Blog de Antonia Durán Ayago
Miscelánea
 
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Cataluña

Cuando no se es capaz de afrontar un problema, suele ocurrir que el problema crece. No desaparece, sino que se va haciendo más grande. Esto es lo que está pasando en Cataluña, desde mi humilde opinión de observadora que no vive en Cataluña, pero que la siente como parte de España, y de ahí también mi preocupación.

La cuestión es compleja y no creo que nadie a estas alturas baraje fórmulas mágicas para la resolución de un conflicto enquistado por la pasividad de unos y la terquedad de otros. Y me gustaría no ser pesimista pero con los actores políticos actuales no veo una solución. Y no hablo sólo de los que tienen responsabilidad de gobierno en Estado y Cataluña, respectivamente, también de los adláteres. Hemos llegado a un punto de enconamiento que va a ser difícil enderezar. Porque de un lado el gobierno popular ya ha dado sobradas señales de que su apuesta es judicializar el conflicto, lo cual siendo legítimo, no aporta solución alguna, antes bien, nos va llevando a un callejón en que cada vez la salida es más angosta. De otro, el gobierno catalán es reo de diferentes intereses según qué partido (la subsistencia uno, la búsqueda de la hegemonía otro) y ha demostrado de sobra que lo que menos le interesan son los catalanes. Ellos sabrán por qué.  En este escenario yo me pregunto quién defiende a los catalanes que se sienten españoles y que viven en un clima de opresión permanente.  Habrá que buscar responsabilidades de toda índole en la generación de esta especie de cruzada que no se sabe bien adónde lleva y donde han reclutado a muchos, que han sucumbido a los cantos de sirena de no se sabe bien qué ideales.

La cuestión es que mucha gente parece abducida. Y en esta tesitura sería bueno escucharlos. Sería bueno que nos dijeran a todos qué piensan, qué se les pasa por la cabeza  al hablar de autodeterminación, qué es  lo que entienden que se ha hecho mal para que exista ese desapego cuando no odio a lo que nos une. Habría que escuchar. No organizando pseudoreférendums sino apostando por un diálogo verdadero, en todos y cada uno de los ayuntamientos catalanes, a los que asistieran también catalanes que no piensan/sienten lo mismo. Sería una buena terapia colectiva. Falta diálogo. Falta escuchar para intentar comprender. Muchos problemas surgen de la falta de comunicación y este es uno de ellos. Una vez que tengamos claro que los políticos no van a resolver el problema porque no figura entre sus intereses, tendrán que ser los ciudadanos quienes tomen las riendas.

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Construyendo Universidad desde el compromiso

Todos los que seguís este blog habréis ido viendo que durante este último curso y los finales del pasado he estado centrada, junto con un buen número de profesores de la Facultad de Derecho de la USAL, en poner en marcha la Clínica Jurídica de Acción Social, cuya memoria de actividades presentamos ayer. Hace justo un año sólo había una idea, unos meses más tarde, tenemos resultados tangibles, tenemos experiencia acumulada, errores de lo que aprender y muchos desafíos por delante para seguir creciendo.

Debo reconocer que me siento muy orgullosa de poder trabajar en esta Facultad de Derecho, que no es donde me formé, es cierto, pero que se ha convertido ya en mi casa-máter de adopción. Me siento orgullosa porque hemos logrado un compromiso de 25 profesores y profesoras de 11 áreas diferentes cuyo trabajo ha hecho que todo sea más fácil. Me siento orgullosa por haber contado en este primer año con 24 alumnos y alumnas que se han implicado de forma encomiable en todas y cada una de las tareas que se les han encomendado, que rezumaban ilusión, que siempre estaban prestos a dar lo que se les pedía. Entre todos hemos comenzado a tejer relaciones con distintas organizaciones y entidades que han creído en el proyecto y que nos han acompañado en este primer curso: ATTAC Castilla y León, ASGECOCYL, Asociación Salamanca Memoria y Justicia, Asociación por Derechos Humanos de España, el abogado Eduardo Ranz, FEAPS Castilla y León, Cruz Roja de Salamanca, Zamora y Ávila, IES Lucía de Medrano de Salamanca, Colegio concertado S. Trinidad – Amor de Dios de Zamora y Colegio concertado Amor de Dios de Salamanca; el AMPA del Colegio Maristas de Salamanca; Inspectores del Cuerpo Nacional de Policía de la Comisaría Provincial de Salamanca… También ha colaborado con nosotros la Plataforma Stop Uranio, o la empresa Berkeley que nos recibió para dar respuesta a nuestros estudiantes para el informe que han realizado sobre la mina de uranio de Retortillo, o el alcalde de Villavieja de Yeltes que nos recibió junto con la Secretaría del Ayuntamiento y nos ilustró sobre el conflicto generado en la zona como consecuencia de la citada mina, o  Radio Oasis que nos invitó a su programa “No somos avestruces” para que les contáramos en qué consistía la Clínica. Y tantos otros. A todos muchas gracias, porque sin ellos nuestros estudiantes no podrían haber desarrollado su labor, no habrían aprendido lo que han aprendido ni podrían haber prestado su servicio.

