Acabamos de conocer que la patronal bancaria ha decidido paralizar los desahucios en los casos de extrema necesidad durante los próximos dos años. Esta noticia llega después de un fin de semana convulso en el que, desde luego, el mazazo recibido por el suicidio de una señora en el País Vasco a la que iban a desahuciar, ha sido la noticia fundamental, pero no la única. Habría que decir que ha hecho falta la muerte de esta persona (ya antes había habido otros casos a los que no se dio tanta importancia en los medios de comunicación) para que todos los actores principales de este dantesco escenario que estamos viviendo despertaran. Gobierno y PSOE se “apresuraban” a decir, después de varios años de crisis y más de 400.000 desahucios, que había que cambiar la legislación hipotecaria, que era cierto que había importantes desequilibrios en la misma, oh casualidad, justo después de que una Abogada General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ya advirtiera en sus conclusiones que la legislación española en materia de desahucios no respeta las normas de protección de consumidores, en concreto, la Directiva 93/13 sobre cláusulas abusivas. Y, en consecuencia, propone al TJUE que resuelva en el siguiente sentido:

“Por cuanto antecede, propongo al Tribunal de Justicia que resuelva de la siguiente manera:

1) Un sistema de ejecución de títulos notariales sobre bienes hipotecados o pignorados en el que las posibilidades de oposición frente a la ejecución se encuentran restringidas es incompatible con la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, cuando el consumidor, ni en el propio procedimiento ejecutivo ni en un procedimiento judicial separado, puede obtener una tutela jurídica efectiva para ejercitar los derechos reconocidos en dicha Directiva, por ejemplo mediante una resolución judicial que suspenda provisionalmente la ejecución forzosa.

2) Corresponde al órgano jurisdiccional nacional apreciar con arreglo al artículo 3, apartados 1 y 3, de la Directiva 93/13 el carácter abusivo de una cláusula de las condiciones generales de los contratos celebrados con consumidores.

a) En el caso de una cláusula por la que el acreedor puede dar por vencido anticipadamente un crédito inmobiliario, el órgano jurisdiccional debe examinar, en particular, en qué medida la cláusula se aparta de la normativa legal que a falta de pacto sería aplicable, si lo estipulado en la cláusula responde a una razón objetiva y si el consumidor, a pesar de la alteración del equilibrio contractual en favor de quien ejercita la cláusula, no queda desprotegido con respecto al contenido normativo de la cláusula en cuestión.

b) En el caso de una cláusula sobre intereses de demora, el órgano jurisdiccional debe examinar, en particular, en qué medida el tipo de interés se aparta del tipo de interés legal que a falta de pacto sería aplicable y si no está en proporción con el objetivo del interés de demora.

c) En el caso de una cláusula para la determinación unilateral del importe de la deuda, deben tenerse en cuenta, particularmente, las consecuencias de una cláusula de ese tipo en el Derecho procesal nacional.”

Habrá que esperar todavía unos meses para que se produzca la sentencia que cierre este asunto, pero ya a las conclusiones hay que recibirlas con alegría, pues supone dar la razón a todos aquellos que desde hace años han venido defendiendo que en este juego de las hipotecas, siempre había quien ganaba y los que perdían siempre eran los mismos.

Hay que reconocer también que el drama humano que muchas familias están viviendo no lo han sentido como propio los políticos hasta que no les quedaba otra. Ha sido la justicia de nuestro país, antes que la europea, por otro lado, la que ha comenzado a alzar la voz, porque son ellos quienes aplican la ley, y las leyes que son injustas cómo no va a doler aplicarlas. Hay que leer el informe que ha elaborado un grupo de jueces en el que proponen una serie de medidas para humanizar este drama. Informe que ha sido acogido por la Conferencia de Jueces Decanos celebrada la semana pasada – Conclusiones Jueces Decanos. Todo esto, unido a que ya se está empezando a hablar de la objeción de conciencia de aquellos que por su profesión tienen que participar en los desahucios, hace que el poder ciudadano esté contribuyendo a este cambio.
Pero ojo, no olvidemos que la decisión de la patronal de los bancos, ha llegado antes que el acuerdo político. Ojalá la ley que debe venir, aunque llegue tarde, instaure el equilibrio jurídico en un procedimiento que a todas luces es abusivo.
Y como muchas voces han dicho ya, me uno a quienes defienden que todas aquellas entidades bancarias a las que vamos a tener que “rescatar” porque así nos lo han impuesto, rescaten antes a las personas que, habiéndose quedado sin trabajo, pretenden también dejarlas sin un techo bajo el que vivir. Basta ya de tanta insensatez. Sentido común y honestidad, por favor.

