Acabo de publicar en la Revista General de Derecho Europeo, 29 (2013) mi artículo “Europeización del Dipr – A. Durán Ayago“.
Espero que sea de vuestro interés.
Nota bibliográfica
No todo está perdido. Nos queda la Justicia
Afortunadamente, no está todo perdido. O al menos yo así quiero creerlo. La justicia puede aportar un poco de consuelo todavía ante tanto despropósito. Así lo demuestran los pequeños logros que se van consiguiendo antes las agresiones que un poder legislativo desnortado está produciendo en la ciudadanía. La paralización cautelar del cierre de las urgencias en pequeños pueblos de Castilla-La Mancha; la paralización del cobro del euro por receta que ha acordado el Tribunal Constitucional tras la admisión a trámite de los recursos presentados tanto en Cataluña como en Madrid; el posible cuestionamiento por parte de la Audiencia Nacional de si es constitucional haber arrebatado la paga extra a los funcionarios; la acción de la justicia ante los casos de corrupción sobre los que cada día hay un nuevo capítulo… Nos queda la justicia tanto ordinaria como constitucional para hacer valer nuestros derechos, aunque el Gobierno también se haya propuesto limitarnos este derecho, dificultando el acceso a la misma con tasas abusivas.
Lo cierto es que en este estado catapléjico en el que nos encontramos, de casi adormecimiento ante el dolor prolongado con tanta noticia que quita la ilusión y que contribuye a incrementar el descrédito de las instituciones desde la más real hasta la más llana, pequeñas victorias como las que nos proporciona de vez en cuando la justicia, contribuye a pensar al menos que no está todo perdido, que aún queda espacio para la esperanza.
Estado social y democrático de Derecho en estado de descomposición
La Constitución española, en el apartado primero de su art. 1, dice: “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.
No es una afirmación baladí. Su contenido es trascendental. Ya el que esté en el frontispicio de la norma suprema del Estado indica su relevancia.
Sin embargo, y acaso porque desde hace unos años nuestro país ha perdido por completo el norte de lo que debe ser, parece que ya nada es como debiera, y lo que dicen las palabras lo dicen al parecer formalmente, sin que exista correlación con el verdadero contenido.
El Estado social está sufriendo graves embestidas con las políticas que se están llevando a cabo en materia de sanidad, educación, servicios sociales, derecho laborales.
El Estado democrático no sabemos dónde quedó cuando los partidos políticos se presentan con un programa a las elecciones y al día siguiente de ganarlas lo cambian sin pudor, alegando un cambio de circunstancias.
Y el Estado de Derecho está siendo objeto de continuas agresiones: la ley de tasas es la más conocida, pero se proyectan otras de no menor alcance como la privatización de los registros.
Derechos que había costado mucho conseguir en España están siendo cercenados por una suerte de concomitancias con la situación económica. Al parecer, con la excusa de la economía todo vale. ¿Desde cuándo en un anteproyecto de una ley tan importante como la de asistencia jurídica gratuita debe hacerse referencia al cumplimiento de déficit en 2014? No es que no haya altura de miras, es que se trata de una visión tan cortoplazista que asusta. Se está legislando a golpe de ocurrencia, desbarantando todo lo construido. Y no pasa nada. Mayoría absoluta manda. Sólo podemos confiar ahora en la justicia. Todos los colectivos implicados deben estar en sus puestos y denunciar todos estos envites. Resistir, con todos los mecanismos de que seamos capaces. No nos pueden dar lecciones de justicia, aquellos que no saben lo que significa.
Seminarios Interdisciplinares de Derecho Español
Los próximos días 21 y 22 de enero tendrá lugar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca una nueva edición de los Seminarios Interdisciplinares de Derecho Español intergrados en el Máster en Derecho español para juristas extranjeros.
En esta ocasión se tratarán dos temas de sumo interés. De un lado, en la jornada del día 21 se abordará el tema de la Justicia gratuita y el Turno de oficio. Este seminario ha sido organizado por el Decano del Colegio de Abogados de Salamanca, D. Luis F. Nieto y participarán en él miembros de la Comisión de Justicia Gratuita del Consejo General de la Abogacía Española. Este seminario se emitirá en directo en todas las webs de los Colegios de Abogados de España.
La tarde del día 22 tendrá lugar un seminario sobre la última reforma laboral, seminario que ha organizado la Pfra. Dra. Cristina Polo y en el que intervendrán expertos de diferentes disciplinas.