Las Clínicas Jurídicas creemos en que otra Universidad es posible. Basada en el compromiso, en la responsabilidad social, en la formación desde los valores y el respeto a los derechos. Creemos que la transferencia de conocimientos de la Universidad a las organizaciones de carácter social es clave para desarrollar sinergias y contribuir a formar a BUENOS profesionales. Nuestro granito de arena hemos comenzado a aportarlo este curso y a partir de ahora, más y mejor. El curso que viene será asignatura optativa y la formación clínica quedará plasmada en los expedientes académicos de nuestros alumnos. Nuestro deseo es que cada vez sean más los interesados en formarse con nosotros. A ello apostaremos.

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Algunas reflexiones sobre la Proposición de Ley reguladora del derecho a la gestación por subrogación presentada por Ciudadanos

 El pasado 27 de junio (aunque en el documento por error figura el 27 de abril), el Grupo Parlamentario de Ciudadanos presentó en el Congreso su Proposición de Ley reguladora del derecho a la gestación por subrogación. De entrada hay que reconocer que este paso debe ser valorado de forma positiva pues da cauce a lo que muchos venimos demandando desde hace años, fundamentalmente por asociaciones como Gestación Subrogada en España o Son Nuestros Hijos.
La cuestión es que quizás por tan demandada y esperada, la Proposición presentada ha generado en quien esto escribe cierto desasosiego y también frustración, fundamentalmente porque contando con todos los elementos para hacerlo bien, Ciudadanos ha presentado una Proposición con errores importantes, con un lenguaje que dista en muchas ocasiones de ser jurídico, y con olvidos preocupantes.
Quiero aclarar primero que todo lo que escribo lo hago desde mi concepción de lo que debe ser una buena ley que regule el contrato de gestación por sustitución (no el derecho a la gestación por subrogación, que simplemente no existe) y, por tanto, también puede ser objeto de crítica. Mi objetivo es aportar en lo que pueda para mejorar un texto que considero manifiestamente mejorable como a continuación detallaré.

La gestación por sustitución no es un derecho

Lo primero que llama la atención es el título de la Proposición de Ley. No sé en qué momento Ciudadanos ha concebido que lo que se trata de regular es un derecho, el de la gestación por subrogación. Si se trata de un derecho, qué naturaleza tiene, ¿fundamental? Porque si así fuera debería regularse por Ley Orgánica… La cuestión es que insisten en que se trata de un derecho en el artículo 1 redactado en los siguientes términos: “La presente Ley tiene por objeto regular el derecho de las personas a la gestación por subrogación, entendiendo por tal, el que les asiste a los progenitores subrogantes a gestar, por la intermediación de otra, para constituir una familia, y a las gestantes subrogadas, a facilitar la gestación a favor de los subrogantes, todo ello en condiciones de libertad, igualdad, dignidad y ausencia de lucro, expresivas de la más intensa solidaridad entre personas libres e iguales”. Es este un error de partida importante. La gestación por sustitución (en adelante, GS) no es un derecho, ni para los comitentes ni para la gestante. No es un derecho para los comitentes, aunque la GS está categorizada como una de las técnicas de reproducción asistida a la que es posible tener acceso en función de la regulación que se dé en un determinado ordenamiento jurídico. Hablamos de derechos reproductivos y dentro de ellos del derecho a procrear (que no derecho a ser padre/madre en la medida en que no se puede garantizar la existencia de un hijo). Por tanto, cuando hablamos de la GS de lo que tratamos es de una técnica que podría utilizarse (si así se posibilita legalmente) únicamente como solución excepcional, cuando bien no sea posible gestar por esterilidad estructural (caso de las parejas de varones/ o varón solo) o en el caso de parejas heterosexuales porque no sea posible ni la inseminación artificial ni la fecundación in vitro. Repárese que una cosa es que no sea posible y otra bien distinta que estas técnicas no hayan dado resultado. O lo que es lo mismo, sólo podría a mi juicio recurrirse a la GS cuando la mujer tuviera problemas médicos que le impidiesen gestar (o simplemente no existiese mujer por tratarse de pareja de varones o varón sólo). Esto no queda claro en la PL, puesto que en el artículo 8 al hablar de los requisitos del progenitor o progenitores subrogantes, se dice que podrá serlo “toda persona que tras haber agotado o ser incompatible con otras técnicas de reproducción humana asistida…”. Sí queda claro que al menos uno de los miembros de la pareja o el comitente solo debe aportar su material genético lo que es acertado. No es un derecho para la gestante, a diferencia de lo que se sostiene en el art. 6, como tampoco existe el derecho a donar óvulos o semen. Es esta una confusión importante que deberían clarificar cuanto antes.

