La educación inclusiva es hoy uno de los temas más ampliamente debatidos en la comunidad educativa internacional, y es un tema recurrente también en el ámbito de los Derechos Humanos (UNESCO 2017) y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Naciones Unidas 2015). Pero no es un tema nuevo. En el ámbito internacional, al igual que en España, la inclusión educativa forma parte de un movimiento social protagonizado por las propias personas con discapacidad y sus familias, especialmente intenso en los últimos 40 años.
En los últimos meses, han surgido voces en contra de la desaparición de los Centros de Educación Especial, sobre los que cabe preguntarse si estamos ante un movimiento social, o por el contrario es una muestra de movimiento de resistencia, ante un cambio social hacia la plena inclusión que se viene produciendo en nuestro entorno cultural en las últimas décadas.
Enfocados asi, los movimientos de defensa de los Centros de Educación Especial sirven de manera indirecta al propio sistema de enseñanza ordinario para aplazar, sine die, su necesaria reforma, condenando al fracaso el definitivo cambio hacia la inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito escolar ordinario, necesitado de reformas legislativas, modernización de instalaciones y recursos, y actualización de equipos docentes.
En realidad, la resistencia al cambio viene dada porque la política de educación especial fue en su tiempo la única forma proveer enseñanza a niños y niñas con discapacidad, y es así tomada como una conquista social en un contexto en el que los poderes públicos no promovían ninguna alternativa educativa a las personas con discapacidad. Los argumentos lanzados a favor de los Centros de Educación Social tienen que ver por tanto con la incertidumbre de perder esos apoyos hoy centralizados en los CEE(s). Por tanto, la aceptación de que la educación especial segregada es la única vía efectiva para la enseñanza de niños y niñas con discapacidad implica renunciar a las necesarias reformas pendientes en el sistema de enseñanza ordinario.
La movilización a favor de la permanencia de los Centros de Educación Especial puede ser así tomada como un síntoma de la insatisfacción de las familias ante el estancamiento del proceso de inclusión educativa iniciado hace más de 30 años, y en definitiva, como una apelación a su culminación con los medios necesarios. En realidad, existen recursos legales suficientes para dar lugar a la educación inclusiva y, aun así, no se desarrollan adecuadamente, motivo por el que siguen apareciendo resistencias a la inclusión en un interminable círculo vicioso.
Esta cuestión se trata ampliamente en el artículo “Inclusiva Sí, Especial También: ¿Revolución o resistencia? El ciberdebate sobre el cierre de los Centros de Educación Especial en España” Publicado en el número 4, volumen 50, de la Revista Siglo Cero.