El pasado viernes, 4 de julio, el Gobierno de España autorizó la firma del Convenio de colaboración en materia de adopción de niños y niñas entre el Reino de España y la Federación Rusa. Por más que he buscado, no he podido encontrar el texto del convenio que al parecer se conocerá en toda su extensión cuando se publique en el BOE. Una muestra más de la transparencia de este Gobierno. Sí que hemos conocido por la nota del Gobierno, que España ha sido el primer país en desbloquear las adopciones con Rusia, que ciertamente es uno de los países en el que más han adoptado los españoles en los últimos años. En esa nota, sin embargo, no se hacía referencia alguna a la cesión que el Gobierno español ha realizado a favor de la legislación discriminatoria rusa contraviniendo nuestro ordenamiento jurídico. En eso también ha sido el primero.
Todos los medios han destacado que España ha transigido ante las exigencias rusas. Rusia modificó su legislación el pasado julio, impidiendo que se formalizaran adopciones internacionales con aquellos Estados que previamente no hubieran firmado un Convenio en el que se asegurara que los niños rusos no podían ser adoptados por parejas del mismo sexo, ni reubicados en el seno de estas parejas en el caso de adopciones previas fallidas.
En una adopción internacional o con más precisión transnacional (puesto que implican un cambio de residencia del menor de su Estado de origen al Estado de residencia) intervienen al menos dos legislaciones, la del Estado de origen del menor y la del Estado donde residen los adoptantes y donde residirá el menor una vez sea adoptado. El Estado de origen del menor puede determinar quiénes pueden adoptar en su país. Legalmente puede precisar que no puedan adoptar niños de origen rusos parejas o personas homosexuales. Se trataría de una opción legítima, aunque criticable desde la perspectiva de los derechos humanos. Lo que ya no es tan normal es que un Estado que permite adoptar conjuntamente a personas del mismo sexo y a solteros con independencia de su orientación sexual se preste a firmar un convenio en que claudica de su propio ordenamiento. Supone elevar a convenio internacional una discriminación que claramente atenta contra nuestro ordenamiento jurídico.
Está muy claro cuál ha sido la posición del Gobierno en esta negociación. Su intención ha sido plegarse a los deseos de las familias españolas que ya habían iniciado los trámites de adopción en Rusia y que debido a la modificación legislativa de julio vieron cómo sus expedientes se bloqueaban.
La adopción, hay que recordarlo no es un medio para solucionar un problema de infertilidad, es un mecanismo de protección del menor entendido por los convenios internacionales como el último recurso, cuando no existen otros medios para proteger al niño en su Estado de origen (art. 21 Convenio de Naciones Unidas sobre los Derechos del niño). La adopción es una medida que debe adoptarse siempre en interés del menor. Evidentemente en un convenio de esta naturaleza el interés del menor ha desaparecido por completo y han prevalecido otros intereses: por parte de Rusia, su posicionamiento homófobo y por parte de España, una vulneración clamorosa de nuestro ordenamiento jurídico para contentar a las familias atrapadas por la legislación rusa. Para salvar a unos pocos España ha firmado un Convenio que no sólo va a afectar a esas familias, sino a otras muchas a las que discrimina sin ambages.
Igual que el Gobierno ruso tiene legitimidad para restringir las adopciones a ciertas personas, igual el Gobierno español podría haber utilizado su diplomacia para desbloquear la situación de estas familias sin incurrir en una claudicación sin precedentes. No olvidemos que Rusia no ha firmado el Convenio de La Haya de 1993, cosa que sí ha hecho China, por ejemplo, y que también tiene una legislación interna discriminatoria para con las personas homosexuales. Pero a diferencia del Convenio firmado con Rusia, en el Convenio de La Haya no se plasma expresamente ninguna discriminación, puesto que es la legislación de cada Estado la que determina el régimen jurídico de las adopciones.
Los niños que están en situación de vulnerabilidad, los niños que precisan encontrar una familia no tienen que ser sometidos a la chabacanería de quien no entiende que el interés superior de estos niños es encontrar una familia que los cuide, que los proteja, que los quiera, que los críe y que les proporcione una educación. ¿Quién es el Gobierno ruso para decir que todo esto no lo puede hacer una pareja del mismo sexo o un soltero de orientación homosexual? ¿Y quién es el Gobierno español para plegarse a las discriminaciones que dictan otros contraviniendo lo que dice nuestro propio ordenamiento jurídico? Esta forma de legislar y de gobernar es de locos.