Exposición de motivos y fundamentación: ¿dónde quedó la voluntad procreacional?

Partiendo de esta idea, el planteamiento de la PL es errado. Repárese cómo está redactada la Exposición de motivos. Parece más propaganda que justificación de un recurso que por lo delicado debe tratarse con exquisito cuidado. La libertad no justifica la GS, por mucho que se empeñe en repetirlo Ciudadanos. La GS nace de una necesidad (el deseo de ser padre/madre y no poderlo conseguir por medios propios) y la posibilidad que existe de conseguirlo a través de las técnicas de reproducción asistida. Como se requiere que para conseguir ser padre/madre a través de GS haya que recurrir a la intervención de un tercero (mujer gestante) todo debe girar en torno a que esa mujer lo haga con conocimiento absoluto de lo que hace (consentimiento informado), que ese consentimiento se haya obtenido de forma libre, sin contraprestación y una vez que un equipo multidisciplinar haya acreditado que esa mujer reúne los requisitos para poder ser gestante para otro/s. Es acertado, por tanto, exigir que la mujer gestante haya dado a luz a al menos un hijo y que no pueda gestar para otro/s en más de dos ocasiones. De esa manera se evita el desconocimiento y la “profesionalización” de la técnica.

Por otro lado, en la Exposición de motivos debería haberse argumentado en torno al principio de la voluntad procreacional que es el que fundamenta la GS y nada se dice al respecto, ni siquiera en el artículo 2 que es donde se alude a los principios rectores. Se dicen en cambio cosas que preocupan como que “[e]l Derecho de familia ha tenido siempre un trasfondo pragmático traducido en garantizar la procreación, sin la cual no sólo la propia familia, sino la especie humana se extinguiría”, lo que me suscita importantes dudas, tanto por los adjetivos utilizados “pragmático”, como por la deducción de que sólo hay familia si hay reproducción. Esto está más cerca de la concepción del matrimonio canónico orientado a la procreación que de lo que verdaderamente es o son los diversos tipos de familia. Es otra de las circunstancias que denota la poca calidad técnica del texto.

Otra de las cuestiones que me preocupa es que dentro del artículo 2 al hablar de los principios rectores se aluda al fomento de la natalidad. Por mucho que poder recurrir a la GS pueda suponer un aumento de la natalidad, ni por asomo debería figurar este objetivo en lo que son principios rectores. Trasluce una falta absoluta de delicadeza sobre el tema.

Terminología incorrecta y definiciones confusas

El artículo 3 está dedicado a las definiciones y es otra de las fallas del texto. Primero porque la terminología “gestación por subrogación” no es correcta. Nadie se subroga, sino que una mujer sustituye a otra que no puede gestar o que no existe (en parejas de varones o varón solo). El término jurídicamente correcto es el que está ya en la Ley de técnicas de reproducción humana asistida, gestación por sustitución. Tampoco es correcta la terminología de progenitores subrogantes; es preferible hablar de comitentes o progenitores intencionales.
Del contrato de gestación por sustitución se dice que es el “documento público por el que una persona o una pareja, formada por individuos de igual o diferente sexo y una mujer, acuerdan que esta será la gestante por subrogación, en los términos establecidos por la Ley”. Se habla de documento público puesto que según consta en el artículo 9 deberá ser otorgado ante notario.

