La monarquía parlamentaria es la forma de gobierno de nuestro país. Pretender ahora cambiarla con un simple referéndum supone ignorar el ordenamiento jurídico español. Para cambiarla es preciso antes cambiar la Constitución y eso sólo es posible si se da la correlación de fuerzas suficiente para poder hacerlo. Esto último, que era una de las garantías básicas de la monarquía en España, en las últimas elecciones ha comenzado a cambiar y, de ahí, quizás, el nerviosismo del rey, en esta huida precipitada. Pues no de otra forma cabe calificar su abdicación. Si lo hubiera hecho cuando los casos de corrupción comenzaron a emerger en la corona, quizás su lectura sería otra. Entonces se podría argumentar sobre su sentido de la responsabilidad y su saber haberse ido a tiempo. Al contrario, aguantó imprimiendo un carácter decadente a un Estado que cabalgaba también entre el desasosiego y la búsqueda de referentes que ya no encontraba en las más altas instituciones del Estado. Irse ahora supone dejar a su hijo a los pies de los caballos. Con una institución muy desprestigiada y con un futuro electoral incierto, en el que es posible que una mayoría suficiente republicana se abra paso en el parlamento. Si así fuera, lo lógico sería cambiar la forma de gobierno hacia una república, y consolidar de este modo la transición que, no olvidemos, aún está del todo por hacer, porque la corona y en concreto la figura del todavía rey no fue más que una imposición póstuma del caudillo.

Las elecciones europeas celebradas ayer dejan muchos y sustanciosos titulares. El más preocupante, que los partidos ultraderechistas, que han hecho de la xenofobia y el populismo su estandarte han ganado un poder nada desdeñable. 100 eurodiputados de 751 no es cualquier cifra. Desde luego, se trata de un fracaso del resto de fuerzas políticas que no han sabido trasladar un mensaje adecuado. Que en Francia haya ganado en número de votos el partido de Le Pen, da una idea de la situación complicada por la que estamos pasando. O se pone atención al problema, que viene de lejos, y que al parecer nada se quiere o se sabe hacer contra él, o de aquí a poco nos encontramos otra vez con una Europa al borde del fracaso, en el que el miedo y el odio al extranjero, venga de donde venga, será una realidad que nos sumirá en el desasosiego.
Afortudamente en España, los titulares son otros. En España, los indignados han ganado al bipartidismo. Habiendo existido una alta abstención, ésta no ha sido tan alta como la que algunos vaticinaban. Y tampoco ninguna encuesta acertó la caída tan espectacular que han experimentado tanto PP como PSOE, de los cuales, sólo éste último ha reconocido el fracaso sin paliativos que le han supuesto estas elecciones. El PP, haciendo gala de lo que es, reconocía estar contentísimo por haber ganado las elecciones con 16 eurodiputados, pese a haber perdido 8; aunque esta alegría, no se correspondió con ninguna celebración en el balcón de Génova, quizás porque nadie los acompañó. Ha subido IU, también UPyD, pero sin duda, la noticia es PODEMOS y la entrada con un europarlamentario de la Coalición Primavera Europea. Algo se mueve en España y ojalá sea para bien. Necesitamos otra manera de hacer política. Necesitamos gente que vea en la política una herramienta para poner solución a los problemas y no quienes la consideren un trampolín para hacer acopio de prebendas. Durante mucho tiempo en España se han alternado en el poder dos partidos que, a la vista está, no han sabido estar a la altura de las circunstancias. Las noticias constantes de corrupción mientras el país pasa por una grave crisis se ha traducido en un hartazgo ciudadano de los partidos tradicionales, aunque ni mucho menos ese hartazgo afecta a la política. Afortunadamente han surgido nuevos movimientos que pueden captar y capitalizar la voluntad ciudadana. Ojalá sepan hacerlo adecuadamente. Ojalá esto suponga un cambio en la manera de hacer política también en España. Política desde los ciudadanos y para los ciudadanos.

