El paso por la Universidad puede suponer una experiencia transformadora en todos los sentidos. Estoy convencida de que en la mayoría de los casos esto es así. La Universidad forma en conocimientos, en habilidades, en competencias. Pero es verdad que quizás en muchos casos nos centramos fundamentalmente en transferir conocimientos y no tanto habilidades o competencias que bien orientadas pueden suponer un elemento transformador no sólo para el estudiante en sí, sino también para su entorno.

La misión de responsabilidad social de la Universidad es transversal a toda ella. Afecta a la docencia, a la investigación, a la gestión. El compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030 implica una necesidad de acción que las Universidades no sólo pueden asumir, sino que están obligadas a ello, puesto que constituyen el espacio idóneo para aunar ideas y acción, lo que puede servir para avanzar en un desarrollo sostenible que no es ya no posibilidad, sino una necesidad inaplazable.

En este contexto, la forma de enseñar a nuestros estudiantes puede experimentar una singular mejora si logramos además de transferir conocimientos, sensibilizarlos acerca de la necesidad de comprometerse activamente con la sociedad. Y esta actitud de compromiso activo implica a todas las ramas de conocimiento, y en consecuencia a toda la docencia que impartimos.

El método de aprendizaje-servicio (ApS) es un método docente que de forma muy gráfica supone llevar la Universidad a la calle y traer la calle a la Universidad. Implica poner al estudiante en el centro de su proceso formativo, colocándolo en la posibilidad de aplicar sus conocimientos, los que ha ido adquiriendo a lo largo de su carrera, para ponerlos al servicio de una organización cuyo objetivo sea cubrir necesidades sociales. Las organizaciones del tercer sector son, por tanto, imprescindibles para este método. Docentes, estudiantes y organizaciones colaboran estrechamente en un proceso de aprendizaje para el estudiante, que se transforma en servicio para la comunidad. Se trata por tanto de aprender enseñando, o aportando valor a su formación, el valor del compromiso social. En este proceso todos ganan y lo mejor, se amplifican los resultados positivos que se consiguen por parte de cada uno de los colectivos que intervienen. Para el estudiante, porque supone un proceso de verdadero empoderamiento, ya que con esta intervención en realidades concretas comprueba que los conocimientos adquiridos pueden resultar transformadores bien aplicados; para las organizaciones sociales, porque encuentran un espacio en la Universidad que les puede resultar muy útil para visibilizar sus funciones, y para los profesores porque supone una experiencia tan gratificante, que implica una fórmula para poder reconocerse de forma nítida en su vocación docente.

En la Universidad de Salamanca tenemos ya una trayectoria dilatada en esta metodología. Sin embargo, hasta el momento los profesores que nos hemos implicado en ella no hemos tenido el acompañamiento institucional que consideramos que se requiere. El actual equipo de gobierno de nuestra Universidad ha apostado por profundizar en la función social de nuestra Universidad y por ello quiere impulsar el ApS. Estamos de enhorabuena. Porque si lo hacemos bien, si logramos coordinarnos para visibilizar todas las experiencias y para introducir en todos los Grados una formación orientada o dirigida a que los estudiantes pongan en práctica sus conocimientos con organizaciones de carácter social que lo necesitan, habremos contribuido a dotar de un mayor contenido a una de nuestras misiones, si no la más importante, contribuir desde la docencia a formar a buenos profesionales que además estén comprometidos socialmente.