Que la cosa no es sencilla. Resulta que durante un largo período de tiempo todos los actores de la economía de nuestro país, incluidos nosotros, los consumidores, nos dedicamos a crear, mimar y hacer que creciera la burbuja inmobiliaria. Para ello, las entidades bancarias no dudaron ni un segundo en dar préstamos a aquellos que recurrían a ellas para conseguir un título de propiedad sobre una casa. Los precios subieron artificialmente; por lo que los créditos cada vez tenían que ser mayores, y en ese contexto de bonanza económica, a ninguno se le pasaba por la cabeza que si venían mal dadas iba a ser difícil afrontar el pago de la hipoteca. Los bancos, por su parte, tampoco parecían estar muy preocupados, porque en caso de incumplimiento ellos se quedaban con el dinero entregado por la vivienda; ejecutando la hipoteca, se quedaban con la casa y además, lo que faltaba por abonar no desaparecía, sino que esa deuda permanecía sobre la persona que pidió el préstamo hasta que pudiera pagarla. Un juego, si me permiten la expresión, en el que la suerte siempre estaba del lado de los bancos. Y el peso siempre recaía sobre el consumidor. Por no hablar de las cláusulas suelo, las tasaciones arbitrarias y un largo etcétera de prebendas sostenidas y bien atadas legalmente a favor de los bancos.
Durante el tiempo de calma relativa en que se agrandó la burbuja, ningún partido político propuso reequilibrar el mercado inmobiliario para que el coste principal no recayera siempre sobre el consumidor. Ninguno planteó la dación en pago; esto es, que si una persona no podía pagar lo que restaba de su hipoteca, esa deuda se pagara con la entrega de la vivienda al banco, y de esa manera quedara liberado. Ninguno propuso que se establecieran fórmulas flexibles, en caso de no poder afrontar el pago de la vivienda coyunturalmente, en el que por ejemplo, se pactara un periodo de carencia, o se permitiera pagar menos de lo fijado, para evitar los temidos desahuicios. Nada se hizo entonces, y lo peor, nada se está haciendo ahora.
Perdón, sí que se ha hecho algo. Pero a favor del más fuerte, otra vez, qué casualidad. Se ha creado el banco malo, que técnicamente ahora denominan SAREB (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria), creado con el dinero que nos ha prestado la Unión Europea, dinero que por supuesto tendremos que devolver con intereses y que estamos costeando todos, cuyo objetivo principal es comprar los activos tóxicos, es decir, las viviendas que los bancos han quitado a quienes no han podido pagar la hipoteca, comprándolos a un precio inferior, con el objetivo de luego volver a colocarlos en el mercado. De esa manera se pretende sanear a las entidades bancarias y volver a poner en circulación la venta de estos inmuebles.
Esta es la situación. Pero yo me pregunto: ¿alguien ha pensado en algún momento en las miles de familias que se están quedando en la calle por no poder pagar la hipoteca? Sabemos que los desahucios son el pan nuestro de cada día, ¿alguien, algún grupo político, me refiero, ha hecho la suficiente presión para que esta injusticia pare? Porque al final, los que perdemos somos siempre los mismos. A los bancos, parte fuerte desde el principio hasta el final de la crisis, se los proteje, se les crea un marco normativo muy favorable, nada de libre mercado, el mercado está intervenido desde hace mucho tiempo a su favor y, en cambio, a los consumidores se nos deja caer y no se plantea ninguna solución para paliar el dolor de toda la gente que no sólo tiene que dejar sus casas, sino que además quedan marcados con una deuda que deben seguir pagando a los bancos.
Cada vez hay más gente que tiene más claro lo que está pasando. Que no nos vendan brotes verdes, ni esperanza vacía, como ayer hacía la Sra. Ministra de Trabajo, con un 25 % de paro a sus espaldas. Cambien las leyes y hagánlas más justas. Las normas, para ser justas, deberían orientarse a reequilibrar las situaciones de desequilibrio que hay en el mercado. Por contra, las que existen, no sólo no protegen al más débil sino que hacen más fuerte al fuerte. A ver si nos enteramos.