Probablemente todos en alguna ocasión hayamos sentido la necesidad de olvidar y también en ocasiones de que nos olviden. El olvido no hace tanto estaba muy localizado y circunscrito a los sentimientos personales, pero desde que emergió la sociedad red, desde que las redes sociales desplazaron y/o complementaron a las relaciones sociales/personales ese derecho a olvidar, si es que así formulado, existe, se hace cada vez más complejo. Ayer, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaba una sentencia muy significativa, puesto que viene a reconocer que el derecho que tiene una persona a olvidar y a que se le olvide también debe ser garantizado en internet. Los datos personales, todos, le pertenecen a la persona, y como tales son disponibles por ella. Los gestores de datos están obligados a respetar la voluntad de esa persona y hacer, en la medida que de ellos dependa, que los datos personales que una persona quiera olvidar no persistan de forma perenne en la red. Porque eso haría que su privacidad se viera vulnerada y porque a la postre sería admitir que internet tiene poder para erigirse en un alter ego capaz de contribuir a perpetuar una imagen personal de uno que ya no se corresponde con la actual.
La sociedad red, de la que hablaba Manuel Castells, ha supuesto un cambio tan radical en la manera de relacionarnos; ha cambiado todo tanto en tan poco tiempo, que sólo poco a poco estamos descubriendo los riesgos que encierran todas las potencialidades que también lleva consigo esta consquista reafirmada y desarrollada en el siglo XXI. Tranquiliza saber que los gigantes informáticos, por muy poderosos que sean, no tienen el poder de suplantar lo humano. Aunque no nos confiemos.

Hace muchos, muchos años, cuando estudiaba en el Instituto recuerdo que a veces nos reuníamos en casa de mi amiga Susana para ver películas que luego comentábamos o simplemente para charlar. ¡Qué buenos tiempos aquellos, y cuántos recuerdos! En uno de esos encuentros vi por primera vez la película “El club de los poetas muertos”, que me marcó para siempre. Me encandiló la energía del profesor Keating, magníficamente interpretado por Robin Williams, y la amistad entrañable y la camaradería que existía entre los alumnos de la exigente academia Welton. Fue entonces cuando empecé a leer a Walt Whitman, y fue entonces cuando se me grabó a fuego ese lema del Carpe Diem que este inusual profesor quiso inocular a sus alumnos.
No tengo nada del Pfr. Keating, ya quisiera, pero el pasado sábado tuve la posibilidad de dirigirme a los alumnos de la primera promoción de Graduados en Derecho de la Universidad de Salamanca, y frente al pesimismo que ahora mismo impera, quise trasmitirles energía positiva, confianza en ellos mismos y les animé a que pusieran en práctica el Carpe Diem. Probablemnte no hiciera falta, porque los jóvenes saben aprovechar al máximo la vida, sacarle todo su jugo, pero a mí me pareció idónea la posibilidad de reivindicar el optimismo ante tanto pesimismo. Aquí les dejo el discurso que les leí (Graduación 26-4-2014). Espero con todas mis fuerzas que la vida les permita demostrar lo que valen. Enhorabuena otra vez, queridos alumnos, y lo dicho, CARPE DIEM!

Impartir justicia es uno de los oficios más delicados y sensibles que existen. En la mano de los jueces está que los derechos de todos los ciudadanos se respeten. La justicia es, en buena medida, garante de la paz social, porque la restituye cuando se ha fracturado o su mera existencia actúa como apuntalamiento de esa paz. No es bueno, por tanto, que quienes tienen encomendada esta función, la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, se conviertan en protagonistas. Nunca me han gustado los jueces que gozan de la notoriedad pública que dan los medios de comunicación. Aquellos que se pasean por los platós de televisión, o conceden por doquier entrevistas. Tampoco los que utilizan casos que han estado bajo su jurisdicción como plataforma para el lanzamiento político. La justicia es algo serio, y no se puede utilizar o usar ni como trampolín ni como tapadera. Es muy legítimo que un juez se dé cuenta de que realmente sus aspiraciones no son las de impartir justicia, sino la de dedicarse a la cosa pública desde otra perspectiva, como la política, pero no mezclemos ambas, porque entonces estamos contribuyendo al descrédito de la justicia.
Un juez no puede correr el riesgo de creerse por encima de la ley. Está para aplicar la ley y debe actuar sometido a ella. Un exceso de celo, un querer hacer “justicia” sin respetar los procedimientos legales puede perjudicar tanto el caso que se está enjuciando, como a la propia justicia como institución. No contribuyamos también a que la justicia sea otra institución más teñida por la sospecha.