El viernes pasado, en el ciclo de mesas redondas sobre gestación subrogada que organiza Interfertility, hablé sobre la tercera gran revolución del Derecho de Familia en España; una revolución que parece inminente. Resumo las principales ideas que expuse:

El Derecho de Familia en nuestro país ha experimentado cambios importantes y muy profundos en los últimos treinta años, a partir de la vigencia de la Constitución española, instaurando principios como la igualdad entre los cónyuges, la disolubilidad del matrimonio, la igualdad entre los hijos con independencia de su origen, la protección de todo tipo de familia, la necesidad de que los poderes públicos protejan a los niños haciendo prevalecer siempre su interés superior, etc.
Si bien fue en los primeros años de vigencia de la CE cuando se elaboraron las principales leyes para adecuar nuestro ordenamiento jurídico a estos principios constitucionales (ley del divorcio 1981, igualdad entre cónyuges 1990, consagración del principio del interés superior del menor en 1987 y posterior desarrollo en 1996…), en los inicios del siglo XXI, en concreto con la Ley 13/2005 se dio un salto cualitativo reconociendo el matrimonio entre personas del mismo sexo, posteriormente reforzado con la Ley 3/2007, de identidad registral de género, que modificó la Ley 14/2006 sobre reproducción humana asistida. En concreto, el artículo 7 contemplaba la posibilidad de que la filiación quedara acreditada conjuntamente a favor de dos mujeres que estando casadas una de ellas se sometiera a las técnicas de reproducción asistida y la otra consintiera en que cuando el hijo naciera quedara acreditada la filiación del mismo a su favor.
Estas dos leyes han supuesto una revolución en el Derecho de familia español, situándolo en aquel entonces en la vanguardia del reconocimiento de los derechos de gays, lesbianas y transexuales en el mundo.
Siendo importantísimo el paso que se dio entonces, quedaron por dar otros, que todavía reflejan el diferente trato que nuestro ordenamiento jurídico otorga según ante qué tipo de familia nos encontremos. Así, para las parejas del mismo sexo es imprescindible estar casados para adoptar conjuntamente, cosa que no sucede con las parejas heterosexuales, incluso cuando se trata de una filiación natural que tenga lugar a través de reproducción asistida, la pareja de la gestante debe estar casada si quiere que el niño quede registrado como su hijo, a diferencia de lo que sucede con las parejas heterosexuales. Y por supuesto, está sin tratar el tema de la filiación intencional que si bien, como sabemos, puede afectar tanto a parejas heterosexuales como del mismo sexo, en el caso de las parejas de varones es el único medio que tienen para poder ser padres biológicos de sus hijos.
A mi juicio, nos encontramos ahora en lo que debería ser la tercera gran revolución del Derecho de familia reconociendo que además de la filiación natural y adoptiva, que son las que de momento se regulan en nuestro ordenamiento, es posible y necesario también regular la filiación intencional, prestando atención a la denominada voluntad procreacional, permitiendo que aquellos que quieran ser padres puedan serlo con la ayuda de las técnicas de reproducción asistida. Se trata de eso, y de permitir que cuando el niño nazca se le reconozcan todos los derechos, incluido el derecho a su identidad filial y a su vida privada, derechos de vital importancia como recientemente ha indicado el TEDH.
La realidad es pertinaz y tiende siempre a imponerse. Aunque a veces al Derecho le cueste acompañarla, cuando sucede lo que está sucediendo, cuando existen tantas familias que queriendo tener hijos en España no pueden hacerlo y buscan fuera lo que no se les permite dentro y posteriormente se encuentran con filiaciones claudicantes, esto es, filiaciones válidas en el Estado en que el niño nace pero no en el Estado en el que se residen sus padres y por tanto en el que va a residir el menor, está claro que algo falla.
