La autonomía personal no es solo una cuestión individual, ni se resuelve con buenas intenciones o con apoyos asistenciales bienintencionados. Cuando pensamos en inclusión social, especialmente de personas con discapacidad visual severa o sordoceguera, debemos partir de una pregunta sencilla: ¿qué capacidad real tiene alguien para participar en la vida cotidiana de su comunidad?
Los datos demuestran que esa capacidad está muy lejos de ser equivalente para todas las personas. Según la Encuesta sobre Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia (EDAD 2020), alrededor del 8,9 % de las personas con discapacidad adulta tienen discapacidad visual severa, y dentro de ese grupo cerca del 10 % presentan sordoceguera funcional. No se trata de colectivos marginales, sino de decenas de miles de personas cuya autonomía se ve condicionada por barreras sociales persistentes.
¿En qué se traduce esa autonomía en la práctica? Algunos indicadores ayudan a situar el problema. Solo alrededor del 9 % de las personas con discapacidad visual severa está empleada, y en el caso de la sordoceguera el empleo es prácticamente testimonial. El nivel educativo también refleja una brecha clara: aproximadamente seis de cada diez personas con discapacidad visual severa tienen estudios bajos, proporción que aumenta todavía más entre quienes presentan sordoceguera. La vida cotidiana añade nuevas capas de dificultad: una parte muy relevante del colectivo manifiesta problemas para desenvolverse fuera de su vivienda, y las relaciones sociales frecuentes —más allá del entorno inmediato— están lejos de ser mayoritarias.
Estos datos describen una realidad que no es accidental, sino estructural. La autonomía no depende únicamente de capacidades individuales, sino de las condiciones sociales que permiten —o impiden— ejercerlas. Participar en el empleo, acceder a la educación, moverse con autonomía o mantener relaciones sociales son dimensiones que se apoyan mutuamente y que se ven afectadas por barreras económicas, institucionales y relacionales.
Desde una perspectiva sociológica, hablar de inclusión exige primero preguntarse por la exclusión: quién queda fuera, de qué espacios y por qué. La exclusión no es un estado único, sino un proceso que atraviesa distintos ejes —económico, de ciudadanía y relacional— y que puede acumularse en determinadas trayectorias vitales. Cuando varios de estos ejes fallan a la vez, la autonomía personal se resiente de forma severa.
La inclusión, por su parte, no se produce automáticamente con la mera presencia o la convivencia formal. Solo se consolida cuando existen relaciones sociales reales y, además, una valoración social positiva de las personas con discapacidad. Sin relación y sin reconocimiento, las políticas inclusivas corren el riesgo de quedarse en declaraciones formales sin impacto efectivo en la vida cotidiana.
Todo ello tiene consecuencias claras para la acción profesional y para el diseño de los sistemas de apoyo. La autonomía no puede entenderse como una cualidad individual que “se tiene” o “no se tiene”, sino como un resultado social que puede ampliarse o restringirse en función de las decisiones colectivas. La primera tarea profesional no es exigir autonomía, sino evitar añadir nuevas barreras y acompañar procesos que amplíen opciones reales de vida.
No se trata de pedir heroicidades individuales, sino de no empeorar las condiciones de partida. Como decía Alfredo Di Stéfano, en una frase que sirve bien como cierre: «No te pido que atajes las que vayan dentro, pero por lo menos no te metas las que vayan fuera».
Este texto se basa en la ponencia ofrecida en el marco de unas Jornadas profesionales sobre Autonomía Personal, a las que fui invitado por ONCE en noviembre de 2025.