Es curioso el grado de abstracción al que pueden llegar nuestros políticos. No sirven ni las encuestas del CIS que vez tras vez muestran que los españoles percibimos como tercer problema a la clase política; tampoco, que la gente salga a la calle y pretenda rodear el Congreso pidiendo una regeneración democrática; no sirve que en las elecciones del pasado domingo haya habido muchos votantes que haya preferido no ejercer su derecho al voto; tampoco que el clamor en las redes sociales sea cada vez mayor pidiendo un cambio de rumbo; no sirve que se pida un referéndum. No sirve nada. Ellos siguen instalados en su mundo, aislados del mundo, seguros en su mundo, justificando que si ocupan el puesto que ocupan es porque legítimamente en unas elecciones democráticas, así se ha decidido. Y no les falta razón. Es verdad que son legítimos representantes porque por el pueblo han sido elegidos; pero la legitimidad no la da sólo el voto; ha de mantenerse durante toda la legislatura. El contrato programa que los políticos han celebrado con los ciudadanos no puede traducirse a papel mojado el día después de las elecciones, porque entonces estaríamos, como al parecer estamos, ante un fraude de tremenda categoría. La legitimidad democrática, por tanto, no la dan sólo los votos; también el compromiso que los partidos tienen de cumplir el programa con el que se han presentado a las elecciones.
Lejos de eso, tenemos un Gobierno que desde el primer día ha aparcado su programa y ha comenzado a destruir todo lo que tanto esfuerzo había costado construir. Con pulso firme; sin sentirse constreñidos; creyéndose acreedores de no se sabe muy bien qué voluntades, se han lanzado a demolerlo todo sin que les tiemble el pulso.
No contentos con eso, tenemos al frente del Gobierno a una serie de personas que distan mucho de ser los mejores gobernantes. Ayer, cuando una multitud clamaba fuera del Congreso y dentro se debetían esos presupuestos para 2013 en los que nadie, salvo el Sr. Montoro, cree (quizás tampoco él), éste se jactaba de que eran los presupuestos más sociales de la democracia. ¡Habráse visto mayor grado de cinismo! Y no sólo eso, como en muchas otras ocasiones, se permitía incluso hacer bromas y reírse cuando la situación no está para eso. Desde luego, si se permite ese lujo es porque a él no le están tocando de lleno esos recortes que su gobierno está poniendo en marcha.
No sé cómo puede permitirse llegar al Congreso y en vez analizar los datos que nos dicen que una de cada cinco pesonas en España vive en la pobreza y proponer un presupuesto que nos pueda sacar del ostracismo, en vez de eso, se dedica de decir vanalidades.
Más vale que él y sus compañeros se pusieran a trabajar en firme para que esta caída en picado cese y eschuchen a los que los han votado y a los que no, que algo tendrán que decir en todo esto.