El problema jurídico que se plantea en cada caso es complejo y además tiene alcance mundial. Considero que sólo a través de la cooperación internacional puede solucionarse (Conferencia de La Haya) estableciendo las bases para un reconocimiento mutuo. Para lograr ese reconocimiento es necesario que se fijen criterios de vinculación entre los comitentes y el Estado donde tiene lugar la gestación y el nacimiento; es preciso que se garantice el consentimiento informado para todas las partes, especialmente de la gestante; es necesario que intervenga una autoridad pública que determine la filiación a favor de los comitentes y, finalmente, es necesario que cuando el niño nazca, se garantice su interés superior, esto es, que su filiación quede acreditada desde su nacimiento y esa filiación sea inalterable y no pueda modificarse por el mero cruce de una frontera.
Entretanto esto se hace a escala internacional, parece también necesario que el legislador español dé pasos hacia la regulación de esta técnica de reproducción asistida como medio para determinar la filiación intencional. Es verdad que los efectos que tiene en España la nulidad de los contratos de gestación por sustitución no son tan radicales como por ejemplo en Francia, puesto que en nuestra legislación se precisa que en los contratos de gestación por sustitución que son nulos de pleno derecho en todo caso la filiación materna se determina por el parto, y deja a salvo la filiación paterna que puede ser determinada a través de la correspondiente impugnación. Puede decirse pues que la determinación de la filiación en España de los niños nacidos a través de gestación por sustitución es posible, si bien no de forma directa, sino a través de la impugnación de la paternidad y posterior adopción por el otro cónyuge o pareja (heterosexual). Pero no es una solución que satisfaga puesto que supone un proceso judicial añadido al que ya han pasado previamente los comitentes y además no hay que olvidar que en la mayoría de los casos se cuenta con una resolución extranjera en que la filiación ya ha quedado acreditada a favor de los comitentes. La Instrucción de la DGRN de 2010 marcaba bien las pautas, aunque no era una instrucción, de carácter gubernativo, el mecanismo adecuado para hacerlo. Trasladar sus postulados a la Ley del Registro Civil sería una buena vía para abordar, aunque parcialmente, la regulación de esta cuestión y ahorrar inseguridad y sufrimiento a muchas familias que lo son desde el momento en que han decidido dar los pasos para serlo.
Este sería, entiendo, el primer paso de urgencia para solucionar la situación de los niños que ya han nacido, que están en España con sus padres pero a los que no se les ha reconocido todavía la ciudadanía española. El paso siguiente paso, más complicado, pero igualmente necesario, consiste en regular la gestación por sustitución en España, sin prisas, porque es cierto que es un tema complejo, pero sin pausa. Es una realidad tan clamorosa que ya no es posible mirar por más tiempo hacia otro lado.

Pues se ve que el partido del gobierno no ha aprendido. Lejos de eso, sigue inmerso en la estrategia del engaño que ha mantenido hasta ahora. Saben que se aproximan elecciones, y como consideran al electorado poco más que un niño al que se le puede convencer con unos caramelos, pues han lanzado a Montoro de nuevo a la palestra para que intente convencernos a todos de que los milagros económicos que según ellos han llevado a cabo van a traducirse en una bajada de impuestos. Lo venden así, con todo el boato del que son capaces, aunque ya a estas alturas toda la parafernalia les sobra, puesto que los hechos pueden más, creo yo, que cualquier otra cosa. Pero ellos van a lo suyo, y cuando todavía los datos económicos son preocupantes, ellos se lanzan a vender el mensaje mantra de bajar los impuestos. El problema es que como muchos expertos apuntan esto será suicida y no hace más que ahondar en la situación delicada que todavía vivimos; es más, hace pronosticar que si toman estas medidas ahora, vendrán de aquí a poco otros recortes drásticos en los servicios públicos. Que a este gobierno no le interesen ni preocupen los servicios públicos, es una realidad a estas alturas bien contrastada, pero que nos sigan tomando por tontos después de todo lo que ha pasado es imperdonable. No se trata de pagar menos impuestos, sino de que la carga fiscal sea más proporcionada o, dicho con otras palabras, que paguen más, quienes más tienen y que, de otro lado, se haga una apuesta convencida y decidida para luchar contra el fraude fiscal. Pero de gobiernos como éste, que aplicó una amnistía fiscal nada más llegar, qué se puede esperar. Entretanto, las índices de pobreza siguen aumentando en España. No se plantean que hay que recaudar más para redistribuir mejor. Eso, pensarán, es algo demasiado poco liberal para un partido que gobierna para las élites económicas; sin duda, no para el conjunto de los ciudadanos.