Falta intervención judicial, fundamental para garantizar el respeto a los intereses y derechos (del menor a que su filiación quede acreditada desde su nacimiento) de todas las partes

A mi juicio, si en vez del notario, el procedimiento fuera similar al que se sigue para el resto de técnicas de reproducción asistida, habría más visos de que todo transcurriera de forma adecuada. Si la mujer gestante debe estar inscrita en un Registro nacional de GS, para las clínicas sería sencillo poder actuar como intermediarias para poner en relación a los comitentes con la gestante. El contrato sería un modelo tipo visado por el ministerio competente de manera que ese acuerdo para ser lícito debería ser autorizado judicialmente antes de ser autorizada la técnica. En él debería constar tanto la idoneidad de la mujer gestante (certificado de estar inscrita el registro GS como gestante que llevaría implícito el disponer de buena salud física y psíquica y que debería actualizarse anualmente y en el momento de la autorización judicial), certificado de idoneidad para ser comitentes (a imagen y semejanza del estudio que se realiza en CCAA para el certificado de idoneidad para adopción), certificado médico que acredite imposibilidad de gestar de los comitentes y certificado médico que acredite que al menos uno de los miembros de la pareja comitente o el comitente aporta su material genético). Desde el momento en que se realiza la homologación del acuerdo de GS hay una transferencia de la parentalidad del hijo que nazca de ese acuerdo a los progenitores intencionales.

No obstante, debe quedar claro que a la gestante le asisten unos derechos personalísimos como la autonomía sobre su propio cuerpo, su libertad personal, privacidad, integridad física, seguridad o autonomía y que tiene el poder absoluto para abortar. Tanto si lo hace conforme a los supuestos contemplados en la ley vigente de interrupción del embarazo como si lo hace por decisión propia. En este último caso, deberá retornar las cantidades que se le hayan abonado como compensación por el embarazo e incluso es posible plantearse una indemnización para los comitentes por el daño moral, lo que no obstante habría que debatir. Esta cuestión no queda clara en la PL.

Determinación de la filiación y alusión al derecho a conocer los orígenes

La redacción de los artículos relacionados con la filiación de los niños nacidos por GS es también manifiestamente mejorable. La única fórmula para que no haya dudas acerca de la filiación intencional de los comitentes es haciendo que el juez intervenga homologando el acuerdo entre gestante y comitentes que insisto debería realizarse sin necesidad de intervención notarial, sino visado por la clínica donde se vaya a realizar el proceso. Es inexplicable la ausencia de autoridad judicial en este proceso y uno de los puntos más débiles de la PL.
Un olvido importante es no haber hecho referencia al derecho del nacido por GS a conocer sus orígenes una vez que alcance la mayoría de edad, pudiendo usar la misma regulación que se usa para la adopción.

Turismo reproductivo

Hay que tener en cuenta que si se pretende evitar el turismo reproductivo, la PL en su formulación no lo evita, dado que tanto para la gestante como para los comitentes se alude a que sean españoles o residentes legales en España. No se entiende la alusión a la nacionalidad española y respecto de la residencia legal, creo que sería mejor exigir un tiempo de residencia ininterrumpida en España de al menos tres años para evitar caer en la determinación de qué autorización de residencia de las múltiples que existen sería válida.

Valoración final

Estas son algunas de las dudas que se me plantean acerca de la PL. Las hago públicas en la idea de que el texto pueda mejorarse. En todo caso, también digo que la forma en que el Grupo Parlamentario de Ciudadanos ha presentado la propuesta, poco trabajada a mi juicio, no hace presagiar nada bueno. La GS es algo tan delicado que antes de dar el paso deberían haberse asesorado. Más teniendo en cuenta que no se trata de una cuestión pacífica ni en los propios partidos políticos. La mesura y templanza son mejores consejeras que cualquier otro afán.

En resumen, del triángulo que se plantea en toda GS, hay que tener claro que no todos los intereses están al mismo nivel. En la cúspide debe estar el interés superior del niño que pueda nacer a través de GS y eso solo puede hacerse dando entrada a la intervención judicial; inmediatamente después están los intereses de la gestante, exigiendo una regulación mucho más detallada, respetuosa y garantista de la que se hace en la PL y por último está el interés de los comitentes. Es verdad que todo surge por la voluntad procreacional de estos, pero como deben recurrir a un tercero (gestante) sus intereses nunca pueden prevalecer sobre los de la mujer gestante. En fin. Veremos en qué queda todo.

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Orgullo

Al buscar la definición de “orgullo” en el diccionario de la Real Academia de la Lengua me he percatado de que hay otra acepción de orgullo, el que hoy mundialmente se celebra, que no está recogida en el diccionario. La RAE lo define como “arrogancia, vanidad, exceso de estimación propia, que a veces es disimulable por nacer de causas nobles y virtuosas”. Sin embargo, el Orgullo LGTBI es otra cosa. Otro tipo de orgullo, sin duda. El que se reivindica como autoafirmación de lo que uno es; el que busca la aceptación plena de la orientación sexual; el que demanda el respeto ante la diversidad; el que se vanagloria de ser lo que es; el que ha conseguido que tras muchos años de lucha, con la entrega de muchos valientes, hoy vivamos en sociedades libres, que han integrado la diversidad en las formas de vida y han posibilitado en muchos Estados (no en todos aún, desgraciadamente) que el Derecho respalde la realidad plural en que vivimos.