Os adjunto el programa y os invito a participar en los mismos. Seminarios Interdisc 2013
2013
Llevamos ya nueve días de nuevo año y siguen sin cesar las malas noticias. Ayer se hacía público que la Unión Europea estimaba que en España ya se habían rebasado los 6 millones de parados. Uno de cada tres parados en la Unión es español. Es un dato tremendo que confirma que todas las políticas que se están poniendo en marcha no van en la buena dirección. Ya lo decíamos muchos: no era más que una falacia el que la última reforma laboral fuera a crear empleo; antes al contrario, ha facilitado los despidos; los expedientes de regulación de empleo han aumentado y por lo que se ve seguirán aumentando.
Despedimos el año pidiéndoles a sus Majestades de Oriente (o de Andalucía, según la nueva versión papal) que el nuevo año trajera un cambio de rumbo en las políticas. Ojalá nuestra carta no se haya traspapelado.
Entretanto esperamos datos que confirmen que así no ha sido, vamos a seguir poniendo todos nuestro granito de arena y cada cual desde su espacio, desde su sitio, vamos a intentar dar lo mejor de sí para que el 2013 se convierta en un buen año. Suerte a todos/as.
Carta abierta a los Reyes Magos
Podrá parecerles extraño pero el hábito de escribir una carta a los Reyes Magos cada año permanece en mí inalterado. Y este año, además, quiero compartir esta carta con todos los que lean este blog, porque cuando la realidad se presenta tan cruda como a muchos se les está presentando, considero necesario introducir un poco de sensibilidad y solidaridad, al tiempo que un poco de optimismo en la situación que estamos viviendo. Por eso …
“Queridos Reyes Magos:
Este 2012 ha sido un año difícil. Es verdad que llevamos ya cuatro diciendo lo mismo, pero quizá por eso, éste ha sido más complicado que los anteriores. Llevamos ya mucho tiempo de frustración. Muchas personas han perdido su empleo en los últimos meses; a otras se les ha acabado su prestación por desempleo; muchos no tienen ya con qué hacer frente al pago de sus hipotecas y los desahucios son una realidad tan cotidiana como cruenta.
Por si esto fuera poco, el actual Gobierno está haciendo aún más dura la situación que vivimos; cercenando derechos constitucionales (educación, sanidad, tutela judicial efectiva, etc.), mientras que al tiempo negocia en Europa préstamos para las entidades bancarias que no han gestionado bien sus activos. Tenemos un Gobierno que rescata a los que nos han hundido y nos hunde más a los que no hemos contribuido a que la situación sea la que es. No contentos con eso, tenemos un Presidente que nos hace responsables de todos los males (hemos viajado mucho al Caribe, según él) y ministros que no le van a la zaga. Qué decir del Sr. Ministro de Educación, Sr. Wert, que cada vez que habla, es para ahondar más en el dolor que sentimos los españoles por tener al frente de un Ministerio como el de Educación a un opinador y ocurrente que se ha propuesto cambiarlo todo para llevarnos a ninguna parte (buena). O del Sr. Gallardón, que se ha lanzado a destruir el Estado de Derecho vendiéndolo al mejor postor (p. ej.: a los Registradores de la Propiedad, previo pago, les ha ofrecido la gestión del Registro Civil), aludiendo siempre a la eficiencia económica y realizando reformas inconstitucionales que vulneran un derecho fundamental como es la tutela judicial efectiva. O la Sra. Ministra de Empleo que va vendiendo por doquier brotes verdes, mientras se engrosan las listas del paro; o el Sr. Montoro, con sus ocurrencias de amnistías fiscales y sus cientos de promesas incumplidas…
En fin, ya ven, que hay para todos y no quiero cansarles. De sobra saben ustedes cómo está el panorama.
Pero sé que podemos confiar en ustedes, y sé también que es necesario que en estos momentos creamos todos con fuerza en que esta situación puede cambiar; que debe cambiar. Para que eso sea posible necesitamos que los que están al frente de las instituciones vean con claridad que debe haber un cambio de rumbo que apueste por el crecimiento; y que es necesario que las entidades bancarias comiencen a dar créditos para que los pequeños empresarios empiecen a reflotar. Y cuando eso se haga, el empleo comenzará de nuevo a generarse; y eso hará que el consumo fluya; no estaría mal que se bajara entonces el IVA, para que fuera más fácil el acceso al consumo. Y en todo esto, también ayudaría que el Gobierno impusiera por ley un plazo de carencia más generoso del que se ha hablado respecto de todas las hipotecas cuyos titulares no puedan hacer frente a su pago y se paralizaran definitivamente los desahucios.