En las últimas semanas, a propósito de la petición de la Defensora del Pueblo de que a través de los colegios se garantice durante el verano, al menos una comida a los niños cuyas familias están pasando por serias dificultades, se han oído tantas barbaridades, vertidas con tanto descaro que decir que siento rabia es poco. En Castilla y León, por ejemplo, se ha llegado a decir que utilizar esa medida discriminaría a los niños, porque haría visible su situación. En otras, como en La Rioja se ha dicho que eso implicaría visibilizar mucho la situación de pobreza que viven algunas familias y que iría contra la imagen de la Comunidad. Y de este tenor, muchas más declaraciones.
Yo no sé cuál es la mejor manera de garantizar que los niños en España no pasen hambre (sólo escribirlo ya es difícil), pero lo que sí sé es que como país no podemos permitirnos esta vergüenza. Vergüenza de un país al que parece que le sigue preocupando más la apariencia que la verdadera necesidad.
Luego vendrán a contarnos una de romanos, quienes gobiernan para vendernos el cuento de la recuperación anunciada, con tropecientosmil puestos de trabajo (en condiciones de semiesclavitud, eso sí, pero qué más da); nos venderán cómo han levantado al país, ellos con sus propias manos, de la situación de postración en la que se encontraba. Venderán con alharacas que están devolviendo ya los préstamos que nos hicieron, pero esconderán que mucha gente sigue siendo desahuciada; que mucha gente no puede pagar los suministros básicos, que los niños pasan hambre, que han contribuido a construir un país en el que da vergüenza vivir…
Que no nos cuenten una de romanos otra vez, que ya nos sabemos bien la película. Ha llegado la hora en que seamos nosotros quienes tomemos las riendas y reconduzcamos la situación. Por principios, por dignidad, no nos podemos permitir que ningún niño pase hambre en España.

Después del terremoto de las elecciones del pasado 25 de mayo, todas las miradas están puestas en la fuerza política revelación “Podemos”. No es para menos. Ha irrumpido con tanta fuerza en el escenario político; un escenario que parecía condenado a perpetuarse entre la desidia, cuando no la resignación, de la ciudadanía, que comprobar cómo una fuerza nacida en buena parte del descontento ciudadano, en la que los círculos han sido hasta el momento su única organización, ha podido poner en jaque el poder establecido ha devuelto la ilusión a muchos que creyeron que era una fórmula posible para cambiar las cosas.
Pero el reto que tiene por delante Podemos no es nada desdeñable. Cómo respetar su organización asamblearia con una estructura al uso de partidos políticos, puede ser una tarea de difícil encaje. A la vista está que ya sus bases han activado las alarmas ante el anuncio el pasado jueves de Pablo Iglesias de presentar una candidatura cerrada con 25 nombres para articular la organización de Podemos. Ha dado un plazo de 6 días para presentar candidaturas, plazo muy breve para articular un procedimiento con unas mínimas garantías de “fair play”. Si Pablo Iglesias y su equipo más cercano quiere ya apropiarse de ese millón y pico de votos, el final de Podemos estará próximo a su nacimiento. Su recorrido habrá sido breve. Si el discurso se basa en que sea la gente la que decida qué hacer y a renglón seguido se acusa de que los círculos no son democráticos, como hizo recientemente Monedero en una de sus asambleas, habrán hurtado la esencia de este movimiento ciudadano. Pueden morir antes de nacer realmente de éxito. Y sería una pena. Se necesita inteligencia y verdadera creencia en la democracia para hacer que este movimiento siga creciendo.

