El problema de vivir en un clima tan crispado como el que vivimos en España es que parece muy sencillo desplazar la mirada hacia sitios diversos, perdiendo a veces la perspectiva de lo realmente importante.
A día de hoy, parece que no existen cifras oficiales (o al menos, no están publicadas) de las personas que permanecen en Ceuta y que entraron de forma irregular en España el pasado 31 de julio. La cifra que se dio de esa entrada estaba en torno a 80.000 personas. Fallecieron 141. Algo sin precedentes en la historia reciente de nuestro país, puesto que la otra entrada masiva en Ceuta, en mayo de 2021, se cuantificó en 8.000 personas. El que no se sea capaz de hacer frente ni siquiera a la identificación de estas personas, cuando no a proporcionarles lo necesario para que puedan vivir con dignidad durante el tiempo que dure el procedimiento de devolución (en el caso de que no hayan solicitado protección internacional y sean adultos) o de repatriación (en el caso de que sean menores y ésta proceda) es, sin medias tintas, un fracaso absoluto de gestión.
Por supuesto que habrá que identificar las causas de esta entrada masiva, y aun comprendiendo que no se quiera generar (o agrandar) un conflicto diplomático con Marruecos, no se entiende que con todos los datos que sí se tienen y que son públicos, no se hayan pedido explicaciones a Marruecos de al menos por qué no actuaron sus cuerpos y fuerzas de seguridad para intentar frenar la entrada. Pero más allá de eso lo que preocupa es que más de un mes después, el gobierno de Ceuta se haya instalado en la crispación y no atienda sus responsabilidades, aunque no parece que fuera esa su primera intención. Esta situación recuerda a lo que pasó con la DANA y la llegada de Feijóo. El problema en este casto es que esté fallando también el gobierno de España, con el ministro del Interior a la cabeza, que ya sabemos que en política de migración suspende desde el primer día. A poco que se conozca la trayectoria de Grande Marlaska en el Ministerio del Interior se sabe que la protección de los derechos humanos en la migración nunca ha sido asignatura que aprobara.
Desde luego, hay que analizar el origen de esta segunda entrada masiva de personas en Ceuta, para impedir que se vuelva a repetir y con España y la Unión Europea exigiendo responsabilidades a Marruecos (por activa, lo que presupone acciones judiciales de otra naturaleza que aún no se han planteado) o por pasiva, lo que de entrada debería llevar a dejar de subvencionar a Marruecos como gendarme protector de la frontera sur de la UE. Entiendo que poner el foco en este punto es importante, pero no para responsabilizar al gobierno de España como pretenden PP y Vox, sino para afrontar una brecha de seguridad importante que no es solo española, sino europea.
Pero más allá de todo, lo que no podemos tolerar es que se utilice a las personas vulnerables como munición. Y entiendo que a día de hoy, no solo España, sino toda la Unión Europea debería estar haciendo frente a la situación que se está viviendo en Ceuta para gestionar una crisis humanitaria muy importante y que necesita respuestas desde los parámetros legales que todos conocemos (o deberíamos conocer). Se necesita diligencia y sensibilidad para gestionar una crisis así. Hasta ahora ni Ceuta ni el Gobierno de la nación han estado a la altura. Hay que centrarse en eso. En pedir que a estas personas se las identifique lo más rápido posible y si es que según nuestra normativa procede la devolución se las devuelva, pero si no es así, se les proporcione toda la atención que precisen.
Capítulo aparte merecen los menores. Ya tuvimos una sentencia del TS que condenó a las autoridades que intervinieron en procedimientos irregulares de expulsión. Se debería haber aprendido y sobre todo, debería apelarse al respeto de los derechos de los niños, que en un clima tan crispado ya ni se hace referencia a ello. Qué pena que ante una situación de tanta gravedad ninguna de las autoridades que deben gestionarla estén estando a la altura.
