Desde que la pasada semana el Ministerio de Igualdad hiciera públicos los dos borradores de Anteproyectos de Ley elaborados sobre la base del Acuerdo de coalición progresista entre PSOE y Unidas Podemos (puntos 5.3 y 11.1), uno relativo a la ley para la igualdad de las personas LGTBI y para la no discriminación por razón de orientación sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales, y otro, referido a la ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans, estamos asistiendo a una explosión de opiniones dentro de una vorágine que amenaza con que perdamos la noción real sobre lo que estos borradores de leyes pretenden.

Y lo que pretenden es bien sencillo, apostar desde la legislación para conseguir que las personas LGTBI alcancen una posición de igualdad real en nuestra sociedad que en estos momentos no tienen.

Sin perjuicio de que el contenido de ambas leyes es importante, me voy a detener en el que ha propiciado más reacciones y ha supuesto un freno real a que estos dos borradores puedan llegar al Consejo de Ministros para ser aprobados como Proyectos de Ley que luego puedan debatirse y mejorarse en las Cortes Generales. En concreto, la cuestión de la autodeterminación de género y la supuesta inseguridad jurídica que consideran que puede suponer lo dispuesto en este borrador, desde cierto sector del PSOE, encabezado por la vicepresidenta, Sra. Calvo.

La autodeterminación de género el PSOE no la ha cuestionado nunca hasta ahora. La Ley 3/2007 reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas se aprobó durante un Gobierno socialista. Diez años más tarde, también fue el Grupo Socialista el que presentó la Proposición de Ley para la reforma de la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, para permitir la rectificación registral de la mención relativa al sexo y nombre de los menores transexuales y/o trans, para modificar exigencias establecidas en el artículo 4 respecto al registro del cambio de sexo, y para posibilitar medidas para mejorar la integración de las personas extranjeras residentes en España (Boletín Oficial de las Cortes Generales el 3 de marzo de 2017) y, participó activamente en el Informe de la Ponencia elaborado sobre esta Proposición (Boletín Oficial de las Cortes Generales el 12 de marzo de 2019).

La autodeterminación de género era asumida con naturalidad y sin aparentes fisuras en el PSOE. El problema ahora manifestado parece que viene por la falta de seguridad que supondría que una persona trans compareciera ante el encargado del Registro Civil de su domicilio para manifestar que el sexo y el nombre con el que fue inscrita al nacer no se corresponden con lo que esa persona es, por lo que solicita que se adecuen a su realidad (art. 12 Anteproyecto). Sin necesitar de ningún aval. Atendiendo sólo a lo por ella manifestado. Y yo me pregunto, ¿dónde está esa inseguridad? Porque no se trata de que una persona pueda elegir qué sexo tiene. Quien dice eso es que no entiende la transexualidad. Se trata de lograr un procedimiento basado en la autodeterminación que conlleve la despatologización de la identidad trans, tal y como ha reconocido la OMS en 2018, y como han consagrado ya numerosos Estados, algunos de ellos miembros de la Unión Europea, como  Dinamarca, Malta, Irlanda, Bélgica, Luxemburgo y Portugal.

La propia Comisión Europea en un informe  sobre los procedimientos legales de reconocimiento de género y su impacto en la vida de las personas trans en la UE, publicado en junio de 2020, ha reconocido que los procedimientos basados en la autodeterminación de las personas trans, esto es, los sustentados únicamente en la voluntad de estas personas a través de una declaración ante la autoridad competente, son los que reflejan los más altos estándares de respeto de los Derechos humanos

No hay inseguridad jurídica. Hay reconocimiento de la realidad trans y la aprobación de este texto supondría una automática mejora de las condiciones en que estas personas se encuentran. El PSOE entonces debe explicar claramente qué le está llevando a frenar la tramitación de estas dos leyes. Porque nadie que conozca mínimamente el tema puede creer que tras ello haya dudas de seguridad jurídica.