En el calendario de las efemérides, desde luego ésta debe brillar con luz propia. Cada uno celebrará el orgullo a su manera; los habrá que se suban a las carrozas y los habrá quienes desde su espacio más privado también lo reivindiquen. Pero hay algo que creo que compartimos todos y es que hoy es un día para celebrar quiénes somos, en qué nos hemos convertido y el orgullo que poseemos de sabernos dentro de una sociedad que no sólo reconoce la diferencia, sino que ha terminado integrándola con normalidad.

La afirmación, la autoafirmación es la clave del orgullo. Por eso, a quienes se sienten oprimidos, o les pesa aún quiénes son porque no son capaces de reconocerse en su identidad, hay que animarlos a que den el paso y celebren su esencia. No hay nada malo en amar. Da igual a quien se ame. Lo importante es avanzar en el desarrollo personal, porque sólo así puede aportarse al desarrollo colectivo. Así que sí, hoy más que nunca, reivindiquemos nuestro Orgullo.

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Visión humanista del Derecho Internacional Privado: breve desarrollo

 

Hace ya algunos años, cuando presenté mi primer proyecto docente e investigador, quise desarrollar la idea que titula este post. Hablar de una visión humanista del Derecho internacional privado suponía entonces, como sigue suponiendo ahora, algo arriesgado. No por  el planteamiento en sí, sino por el presuntamente corto recorrido. Sin embargo, con el paso de los años, se han ido añadiendo elementos a ese planteamiento inicial hasta el punto que ahora me atrevería hablar no sólo de una visión humanista, sino también sociabilizadora del DIPr. Dos elementos conforman, con carácter principal, esta visión. De un lado, supone reivindicar el elemento privatista dentro de esta disciplina, y de otro, implica poner de relieve su dimensión plural y relacional. La función principal del DIPr consiste en aportar soluciones justas ante elementos heterogéneos. Cuando en una relación privada, está presente el componente de extranjería que supone de entrada vincular esa relación con varios ordenamientos jurídicos, el DIPr actúa como árbitro que ordena y decide qué ordenamiento tendrá voz para decidir según qué cuestión dentro de esa relación. Por ello, tiene una vocación sociabilizadora pues pone en relación distintos conceptos de justicia y no sólo, también decide qué elementos han de darse en una decisión para que la misma pueda tener eficacia más allá del territorio donde se ha dictado.

En esta óptica del DIPr, hay que tener en cuenta, de un lado, el pluralismo y, en concreto, una de sus manifestaciones, el multiculturalismo y, de otro, la globalización económica o mercantilización. Ambos son complementados y potentados por el auge y desarrollo de la sociedad de la información, que ha posibilitado, según algunos, la creación de una aldea global en la que todo es accesible sin necesidad de desplazamiento (conocimiento, cultura, información), e incluso el comercio ha encontrado nuevos medios que explorar y en los que desarrollarse, además de idear nuevas fórmulas de trabajo.

La multiculturalidad, en tanto fenómeno que hace referencia a la convivencia de diversas culturas en un  mismo territorio[1], debe afrontarse desde el respeto al Derecho y a la cultura del otro, no aplicando sistemáticamente la cláusula de excepción del orden público internacional, por considerar que nuestro Derecho es de mayor categoría que otros, sino respetando la identidad cultural que, en definitiva, supone el respeto a la dignidad humana, y entendiendo el elemento de diversidad no como un síntoma de conflicto sino como manifestación de enriquecimiento. Por ello, el DIPr debe indagar en fórmulas interculturales que integren y no separen, que respeten y no que minusvaloren sistemáticamente el Derecho del otro. Por eso, para llevar a cabo esta labor, es muy importante el conocimiento del otro (alteridad) a través de un diálogo continuo para el que la norma de conflicto puede constituir un buen escenario, porque para respetar al otro, primero hay que conocerlo. Lo que, por otro lado, no debiera presentar grandes esfuerzos, dado que ese otro al que podemos denominar, en muchos casos, Islam se encuentra en el corazón mismo de Europa, aunque al “hombre occidental”, como apuntaba Antonio Machado, le cueste aceptarlo[2]. Parece necesario desembarazarse del prejuicio, de la estigmatización, de la simplificación que quiere hacer del otro la imagen previa de cuya negación se derive la propia afirmación, evitando así el paso que del conocimiento lleva al reconocimiento[3].