No nos engañemos. Vox ha entrado con más fuerza en el Congreso que lo que podrían aparentar sus 24 diputados. De forma incomprensible, al menos para el ciudadano medio equilibrado, Ciudadanos se ha entregado en cuerpo y alma a sus postulados. Lo del PP era más que previsible. De manera que la ultraderecha presente en el Congreso tiene un poder indubitado. No digamos ya si miramos al entorno autonómico, donde pactos imprevisibles a priori se multiplican por doquier. O en el local. Si nos fijamos en el ayuntamiento de Madrid, la foto fija que encontramos es, sin lugar a dudas, penosa. Habiendo ganado las elecciones Más Madrid, PP que las perdió con rotundidad, ha encontrado el apoyo de Ciudadanos y Vox para devolver Madrid a la periferia y al oscurantismo. ¡Qué pena! Pero ahí ha estado Ciudadanos para apuntalar lo que las urnas no dijeron. Y encima intentando disimular lo indisimulable. Mintiendo, vamos. Menos mal que venían a regenerar la democracia… Utilizan las mismas artes ya conocidas: mentiras y cobardía para asumir sus pasos. Lo peor que puede haber en política.

En Castilla y León, después de la victoria del PSOE a nivel autonómico, se divisaba la posibilidad de cambio que había asegurado Igea, dirigente de Ciudadanos en esta Comunidad, por activa y por pasiva. Pero de la noche a la mañana, todo esto desapareció y ahí está un pacto de gobierno entre PP y Ciudadanos para evitar que el PP pierda 32 años de poder institucional. En fin.

Pero en todo este escenario desconsolador, en el que España ha dejado de ser uno de los países europeos en que la extrema derecha no estaba en las instituciones, es necesario como nunca una movilización ciudadana para ejercer una democracia militante y exigir desde todos los ámbitos que no nos podemos permitir involucionar en un país que ya lleva 40 años de retraso sobre el resto, si hablamos de democracia. Así que nos esperan cuatro años de acción continuada para denunciar lo que es denunciable y con fortaleza para no dar ni un paso atrás.

Ayer tuve las últimas clases de este curso en el Máster de Estudios de la Unión Europea. El objeto era explicar el alcance y significado de la cooperación civil con repercusión transfronteriza en la Unión Europea, o dicho más llanamente, cómo desde la unificación de las normas de Derecho Internacional Privado de los Estados de la Unión se ha contribuido a desarrollar la libre circulación de personas en  el espacio judicial europeo. Uno de los alumnos, francés y politólogo de formación, aparentemente no prestaba demasiada atención a lo que iba contando. De repente esa falta de atención se convirtió en cierta incomodidad, hasta que al final acabó manifestando su opinión. A su juicio, todo lo que estaba contando se había hecho a espaldas de los ciudadanos, había un déficit democrático importante en la construcción europea y a su juicio las elecciones del próximo domingo se iban a decidir en los términos de más Unión o menos Unión. Se entabló un debate muy interesante que nos llevó a reflexionar sobre muchas de las cuestiones neurálgicas que ahora están sobre la mesa. La presencia de los partidos de ultraderecha en el Parlamento Europeo, la matización del Frente Nacional en Francia, que ya no pide la salida de Francia de la Unión, a diferencia de lo que pedía en las anteriores elecciones, la gestión de las políticas migratorias por parte de la Unión, el Brexit…

En ese debate me descubrí optimista, pensando que una nueva etapa de la Unión estaba por llegar, y quiero pensar que va a ser de una mayor y más sólida Unión.

Y aunque en España el debate de estas elecciones se haya centrado fundamentalmente en las de carácter interno, está claro que nos jugamos mucho a nivel europeo. Tanto como quiénes van a decidir hacia dónde camina la Unión durante los próximos 5 años. Tarea nada despreciable, después de los tiempos convulsos que hemos vivido y los que viviremos con el incalificable proceso del Brexit.

Pero al final, si nos paramos a pensar, en todas las elecciones están presentes variables parecidas. Para mí la más importante es hacer frente a la extrema derecha. En Alemania, sería impensable hacer apología del nazismo, y sin embargo aquí tenemos un partido ya en las instituciones que se pasea por todos los escenarios haciéndolo. Esto debería preocuparnos. También debería preocuparnos todas las fobias que atesora. Odia a todo lo que no se corresponde que su patrón monocolor. Así que hay que votar por opciones verdaderamente democráticas y,  a ser posible, progresistas. Porque no estamos para perder el tiempo volviendo al pasado.

