Permisos de residencia a 160.000 euros, ¿quién da más?

Debo reconocer que mi intención era escrbir esta semana sobre la espectacular subida de las tasas judiciales que será una realidad en breve. De ello también les hablaré en este post. Pero permitánme que primero haga referencia a la noticia-sorpresa que para hoy nos tenía reservada el gobierno: se venden permisos de residencia a extranjeros que compren bienes inmuebles en España por valor de 160.000 euros como mínimo. Por decirlo con palabras suaves y sin ánimo de herir a nadie: se trafica con una potestad del Estado para captar capital extranjero para … ¿invertirlo en investigación?, ¿hacer nuevos hospitales?, ¿crear más guarderías?, ¿potenciar los servicios sociales? No, claro que no. Se trafica para volver a beneficiar a los de siempre, además ahora introduciendo un elemento que hasta ahora no estaba presente, que es vender lo que para muchos es incomprable a pesar de haber estado en España durante mucho tiempo trabajando: la posibilidad de vivir en España de forma legal.
Y es que si profundizamos en todo lo que está ocurriendo, ¿no piensan ustedes que es como si habiendo detectado que el principal problema de la economía española se originó en la burbuja inmobiliaria, ahora en vez de modificar la senda y explorar nuevos horizontes de crecimiento, nuestros gobernantes son tan pacatos que vuelven a reincidir en ese problema? ¿Es que acaso detrás del denominado banco malo no hay una clara intencionalidad del gobierno de volver a potenciar el mercado de la vivienda? Ahora se vende barato; aproveche la oportunidad, parece querer decirse, que dentro de poco el precio subirá y habrá hecho un buen negocio. Esto en mi pueblo se llama fomentar la especulación. Y eso es lo que está haciendo este gobierno. Los ciudadanos no somos tontos, y tanta desfachatez ya debería estar prohibida.
Entretanto, nos tenemos que agarrar a la justicia, que es lo único que nos queda y que también nos quieren quitar. Porque mientras hay un exceso de viviendas vacías, hay mucha gente a la que se le está dejando sin sus casas por no poder pagar (Sra. Trujillo, no poder no es lo mismo que no querer pagar, entérese) sus hipotecas. Y mientras tanto nosotros, con nuestros impuestos, con los recortes de derechos, les estamos pagando estas acciones a los bancos. Pero, decía, todos miramos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a ver si devuelve la cordura y pone un poco de orden en este desaguisado.
Y un motivo más para la indignación: primero fue la sanidad, luego la educación, y ahora la justicia. En cuestión de días se publicará en el BOE una ley que incrementa exponencialmente el precio de la justicia, tanto es así que a muchos les dejará sin posibilidad de recurrir a la única vía de amparo que todavía les queda. Habrá que pagar por iniciar cualquier procedimiento judicial, y las tasas son importantes. La tutela judicial efectiva ya tampoco será un derecho de todos, como dice el art. 24 de la Constitución española, sino sólo de los que puedan pagarla. Y más bochornoso es todavía que el gobierno se escude en justificar este incremento, alegando que es para financiar el sostenimiento de la justicia gratuita. Es una afirmación falaz y malintencionada. Pero a estas alturas no sé de qué me asombro.