No sé si sería mucho pedir, pero también me gustaría que al menos cesasen al Ministro de Educación y se nombrara a alguien que de verdad conozca la importancia de este servicio, que desde luego no está para imponer religiones, sean éstas las que sean. Y al Ministro de Justicia tampoco le vendría mal un toque de atención para que reflexionara sobre su afán de emperador, ahora con la Justicia, un bien de todos con el que no debería jugarse como lo está haciendo él.
Pero fundamentalmente me gustaría pediros que ayudarais a toda la gente que lo está pasando mal. Que les deis fuerza para seguir y a todos cabeza para saber ayudar. Solidaridad y sensibilidad para el 2013, y buenas cabezas que sepan decidir con acierto.
Confío en ustedes y les agradezco de antemano su atención.
En Salamanca, a 18 de diciembre de 2012″.
La Universidad como inversión
Ya sabemos que a algunos la educación les parece un gasto demasiado gravoso. No se plantean siquiera que el capital invertido en educación pueda revertir de forma sustancial sobre la sociedad que lo genera y sostiene. Para algunos la educación a la que pueda accederse debe depender de los medios que se tengan para costearla. A mayores medios, mejor educación. Parece ser que de esta opinión hay muchos, y lo peor es que muchos de los que esta opinión tienen están en los puestos de decisión.
No hay que ser muy avezado para darse cuenta que un país será más sólido y solvente si considera a la educación como uno de los servicios más importantes que debe garantizar el Estado. Mientras mejores profesores tengamos al frente de la educación desde primaria hasta la Universidad; mientras mejores medios tengan para desempeñar su labor; mientras más se invierta en investigación, mejores posicionados estaremos. La formación, en un mundo global, es lo que aporta elementos diferenciadores. La formación es un elemento competitivo en toda sociedad centrada que se precie. A mayor formación, mayores oportunidades. Eso es así. Otra cosa es que los mecanismos anquilosados de un país no hayan sido capaces de absorber e incorporar a nuestro tejido productivo tanta materia prima bien formada desaprovechada, que en muchos casos se están llevando otros Estados, sin haber invertido nada en la formación de esas personas que ahora generan riqueza para ellos.
El problema, digámoslo claro, no es lo que cuesta la educación; el problema es que no se ha sabido rentabilizar esa inversión. Y lo peor, tampoco parece que se tenga en mente revertir esta tendencia. Antes al contrario, se han lanzado a desprestigiar también la educación pública, diciendo que es cara y poco rentable. Que es mejor que cada cual pague la educación que demande. Y eso, simple y llanamente, es dejar a muchas personas, a mucho capital humano si se quiere, en términos económicos, desaprovechado. Tiene que poder estudiar todo el que quiera y demuestre que aprovecha la oportunidad que se le da. Si lo hacemos depender de los medios, entonces ya sí que en vez de estar contribuyendo al enriquecimiento de un país, estamos condenándolo al más negro ostracismo.
Poner en valor la Constitución
Todos los años que han pasado desde que en 1978 se aprobara la vigente Constitución española han servido para recordar su importancia como modelo de convivencia después de una etapa difícil y convulsa que vivió nuestro país.
Este año recordar los valores que la inspiraron quizás cobre mayor sentido, si se tiene en cuenta que llevamos ya más de un año en que se conculcan sistemáticamente los derechos fundamentales de los ciudadanos que en ella se consagran.
La tutela judicial efectiva, la asistencia jurídica gratuita, el derecho a la educación, a la asistencia sanitaria, a la libertad ideológica, el derecho a tener una vivienda digna y a que los poderes públicos protejan a los ciudadanos contra las prácticas abusivas que han practicado y practican algunas entidades e instancias en nuestro país. Todo ello está hoy en tela de juicio. También ha perdido sentido la democracia como sostenimiento del sistema en que vivimos, ya que reiterado es el incumplimiento por parte de los partidos de su programa político, sin que al parecer pueda haber consecuencias de ningún tipo para este tipo de prácticas.
Hoy es un día para poner en valor la Constitución; para recordar que no todo está permitido; que debe haber siempre unos límites y que los derechos de los ciudadanos constituyen la espina dorsal sobre la que se asienta nuestro sistema de conviviencia. Si a ellos se afectan, se está tocando la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico, y contra ello deberemos utilizar todos los mecanismos con que contamos.
Dos varas de medir
Es curioso cómo algunos son expertos en echar la culpa siempre a otros.