La monarquía parlamentaria es la forma de gobierno de nuestro país. Pretender ahora cambiarla con un simple referéndum supone ignorar el ordenamiento jurídico español. Para cambiarla es preciso antes cambiar la Constitución y eso sólo es posible si se da la correlación de fuerzas suficiente para poder hacerlo. Esto último, que era una de las garantías básicas de la monarquía en España, en las últimas elecciones ha comenzado a cambiar y, de ahí, quizás, el nerviosismo del rey, en esta huida precipitada. Pues no de otra forma cabe calificar su abdicación. Si lo hubiera hecho cuando los casos de corrupción comenzaron a emerger en la corona, quizás su lectura sería otra. Entonces se podría argumentar sobre su sentido de la responsabilidad y su saber haberse ido a tiempo. Al contrario, aguantó imprimiendo un carácter decadente a un Estado que cabalgaba también entre el desasosiego y la búsqueda de referentes que ya no encontraba en las más altas instituciones del Estado. Irse ahora supone dejar a su hijo a los pies de los caballos. Con una institución muy desprestigiada y con un futuro electoral incierto, en el que es posible que una mayoría suficiente republicana se abra paso en el parlamento. Si así fuera, lo lógico sería cambiar la forma de gobierno hacia una república, y consolidar de este modo la transición que, no olvidemos, aún está del todo por hacer, porque la corona y en concreto la figura del todavía rey no fue más que una imposición póstuma del caudillo.

Las elecciones europeas celebradas ayer dejan muchos y sustanciosos titulares. El más preocupante, que los partidos ultraderechistas, que han hecho de la xenofobia y el populismo su estandarte han ganado un poder nada desdeñable. 100 eurodiputados de 751 no es cualquier cifra. Desde luego, se trata de un fracaso del resto de fuerzas políticas que no han sabido trasladar un mensaje adecuado. Que en Francia haya ganado en número de votos el partido de Le Pen, da una idea de la situación complicada por la que estamos pasando. O se pone atención al problema, que viene de lejos, y que al parecer nada se quiere o se sabe hacer contra él, o de aquí a poco nos encontramos otra vez con una Europa al borde del fracaso, en el que el miedo y el odio al extranjero, venga de donde venga, será una realidad que nos sumirá en el desasosiego.
Afortudamente en España, los titulares son otros. En España, los indignados han ganado al bipartidismo. Habiendo existido una alta abstención, ésta no ha sido tan alta como la que algunos vaticinaban. Y tampoco ninguna encuesta acertó la caída tan espectacular que han experimentado tanto PP como PSOE, de los cuales, sólo éste último ha reconocido el fracaso sin paliativos que le han supuesto estas elecciones. El PP, haciendo gala de lo que es, reconocía estar contentísimo por haber ganado las elecciones con 16 eurodiputados, pese a haber perdido 8; aunque esta alegría, no se correspondió con ninguna celebración en el balcón de Génova, quizás porque nadie los acompañó. Ha subido IU, también UPyD, pero sin duda, la noticia es PODEMOS y la entrada con un europarlamentario de la Coalición Primavera Europea. Algo se mueve en España y ojalá sea para bien. Necesitamos otra manera de hacer política. Necesitamos gente que vea en la política una herramienta para poner solución a los problemas y no quienes la consideren un trampolín para hacer acopio de prebendas. Durante mucho tiempo en España se han alternado en el poder dos partidos que, a la vista está, no han sabido estar a la altura de las circunstancias. Las noticias constantes de corrupción mientras el país pasa por una grave crisis se ha traducido en un hartazgo ciudadano de los partidos tradicionales, aunque ni mucho menos ese hartazgo afecta a la política. Afortunadamente han surgido nuevos movimientos que pueden captar y capitalizar la voluntad ciudadana. Ojalá sepan hacerlo adecuadamente. Ojalá esto suponga un cambio en la manera de hacer política también en España. Política desde los ciudadanos y para los ciudadanos.