Pocas cosas hay tan indubitadas como que la dignidad humana es un atributo irreductible sobre el que se asientan todos los derechos fundamentales. La dignidad se predica de todo ser humano. O, dicho de otro modo, nadie puede privar a ningún ser humano de su dignidad. Ahora bien, las condiciones del entorno pueden afectar a la dignidad de las personas, y por ello los poderes públicos deben desarrollar su función para proteger al individuo y a su dignidad.

La dignidad humana, por tanto, entraña respeto. Que es más que tolerancia. Respeto en el ejercicio de la identidad de cada uno, en libertad.

En los tiempos de vox que vivimos, hay quienes se atribuyen el derecho de privar de dignidad a quienes no se corresponden con la unicidad gris con la que ellos ven el mundo. Empobrecidos, ven la vida a través de su cristal monocromo, basado en la intolerancia y en la ignorancia.

Frente a ello, hay que reivindicar que la dignidad humana está por encima de cualquier iluminado. Y lo está porque España ha sabido andar el camino y reconoció hace ya catorce años la posibilidad de que las familias fueran diversas, también en la legalidad, porque diversas han sido siempre, aunque sin respaldo legislativo todo era más difícil. Ese paso que España dio reconociendo el matrimonio entre personas del mismo sexo nos dignificó como país.  Afortunadamente, después de las elecciones generales, esa dignidad como país aún no la hemos perdido. Pero hemos de estar alerta, ya que los monocromos han llegado al Congreso.

Hoy, que se conmemora el Día Internacional de la Familia, reivindiquemos la diversidad de las familias, porque si esto hacemos estaremos reivindicamos la dignidad del ser humano. Y creo que no hay otra cosa más importante.

El 28 de abril nos jugamos mucho. Es verdad que el plantel de candidatos deja mucho que desear. Cierto es que la talla de cada uno de ellos se ha visto reflejada en los dos debates que afortunadamente se han podido tener (deberían ser obligatorios) y no habla demasiado bien de la mayoría. Pero aunque no haya una opción que nos convenza plenamente, lo cierto es que es más necesario que nunca votar. Todas las encuestas dan por hecho que VOX entrará con fuerza en el Congreso. Yo quiero pensar que no será así. Quiero pensar que no hemos perdido el sentido de la responsabilidad, que somos un pueblo que hemos dejado atrás los rancios abolengos, o la charanga y la pandereta. Un partido que está anclado en la prehistoria de los derechos civiles, no es digno de los españoles, y los españoles no deberían darle un solo voto.

Luego está el PP, único partido condenado por corrupción y con un nutrido grupo de ex altos cargos en prisión. Un partido con ese lastre debería ser condenado a la desaparición, o al menos a una bajada en escaños que le llevara a purgarse y a realizar una necesaria catarsis.

Luego está Rivera y ese no saber para dónde le sopla el aire. Que en cualquier caso lo mece su veleta según le viene. Sin principios y sin más ideología que Cataluña, es difícil erigirse en representante de nada.

Y quedan PSOE y Unidas Podemos. Con sus luces y sus sombras, son los dos únicos partidos que están aportando algo de mesura y sentido común. Y los únicos que pueden garantizar que no retrocedamos. Sería muy positivo, a mi juicio, una coalición de izquierdas en nuestro país. Creo que lo necesitamos para avanzar todo lo que hemos retrocedido estos años. Y veremos a ver qué pasa el domingo. Pero yo tengo esperanza. Puede que no esté todo perdido.