Desde hace unos días, se viene insistiendo en que buena culpa de lo que está pasando se debe a los ciudadanos (no a los políticos, no a los bancos), que han vivido, se dice, por encima de sus posibilidades, comprándose teles de plasma o viajando con demasiada frecuencia, según nuestro presidente del gobierno, al Caribe. Tras esta “profunda” reflexión, y siguiendo el hilo, yo me pregunto, por qué no son tan valientes y dicen lo mismo de nuestro sistema financiero, ese que era tan sólido y que ahora necesita que lo “rescatemos” entre todos. Casi 40 millones de euros tendremos que pagar los que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, para que los que realmente lo han hecho puedan seguir haciéndolo indefinidamente.
Tampoco he oído a ningún político, de esos de verbo fácil, asumir ninguna responsabilidad en todo lo que está pasando. Es más fácil mirar para otro lado y echar la culpa a otros, ¿verdad? Sabemos que en este país asumir responsabilidades no se estila. Muchos de los que se dedican a la política creen que están investidos de un poder divino, y que en base a él, sólo deben justificarse ante instancias del mismo tipo; el poder popular no saben ni lo que es ni les importa. Por este tipo de políticos estamos gobernados.
Políticos que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, no tienen ningún escrúpulo en modificar leyes para ponerle una alfombra a Eurovegas, mientras que al tiempo desoyen a la ciudadanía que les pide que paren en su afán por privatizar la sanidad. Es una prueba más de que el poder político responde a unos intereses que son los económicos y no a los intereses generales.
Hay dos varas de medir, está claro. A los poderosos se les trata con exquisita cortesía; al pueblo se le desprecia vez tras vez con todas las decisiones que se están tomando. La única apariencia de reacción de este gobierno ante el sufrimiento ciudadano tuvo lugar tras el suicidio de una mujer que iba a ser desahuciada. Después silencio. Bueno, silencio no, que hoy ha salido el Ministro Montoro a decir que con su amnistía fiscal apenas se ha recaudado la mitad de lo proyectado, pero se ha recaudado, ¿no? Pues eso es lo importante. El fin justifica los medios.
Tutela judicial efectiva y asistencia jurídica gratuita
La tutela judicial efectiva es un derecho fundamental que corresponde a todos los ciudadanos, sean españoles o extranjeros, ricos o pobres. Nuestra Constitución lo regula en su art. 24 y constituye una de las más altas garantías que tiene un ciudadano que vive en un Estado que se presume democrático como a la sazón es España.
Para garantizar que el disfrute de este derecho es efectivo, hay que recurrir a otro derecho que es adjetivo del primero, pero sin cuya existencia, hablaríamos de irrealidades: la asistencia jurídica gratuita asegura que los bajos ingresos no sean un obstáculo para recurrir a la justicia. La asistencia jurídica gratuita respalda y reafirma este derecho, y al igual que el primero, debe disfrutarse con independencia del origen de la persona, nacional o extranjero, y con independencia de cuál sea la situación administrativa de este último en España. Así lo ha precisado el Tribunal Constitucional en su Sentencia 92/2003.
Sin embargo, curiosamente ahora, en que las necesidades económicas son mayores, se ha decidido aumentar las tasas de acceso a la justicia, y curiosamente también se intenta relacionar este aumento con “una mejora en la financiación del sistema judicial y, en particular, de la asistencia jurídica gratuita”, según reza en la Exposición de Motivos de la Ley de tasas. Esta justificación, qué duda cabe, esconde una intencionalidad malevolente. No se puede hacer recaer el coste de ejercicio de un derecho como es la asistencia jurídica gratuita, sobre el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva. Parece más bien que detrás de esta reforma se esconde de forma taimada la limitación en el ejercicio de la tutela judicial efectiva. Habrá casos, no digo yo que no, en los que se “abuse” torticeramente de los recursos judiciales, pero esto será la excepción; convirtiendo esta idea en regla, contribuimos a dificultar el ejercicio de un derecho que es la última garantía que los ciudadanos tienen en muchos casos. Más en estos tiempos convulsos en los que vivimos. Además, no me sorprendería que en este estado de la cuestión, viniera sin tardar mucho un aumento de las ratios que deben darse para beneficiarse de la justicia gratuita. Si eso llega, será la constatación más palpable de que tras esa “racionalización del ejercicio del poder jurisdiccional”, en palabras del legislador, sólo se esconde la idea de limitar el ejercicio de un derecho o de dos derechos, en su caso, y ¿acaso esto no es inconstitucional?
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