Desde otro ángulo, constatemos una realidad evidente: el comercio internacional domina hoy el mundo. Los poderes políticos, de alguna manera, se han visto superados por la fuerza del capital. Un capital, además, que hace ricos y empobrece sin más límites que los intereses de las multinacionales que lo controlan. A esto es necesario poner freno. La globalización no puede ni debe consistir en esto. Es necesario proporcionar respuestas adecuadas a la situación mundial, y para ello es necesario apostar por una mejor distribución de la riqueza. Aunque estas palabras pronunciadas aquí y ahora, en los albores del siglo XXI, suenen más a utopía que en tiempos pasados. La consagración de una situación internacional como la que vivimos, con esa inmensa fractura entre ricos y pobres, que se acrecienta más a medida que el tiempo pasa, no tiene por qué permanecer ajena a las críticas. Ciertamente, otro mundo debiera ser posible. Hoy más que nunca, aunque hoy cueste más denunciarlo que hace unos años.


[1] Según Lucas Martín, F. J. de, «La(s) sociedad(es) multicultural(es) y los conflictos políticos y jurídicos», en Lucas Martín, F. J. de, La multiculturalidad, Cuadernos de Derecho Judicial VI-2001, págs. 62 y ss., multiculturalidad e interculturalidad no son conceptos sinónimos. Mientras la multiculturalidad es un fenómeno social que se caracteriza por la presencia en un mismo espacio de soberanía de grupos que se reclaman de diferentes identidades, la interculturalidad, en cambio, constituiría una de las respuestas normativas a esa realidad plural que supone la existencia de multiculturalidad. No se sitúa, por tanto, en el plano de los hechos, sino en el de los ideales, valores o principios, en el plano normativo. Para el Convenio de la UNESCO sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, hecho en París el 20 de octubre de 2005, y del que es parte España, por interculturalidad debe entenderse la presencia e interacción equitativa de diversas culturas y la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas, adquiridas por medio del diálogo y de una actitud de respeto mutuo.

[2] Machado, A., Nuevas canciones y primer cancionero apócrifo (1917-1930), “Hombre occidental, / Tu miedo al oriente, ¿es miedo / a  dormir o a despertar?

[3] Lucas Martín, J. de, «Europas: culturas, identidades, reconocimiento», Cursos de Derecho internacional y relaciones internacionales de Vitoria-Gastéiz, Tecnos, 2000, pág. 28; Id., «Identidad y Constitución Europea. ¿Es la identidad cultural europea la clave del proyecto europeo?», Revista Pasajes, núm. 13, 2004, pág. 21.

 

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Gajes del oficio

Concluye una semana que no ha sido nada fácil. Hay veces en que parece que todo se conjura para ponerse de cara.  Cuando esto sucede, ya vamos teniendo años y hemos ido aprendiendo por el camino, no hay fórmulas mágicas, sólo trabajo, trabajo y trabajo. Hay que seguir pedaleando, porque de lo contrario, ya sabemos qué pasaría. Y poco más que añadir. Hoy ni las palabras ni los pensamientos salen con la fluidez con  que debieran.