Quienes pretenden utilizar el terrorismo como arma electoral, quienes sin pararse a pensar en el alcance de sus palabras atacan al adversario político convirtiéndolo en enemigo, quienes soliviantan los ánimos sin verdad, sin aportar nada más que fango al debate político, no hacen otra cosa que mostrar su bajeza moral. Y en estas estamos. Que el líder de un partido que hasta hace meses estaba en el gobierno se descuelgue todos los días, en todas sus intervencioes, con ataques llenos de desconocimiento e inquinidad no hace otra cosa que disminuir la calidad democrática. Ojalá tuviéramos políticos con formación, y a la altura de lo que nos merecemos. Hace falta más cordura, más sentido común, más capacidad de servicio público. Es muy frustrante comprobar el erial en que se ha convertido el debate político en España.

Llegué tarde al programa de La Sexta que ayer emitía la entrevista que Jordi Évole le ha hecho al Papa Bergoglio. Pero pude escuchar el fragmento en que el periodista le preguntaba sobre sus declaraciones mandando al psiquiatra a los homosexuales. El Papa comenzó negando el término psiquiatra, pero terminó admitiendo que estas “rarezas” deben ser vistas por un profesional. Tal cual. Se esmeró en intentar convencerse de que por muy raro que se sea, las familias nunca deben dar la espalda. Es cuestión de amor cristiano, podríamos añadir. Sagaz Évole, cuando vio acorralado al pontífice tuvo a bien preguntarle si consideraba que las expectativas que había generado su nombramiento se habían visto frustradas. A buen entendedor pocas palabras.

Lo cierto es que es grave, muy grave, que en pleno siglo XXI el Papa, figura institucional de indiscutible importancia, se descuelgue con estas afirmaciones. No ha entendido nada. Parece ser. Y no es por hacer daño, pero quizás a quienes deberían enviar a profesionales, cuando no a la cárcel, es a tantos pederastas que hay en el seno de la Iglesia. Lacra donde las haya, de enorme magnitud y tibias respuestas. Los delitos son pecado. El amor entre personas del mismo sexo, no. Ahí tienen la diferencia. En su lenguaje, para que lo entiendan.

Nos estamos acercando a un necesario cambio de paradigma. O al menos yo quiero pensar que así será. Durante demasiado tiempo la globalización económica ha tratado de convencernos del determinismo del comercio mundial. La expansión comercial no puede tener límites. Al mercado hay que dejarlo hacer. Los Estados no pueden limitar la acción de las empresas. La autonomía de la voluntad es una máxima indiscutible que garantiza la libre competencia, etc. etc. En este escenario de expansión y reforzamiento de las empresas, los poderes públicos han asistido con calibrada impasibilidad, dejando hacer, no interviniendo más que lo mínimamente necesario. Cuando han intervenido ha sido para garantizar la protección del consumidor. Pero lo han hecho desde un enfoque paternalista y pernicioso. Se ha considerado que el consumidor es parte débil de la relación y por ello hay que dotarlo de toda una serie de garantías orientadas a perpetuar la situación. Pero eso está a punto de cambiar…

Poco a poco, demasiado lentamente, pero ya avanzando, los Estados, que son los encargados de garantizar que se respeten los derechos humanos, se están dando cuenta de que a los intereses de las empresas hay que ponerles límites, límites que no son otros que los intereses generales. En este sentido, la responsabilidad social empresarial va a desempeñar (lo está desempeñando ya para algunas empresas) un factor diferenciador de enorme entidad. En la medida en que estas empresas decidan asumir los Objetivos de Desarrollo Sostenible como pautas para el desarrollo de su responsabilidad social empresarial, estarán introduciendo en su actuación una forma de diferenciación que va a ser muy importante para el consumidor. La empresa que se comprometa con los intereses generales va a rentabilizar sus esfuerzos porque a la larga esto va a reportarles beneficios directos.