Probablemente todos en alguna ocasión hayamos sentido la necesidad de olvidar y también en ocasiones de que nos olviden. El olvido no hace tanto estaba muy localizado y circunscrito a los sentimientos personales, pero desde que emergió la sociedad red, desde que las redes sociales desplazaron y/o complementaron a las relaciones sociales/personales ese derecho a olvidar, si es que así formulado, existe, se hace cada vez más complejo. Ayer, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaba una sentencia muy significativa, puesto que viene a reconocer que el derecho que tiene una persona a olvidar y a que se le olvide también debe ser garantizado en internet. Los datos personales, todos, le pertenecen a la persona, y como tales son disponibles por ella. Los gestores de datos están obligados a respetar la voluntad de esa persona y hacer, en la medida que de ellos dependa, que los datos personales que una persona quiera olvidar no persistan de forma perenne en la red. Porque eso haría que su privacidad se viera vulnerada y porque a la postre sería admitir que internet tiene poder para erigirse en un alter ego capaz de contribuir a perpetuar una imagen personal de uno que ya no se corresponde con la actual.
La sociedad red, de la que hablaba Manuel Castells, ha supuesto un cambio tan radical en la manera de relacionarnos; ha cambiado todo tanto en tan poco tiempo, que sólo poco a poco estamos descubriendo los riesgos que encierran todas las potencialidades que también lleva consigo esta consquista reafirmada y desarrollada en el siglo XXI. Tranquiliza saber que los gigantes informáticos, por muy poderosos que sean, no tienen el poder de suplantar lo humano. Aunque no nos confiemos.

Hace muchos, muchos años, cuando estudiaba en el Instituto recuerdo que a veces nos reuníamos en casa de mi amiga Susana para ver películas que luego comentábamos o simplemente para charlar. ¡Qué buenos tiempos aquellos, y cuántos recuerdos! En uno de esos encuentros vi por primera vez la película “El club de los poetas muertos”, que me marcó para siempre. Me encandiló la energía del profesor Keating, magníficamente interpretado por Robin Williams, y la amistad entrañable y la camaradería que existía entre los alumnos de la exigente academia Welton. Fue entonces cuando empecé a leer a Walt Whitman, y fue entonces cuando se me grabó a fuego ese lema del Carpe Diem que este inusual profesor quiso inocular a sus alumnos.
No tengo nada del Pfr. Keating, ya quisiera, pero el pasado sábado tuve la posibilidad de dirigirme a los alumnos de la primera promoción de Graduados en Derecho de la Universidad de Salamanca, y frente al pesimismo que ahora mismo impera, quise trasmitirles energía positiva, confianza en ellos mismos y les animé a que pusieran en práctica el Carpe Diem. Probablemnte no hiciera falta, porque los jóvenes saben aprovechar al máximo la vida, sacarle todo su jugo, pero a mí me pareció idónea la posibilidad de reivindicar el optimismo ante tanto pesimismo. Aquí les dejo el discurso que les leí (Graduación 26-4-2014). Espero con todas mis fuerzas que la vida les permita demostrar lo que valen. Enhorabuena otra vez, queridos alumnos, y lo dicho, CARPE DIEM!

Impartir justicia es uno de los oficios más delicados y sensibles que existen. En la mano de los jueces está que los derechos de todos los ciudadanos se respeten. La justicia es, en buena medida, garante de la paz social, porque la restituye cuando se ha fracturado o su mera existencia actúa como apuntalamiento de esa paz. No es bueno, por tanto, que quienes tienen encomendada esta función, la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, se conviertan en protagonistas. Nunca me han gustado los jueces que gozan de la notoriedad pública que dan los medios de comunicación. Aquellos que se pasean por los platós de televisión, o conceden por doquier entrevistas. Tampoco los que utilizan casos que han estado bajo su jurisdicción como plataforma para el lanzamiento político. La justicia es algo serio, y no se puede utilizar o usar ni como trampolín ni como tapadera. Es muy legítimo que un juez se dé cuenta de que realmente sus aspiraciones no son las de impartir justicia, sino la de dedicarse a la cosa pública desde otra perspectiva, como la política, pero no mezclemos ambas, porque entonces estamos contribuyendo al descrédito de la justicia.
Un juez no puede correr el riesgo de creerse por encima de la ley. Está para aplicar la ley y debe actuar sometido a ella. Un exceso de celo, un querer hacer “justicia” sin respetar los procedimientos legales puede perjudicar tanto el caso que se está enjuciando, como a la propia justicia como institución. No contribuyamos también a que la justicia sea otra institución más teñida por la sospecha.