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Excelencia universitaria

Desde hace ya algún tiempo el concepto de excelencia universitaria se viene utilizando al antojo de intereses de diversa índole, por actores también diferentes con el objetivo de apelar a no se sabe muy bien qué realidad que escapa a la postre de la realidad misma.
Como estamos en la era de los rankings, los equipos de gobierno de las universidades se afanan por situar a sus universidades en lo más alto, a costa siempre del trabajo del profesorado, claro, porque no olvidemos que desde hace años, en la universidad pública española todo se hace a coste cero. Se exige cada vez más, a cambio de cada vez menos.
Sin embargo, la excelencia universitaria no hay que buscarla en los rankings, ni en los grandes números, ni en los majestuosos edificios que se construyen aunque luego no haya nadie para ocuparlos, la excelencia hay que buscarla en las personas que trabajan por y para la universidad.
Me atrevería a decir que el profesorado universitario de hoy es el más evaluado de todos los tiempos. Estamos siempre siendo sometidos a continuas evaluaciones en la docencia, en la investigación. Se nos exige que nos impliquemos en la gestión de los centros, que hagamos estancias dilatadas en centros de investigación extranjeros de reconocido prestigio. Que publiquemos en las revistas de alto impacto controladas en muchos casos por grupos que no ponen fácil al que es de fuera publicar. Los profesores preparamos nuestras clases, leemos, enseñamos, investigamos, publicamos y en algunos casos, también llevamos a cabo actividades de gestión aunque no siempre estén reconocidas.
Para llegar a ser titular de universidad hoy en día, salvo excepciones propiciadas por políticas arbitrarias de alguna universidad cuyo nombre no quiero citar, se superan los cuarenta años, y en muchos casos se cuentan con más sexenios que los que han tenido nunca los catedráticos de antaño.
Pero el problema no sólo es que desde 2011 la promoción de plazas a cuerpos docentes esté prácticamente paralizada, es que se impide que se contrate a gente joven, excelente, con vocación universitaria, que acaba su tesis y no tiene más remedio que buscar amparo en las universidades privadas, llevándose de esta manera estas universidades un capital humano excepcional que precisamos en las universidades públicas.
Cuando se habla de excelencia por parte de las autoridades, tanto políticas como académicas, deberían sonrojarse. Sí, porque difícilmente puede haber excelencia en un espacio angosto, de financiación deficitaria en donde solo importa lo superficial, y no lo verdaderamente relevante. Para que una universidad funcione adecuadamente todos sus miembros deben encontrarse cómodos y ser reconocidos en su trabajo. Si quien pilota el barco no sólo no reconoce el trabajo del profesorado sino que lanza consignas hirientes como que los contratados fijos con acreditación a titular, por ejemplo, una vez que conseguimos la acreditación no hacemos nada, apaga y vámonos.
En fin, creo que en la universidad española hay excelencia. La excelencia que da la vocación universitaria, el trabajo constante, y el creer y disfrutar en lo que uno hace. Somos muchos los que contribuimos a ella aunque no se nos reconozca. Que no busquen en los rankings. No todo es tangible.

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Zona de confort

Podríamos definir la zona de confort como el espacio en que nos sentimos seguros, que controlamos sin demasiado esfuerzo, donde todo transcurre según lo previsto, en donde la inercia va marcando el rumbo de nuestro destino. La zona de confort es, en definitiva, un lugar donde siempre en algún momento de nuestra vida hemos deseado estar.

Cuando se habla de salir de nuestra zona de confort se alude a romper la monotonía, a atreverse a conocer experiencias nuevas, a reinventarse si es preciso para ver la vida con fuerzas renovadas y a encarar al destino con ganas y resolución, sin demasiados miedos, con la frente alta, haciendo acopio de fuerzas para superarse a uno mismo.

Creo que sería bueno que intentáramos a lo largo de cada año de nuestras vidas, salir, aunque sea un poco, de esa zona de confort que nos hemos construido, llevando a cabo alguna acción o comportamiento que nos hiciera crecer interiormente.

Como se aproxima el comienzo de un nuevo año en mi vida, hoy he decidido salir de mi zona de confort escribiendo poesía. En realidad, supone volver a mi pasado porque hubo un tiempo que era eso lo que escribía. Dedicada a todos vosotros que me leéis:

 

Construyamos la utopía.

Pensemos que se puede.

Cambiar inercias que destruyen.

Buscar anhelos nuevos o renovados.

Saquémosle el jugo a la vida.

Ahora. No procrastinemos.

Ya llegarán los que quieran frenarnos.

No les dejemos. Avancemos.

El horizonte no está lejos.

Las metas son asumibles.

Pero tengamos metas.

Que no nos pueda el miedo.

Atrevámonos a soñar.

Desterremos la apatía de nuestras vidas.

Tomemos conciencia de quiénes somos.

Avancemos. Construyamos juntos la utopía.

Pensemos que se puede.

Hagamos que se pueda.

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Buscando al PSOE

Cronistas habrá más versados que escriban sobre si lo que sucedió ayer supone o no un revulsivo para el PSOE. Desde mi humilde opinión, o Sánchez se rodea de un equipo sólido y solvente de colaboradores que le aconsejen con precisión los pasos a dar, o el PSOE está destinado a ser un partido irrelevante. No tengo ninguna confianza en Pedro Sánchez. En su anterior etapa brilló por una falta absoluta de criterio. Recuérdese el pacto con Ciudadanos sin que hasta el momento haya explicado mínimamente qué pretendía con él. Quizás, en su defensa, podría argumentarse que estaba sometido a los barones que son los que de alguna manera lo habían colocado en el cargo (eso dicen las crónicas que desentrañan las tripas de este partido), pero si así fuera serían excusas de mal perdedor. Pues no otra cosa denotaría sino la falta de criterio.