Para que esto sea así, es muy importante el papel del consumidor. Nosotros, los ciudadanos de a pie, realizamos todos los días múltiples actos que determinan el balance final de las empresas. Si la RSE comienza a visibilizarse a través de la publicación de información no financiera de las empresas en que se explicite cómo encaran estas su compromiso con el entorno, tal y como en España exige ya la Ley 11/2018, habremos conseguido dar un paso de gigante. Pero desde luego el paso más importante lo tiene en su mano el consumidor, optando por consumir en/con empresas que realmente están comprometidas con el desarrollo sostenible. Realmente, es el consumidor el que tiene el poder, y lo va a tener desde el momento en que la información no financiera de las empresas sea pública. En este espacio, las organizaciones sociales tienen mucho que decir y que hacer, para servir de correa de transmisión. Y es que debemos de ser conscientes de que todos podemos aportar para los ODS sean una realidad, y que nuestro papel como consumidores es mucho más importante que el que nos han hecho creer durante demasiados años.

El debate político en España se ha ensuciado tanto; tan bajo es el nivel de los que ocupan la escena politica, que se hace muy cuesta arriba tener que soportar estos dos meses y medio que quedan hasta las elecciones europeas, autonómicas y municipales. Digo yo que en algún momento habrá que hablar de lo importante. Y con ello me refiero a la educación, a la dependencia, a la despoblación, al cambio climático, a la sanidad, a las pensiones, a un desarrollo sostenible, a la pobreza infantil, a modelos alternativos de crecimiento. En fin, a lo que le interesa a la gente. Lejos de ello, seguimos en el barro. Con la máxima de cuanto peor, mejor, los que se afanan por arrastrar votantes sin ofrecer propuestas están haciendo un flaco favor a nuestro sistema; lo degradan. El problema es que no les importa. Porque lo suyo no es la gente, sino el poder. Y así mal vamos. Habrá que fijarse en los que mínimamente propongan y no ensucien. A esto hemos llegado.

En ocasiones, la justicia divina y la penal transitan caminos inescrutables. El Código Canónico, en su Canon 1395 § 2, dispone que “El clérigo que cometa de otro modo un delito contra el sexto mandamiento del Decálogo, cuando este delito haya sido cometido con violencias o amenazas, o públicamente o con un menor que no haya cumplido dieciséis años de edad, debe ser castigado con penas justas, sin excluir la expulsión del estado clerical cuando el caso lo requiera“. Por su parte, los artículos 182 y 183 del Código Penal español contemplan penas de hasta 6 años de prisión cuando el delito de abusos sexuales a menores de 16 años se cometa “interviniendo engaño o abusando de una posición reconocida de confianza, autoridad o influencia sobre la víctima“.

Ambas normas reparan en lo reprochable de tal conducta. Ciertamente, el Código Canónico destaca por su laxitud y su narrativa, poco asertiva, muy abierta, hablando de “penas justas” y de posibilidad de expulsión del estado clerical. Esta condescendencia que rezuma el Código Canónico se ha trasladado a las jerarquías eclesiásticas de forma manifiesta. No hay ejemplo mejor de encubridores que los que se hallan en este contexto. Pandemia generalizada que algún día deberá ser estudiada con meticulosa atención. No concibo, debo confesarlo, que la Iglesia católica haya vivido con tanta relajación estos casos, tan dignos de reproche, que con tanta fiereza deberían ser combatidos y denunciados. Juegan con un mal entendido perdón, cuando no de arrepentimiento, dejando en un segundo plano a las víctimas de estos impúdicos comportamientos.

Estos son los que, no sé bien con qué carta de naturaleza moral, se esgrimen en defensores de un determinado tipo de familia, reprochan a quienes aman de forma limpia, critican a quienes deciden abortar o claman al cielo contra todo lo que se aparte del manual de lo que para ellos es moralmente correcto. Para criticar hay que dar ejemplo. Y deberían comenzar por aplicar en toda su extensión el citado canon 1395 y expulsar del estado clerical a todo aquel que haya cometido estos abusos, sin esperar a que la justicia penal actúe, anticipándose, según lo éticamente correcto. Porque el castigo divino que ellos imparten también debería ser implacable contra los suyos. ¿O a qué estamos jugando?