Son ya demasiados palos de ciego los que ha ido dando Gallardón. Primero quiso privatizar los Registros, otorgando su gestión a los Registradores de la Propiedad. Parece que esa peregrina idea no prosperará, no porque el Ministro no lo deseara, sino porque al parecer desde el colectivo que iba a ser agraciado se exigía demasiado. Después vino el sonoro golpe al Estado de Derecho con la abolición de la justicia universal, antes precedido, es cierto, por la famosa ley de tasas judiciales. Ahora llega otro proyecto estrella: modificar por completo la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985. Tenía claro Gallardón, cuando llegó al Ministerio, que la consigna era dejar su impronta, no fuera que no tuviera más oportunidades de marcar con su sello el devenir de los españoles. Repárese que aunque he citado sólo algunas de sus iniciativas, no he citado una de las más polémicas: la proyectada ley del aborto… Sí, está claro, que Gallardón quiere pasar a la historia como el Ministro de Justicia que puso a la justicia al servicio del poder y la alejó de los ciudadanos. Porque en ese largo anteproyecto de Ley se dicen cosas que no están en la línea de lo que debería ser una justicia del siglo XXI. No parece que aumentar los aforamientos sea algo necesario, más en los tiempos que corren. Tampoco parece que con la consigna de combatir a los jueces estrellas, y en aras de la seguridad jurídica se otorgue la instrucción de los casos más significativos (grandes causas) a un órgano colegiado compuesto por tres jueces. No sé hasta qué punto los fines son los confesados o más bien otros. Pero lo más evidente de este anteproyecto, que tendrá que ser desarrollado por otro relativo a la demarcación y planta judicial, es que pretende alejar aún más la justicia de los ciudadanos, puesto que el conocimiento en primera instancia de los asuntos se relega a tribunales provinciales de instancia, desapareciendo toda la estructura creada en torno a los partidos judiciales.
En mi opinión, con esta proyectada reforma, la justicia se instrumentaliza aún más poniéndola a disposición del poder ejecutivo, al tiempo que se la aleja de los ciudadanos. Dicho con otras palabras, todas las reformas que se están poniendo en marcha desde el Ministerio de Justicia ahondan en la injusticia más palmaria.

Si la cara es el espejo del alma, juzguen ustedes mismos. Ayer Rouco Varela, arzobispo de Madrid, se despachaba con otra de sus inmersiones en el odio, en su ya dilatada carrera hacia un cielo que no tengo claro dónde él situará. En el funeral por la memoria del expresidente Suárez dejaba caer, aludiendo soterradamente y no tan soterradamente al tema de Cataluña, la posibilidad de otra guerra civil. Y yo me pregunto, ¿es esto tolerable? Que a estas alturas, desde los púlpitos de las iglesias siga habiendo quienes se creen con derecho a lanzar proclamas, políticas o no, pero que a la postre conduzcan al miedo e inoculen la semilla del odio…
Entretanto, en el seno de esa misma Iglesia, pero con un rostro mucho más sereno; de compartir el dolor y la miseria, de saberse al lado del que lo necesita, se encuentra Cáritas. La semana pasada publicaba un informe que debería habernos puesto a todos los pelos de punta. A todos menos al Sr. Montoro, que en su camino al cielo de la recuperación anunciada, no puede consentir que le salga ningún agorero. Según él, los datos de la pobreza que publica Cáritas son estadística. Y yo me pregunto si es estadística el joven que ayer noche me encontré buscando en la basura. Todos los que vivimos en España sabemos que hay gente que está pasando necesidad. Y el Sr. Montoro y el resto del gobierno, comenzando por su presidente, no sólo debería ser consciente de ello, sino poner medios para que esta situación no llegue a más. La pobreza infantil es una lacra tan dura, tan enormemente injusta en un país que ha rescatado a bancos y que pretende rescatar ahora a las autopistas hechas por sus amigos, que como ciudadanos tenemos que rebelarnos. Rebelarnos para decir BASTA. Yo no quiero que con mis impuestos se sufrague a quien más tiene y no se ayude a quien de verdad lo necesite. Sí, seguro que más de alguno dirá que soy una ingenua. Pero ingenua o no, no quiero contribuir a seguir creando un Estado inmoral, mientras el Estado social y democrático de Derecho que todavía consta en la Constitución que es España se descompone.
Sí, señores, la cara es el espejo del alma. Rouco y otros como él que incitan al odio o que miran para otro lado para no ver la miseria. Cáritas y otras organizaciones, que saben estar a pie de campo, viviendo el día a día con quienes lo necesitan.