De lo que no cabe ninguna duda es que el plan orquestado por los denominados barones para derrocarlo, se ha convertido en su principal baza para sobrevivir. Seguramente muchos militantes bienintencionados han querido ver en él una forma de castigar esa jugada, pero lo cierto es que el mal que aqueja al partido no lo va eliminar Pedro Sánchez. La crisis existencial por la que atraviesa este partido requiere de una conferencia política muy seria en que se traten temas que interesan a los ciudadanos y sobre los que el PSOE en los últimos años ha pasado de puntillas. Y debe ser valiente para afrontar su renovación, pero Sánchez debe elegir bien quiénes van a ser sus acompañantes en esta tarea hercúlea. El que esté muy próximo a él Pérez Tapias ofrece cierta tranquilidad. Pero no toda. El pésimo equipo que lo acompañó en su anterior singladura no da pie a demasiada confianza.

Pero llegados a este punto mi duda es si realmente están en juego dos ideas de lo que debe ser el socialismo hoy en día, o simplemente lo que ha habido es una contienda de egos, sin fondo alguno. Susana Díaz demandando un PSOE reconocible y Pedro Sánchez abogando por un partido con coherencia. Tengo la sensación de que el giro a la izquierda que al menos de cara a la galería Pedro Sánchez pretende dar al PSOE no convence a buena parte de los dirigentes territoriales. La cuestión es saber qué demanda el electorado del PSOE. La imagen de marca del PSOE se ha visto devaluada hasta tal extremo que o logran construir un relato coherente, con empatía hacia los problemas sociales, y que se diferencie de Podemos, o la cosa pinta mal. Ni Sánchez ni Díaz me parecen la solución del PSOE. Lo dije hace tiempo. Lo que necesita el partido es una ejecutiva de cabezas bien amuebladas que sean capaces de sacarlo del ostracismo. En conclusión, creo que no hay que poner la vista en Pedro Sánchez, pues dista mucho de ser el mejor líder, la clave estará en el equipo que pueda o sepa conformar. Si siguen primando las cuotas territoriales en vez de las personas para configurar una ejecutiva sólida, se seguirá agonizando. Veremos a ver qué pasa.

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Disidencia y desobediencia civil

Decía Huxley, en “Un mundo feliz”, que cuando un individuo piensa, la sociedad se tambalea. Y yo añado que cuando muchos lo hacen, la sociedad avanza. Cuestionar el status quo no sólo no es malo sino que es necesario. Vivimos en una democracia representativa en que es el poder legislativo quien tiene atribuida la potestad para hacer leyes. Los ciudadanos estamos obligados a cumplir sus mandatos, a respetarlas. Pero si entendemos que una ley es injusta, que va contra los derechos humanos, en definitiva, que no es legítima, contamos con un instrumento poderoso que es la desobediencia civil. Les invito a leer el artículo de Javier de Lucas “Desobediencia civil y ciudadanía“. En él se plasma de forma magistral esta idea. Una verdadera democracia exige ciudadanos críticos que estén atentos ante las injusticias y que se atrevan a protestar, por más que se elaboren leyes orientadas a cercenar también este derecho. La desobediencia civil debe ser consciente, pública, pacífica y no violenta. Su objetivo es poner de manifiesto al legislador su error al legislar de una determinada manera, pero se hace dentro del contexto democrático. En realidad, como sostiene Habermas, se trata de una válvula de seguridad del sistema político por servir de cauce para manifestar el disenso ante políticas que se perciben como opresoras o restrictivas de derechos. Otra cosa es que nos movamos en contextos no democráticos en donde aflora entonces el derecho de resistencia.

La desobediencia civil no es sólo legítima sino necesaria. Si no hubiéramos tenido este mecanismo para protestar, por ejemplo, contra los desahucios suicidas provocados por una ley hipotecaria y de enjuiciamiento civil pensada para el más fuerte económicamente qué hubiera pasado. Probablemente que no se hubiera visibilizado el drama humano y el contexto jurídico (poder judicial, legislativo y a la fuerza el ejecutivo) no se hubiera movilizado para atender la necesidad de cambio en estas leyes.

La protesta organizada, con argumentos basados en la defensa de los derechos humanos, como motor de cambio del establishment, no sólo es necesaria sino legítima. Una sociedad que se levanta contra la injusticia es una sociedad viva, con conciencia de ciudadanía cívica, en que la ética está presente. Para que eso suceda necesitamos una sociedad culta, sabedora de su fuerza y de sus derechos. Y ojo con la deriva que están tomando muchas leyes en los últimos años, cercenadoras de derechos fundamentales. Y ojo también con callarse. Si no nos rebelamos ante las injusticias la injusticia se convertirá en derecho del más fuerte y entonces la democracia habrá comenzado a desintegrarse.

 

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