más que a ellos. El Ministro de Interior, reitero, se jacta de haber incumplido la ley. De las 6000 personas que han entrado en Ceuta desde ayer se indica que en torno a 1000 son menores de edad. Los menores de edad no pueden ser expulsados ni devueltos. Hay que identificarlos y ofrecerles protección. Así lo exigen los convenios internacionales y nuestra propia Ley de extranjería en su artículo 35.

Hay que aclarar que no estamos asistiendo a una crisis migratoria. Asistimos a una crisis política con Marruecos, en la que se está instrumentalizando a las personas más vulnerables. Las que esperan cualquier oportunidad para salir de Marruecos y llegar a España. Marruecos como Turquía reciben importantes cantidades para contener en sus fronteras a estas personas para que no lleguen a suelo europeo. Ceuta no sólo marca frontera entre Marruecos y España, sino con la Unión Europea. Las fronteras exteriores de la Unión determinan una política común, aunque no sea siempre la mejor política.

El problema es político, no es una crisis migratoria. Aunque tras este problema político lo que vemos es lo que muchas veces no queremos ver. Pero esa realidad está ahí, miles de personas esperando la oportunidad para llegar a Europa. La solución no puede ser devolverlas y mirar para otro lado, incumpliendo la normativa de protección internacional de los derechos humanos. Habrá que hacer en el seno de la Unión Europea un debate sereno y profundo de lo que la inmigración es y analizarla no como un problema, ni criminalizarla como acostumbran quienes hacen siempre del otro el enemigo. Pasó en 2015 con la denominada crisis de los refugiados, y todo lo que se sacó de ella fue un acuerdo millonario con Turquía para retornar  a ese Estado a quienes llegaban a la Unión huyendo de la guerra de Siria. Recientemente, la Unión Europea trabaja en el que han denominado nuevo Pacto por la inmigración, pero tras él siguen las mismas políticas cortoplacistas y con miopía de enfoque.

Los movimientos migratorios van a ir incrementándose en los próximos años. Ha llegado la hora de proporcionar soluciones desde el compromiso con los derechos humanos y con la agenda 2030. O alcanzamos a darnos cuenta a tiempo de ello, o no prosperaremos.