Varios acontecimientos de interés han tenido lugar el pasado fin de semana. Aunque parece que el protagonismo en los medios se lo haya llevado el fallecimiento del expresidente Adolfo Suárez. Sin embargo, las marchas por la dignidad que tuvieron lugar en Madrid el pasado sábado, bien merecen unas líneas. Porque aunque no pude asistir me hubiera gustado estar allí, con las cientos de miles de personas que demandaban que otro tipo de sociedad, que otro tipo de convivencia, que otro tipo de democracia es posible. La ciudadanía no está aletargada, como muchos piensan. Somos conscientes de lo que está pasando y debemos demandar nuestro papel en toda esta historia que nos están haciendo vivir.
Tuve la suerte de nacer en los inicios del cambio de la dictadura a la democracia. Aunque era muy pequeña recuerdo perfectamente la imagen de Suárez presente en la televisión a todas horas. Tanto es así que recuerdo que en el colegio, en los teatros que nos inventábamos, intentábamos imitar la voz de Suárez, tan afectada y grandilocuente. Estaba muy presentes en nuestras vidas, y gracias a su voluntad y a la de otros muchos que supieron estar a la altura, pudimos salir de un túnel para empezar a construir una democracia, que aunque formalmente ha dado sus frutos, en los últimos tiempos nos estamos dando cuenta de que el proceso no está ni con mucho terminado. Cuando se sale de una situación tan dura como fue la dictadura, el esfuerzo realizado probablemente haya hecho que los actores políticos (partidos y ciudadanía) disfruten de cierto sosiego, cuando se comprueba que hay pluralidad de fuerzas políticas, que a cada cierto tiempo hay elecciones, que cada uno puede expresar lo que piensa… Sin embargo, la transición real quedó a medias y es necesario un nuevo impulso para terminarla.
La situación ahora no es equiparable a la de hace 40 años, pero la necesidad de regenerar la democracia se ha convertido en imperativo. Veo con cierta esperanza el futuro. Afortunadamente, la dignidad no la hemos perdido, porque ni los recortes ni las políticas regresivas que está poniendo en práctica este gobierno pueden con ella.

Es curioso que en poco tiempo todo aquello de lo que podía presumir España esté siendo derruido con una indolencia que asusta. Nuestro país ha podido presumir durante años de ser un Estado comprometido con el respeto y la defensa de los derechos humanos; un Estado que se obligaba a perseguir los denominados crímenes contra la humanidad, con independencia de dónde se hubieren producido, si existía un mínimo ligamen con España. Cierto es que paradójicamente la justicia española ha sido y sigue siendo muy renuente a conocer y dirimir casos más cercanos como los que tuvieron lugar en España a raíz de la guerra civil de 1936, pero ese es otro cantar…
Lo cierto es que en los últimos años España había estado a la vanguardia en la defensa de los derechos humanos. Sin embargo, de un plumazo, la Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia universal ha abolido la justicia universal, so pretexto de poder violentar a Estados amigos, lo que viene a dar idea de en qué alto escalón están nuestros cualificados legisladores, que someten a la camaradería la protección de derechos que deberían estar por encima de las componendas internacionales. Pero no conforme con ello, la disposición transitoria única obliga a los jueces españoles a sobreseer todas las causas abiertas bajo el amparo de la justicia universal hasta que no se acredite el principio de territorialidad, o que el responsable penal sea español, sin tener en cuenta que los procedimientos ya abiertos se abrieron en función de la legalidad vigente en su momento y que no se pueden cambiar las reglas de juego cuando el partido ya está iniciado. No importa. Aquí el Estado de Derecho está en descomposición desde hace ya tiempo, y esta ley no hace si no abundar en esta idea. La regresión de derechos continúa.