Ayer, las encuestas del CIS nos mostraban el pesimismo de los españoles ante la situación económica. Por la noche, el FMI confirmaba punto por punto que esta percepción, lejos de estar equivocada, avalaba los peores pronósticos. En la encuesta del CIS, también se mostraba que el tercer problema para los españoles, después del paro y la situación económica, era la clase política y los partidos políticos. Estos, en vez de tomar buena nota de este sin duda preocupante dato que ya se ha convertido en tendencia, se responsabilizan unos a otros, como siempre, haciendo valoraciones de perogrullo, que en algunos como en el del Sr. Floriano, no es excepción. Básicamente todo lo que dice es dar vueltas sobre una frase sin contenido alguno.
La talla de nuestros políticos, qué duda cabe a estas alturas, no está a la altura de las difíciles circunstancias. Y mi percepción es que la mojigatería de los que nos representan, está incidiendo proporcionalmente en que la crisis que ya de por sí era grave, se vaya agravando más.
Los datos del FMI no ayudan a ser optimistas. La economía de España será la segunda del mundo, después de Grecia, que más caerá durante 2013. Se constata que la política de recortes y subida de impuestos no está dando buenos resultados. Y yo me pregunto, ¿es que acaso no se sabía de antemano que iba a ser así? ¿Acaso no nos decía el sentido común que si se subía el IVA, el consumo se iba a contraer más? ¿Que si se abarataba el despido y los ERES se flexibilizaban, el paro iba a aumentar? ¿Dónde está ese crédito que se iba a comenzar a dar a los pequeños empresarios para que pudieran reflotar sus empresas? Hasta ahora, lo único seguro, es que si algunos han ganado de este entuerto, han sido los que en buena parte han provocado que ahora nos encontremos donde estamos. Entretanto, los recortes seguirán. Ya han dañado gravemente a la educación y a la sanidad, lo próximo será la justicia, con una reforma que si llega a aprobarse, nos colocará a la cola de Europa; nos hará involucionar 30 años, para colocarnos en una situación claramente preconstitucional, cuando la tutela judicial efectiva no era ni desiderátum.
Los políticos en buena parte han contribuido a crear este problema, por su mala gestión, y están contribuyendo de manera definitiva en que ahondemos más y más en el pozo. Cuando tantas familias españolas necesitan recurrir a la caridad para poder comer, algo está fallando. Pero parece que a nuestros representantes tampoco les va la vida en ello; no parece que anden muy preocupados. Desde luego, con una situación como ésta, si hubiera personas responsables en los puestos de gestión, hace mucho tiempo que se hubieran comenzado a dar pasos en otro sentido. Hubieran desaparecido ya muchos privilegios y muchos excesos que en buena parte de las administraciones se constata que ha habido. Pero nada de eso. Que todo siga igual, y que nadie asuma consecuencias. Luego les extrañará que los ciudadanos percibamos como uno de los principales problemas a la clase política.

Hubo un tiempo en que España jugaba en la primera división de la economía; donde todo parecía que iba bien; donde había exuberancia y se gastaba sin ningún escrúpulo; donde se hacían inversiones millonarias en proyectos de dudosa rentabilidad tanto económica como social. Hubo un tiempo en el que nos las prometíamos felices y vivíamos pensando que todo lo que teníamos iba a perdurar para siempre.
Hay en estos momentos una situación muy complicada, con casi seis millones de parados en nuestro país; con recortes sistemáticos en todos los servicios sociales, sanidad, educación… y se ha instalado entre la población una sensación de desánimo, de pesimismo y de miedo por tener al frente de las instituciones públicas a unos políticos que parecen vivir en una realidad paralela, sin conectar con lo que realmente pasa y se siente en la calle.
Hay también un fundado temor a qué pasará cuando pidamos ese rescate, del que se habla desde hace mucho tiempo y que parece a todas luces que no habrá más remedio que pedir, puesto que los pasos que se han dado por el gobierno no están haciendo más que perjudicar la ya maltrecha economía. Tememos que consideren que tenemos que hacer más ajustes, yendo siempre a los mismos, funcionarios y trabajadores, paganos, ya saben, de esta crisis.
Y en estas estamos, mientras pensamos en qué llegará mañana. O qué quedará de lo que hubo hace no tanto tiempo. En un optimismo sensato podemos (queremos) pensar que de esta situación saldremos. Lo importante es tomar nota de lo que ha ocurrido y poner los medios para que no volvamos a sufrir una crisis de estas características. Pero para ello, hace falta que cambien muchas cosas, entre ellas, la necesidad de que el pueblo, que es soberano, se crea realmente su soberanía y tome cartas en el asunto.