La generalización del Derecho a la Educación es, junto a la Seguridad Social, la Sanidad y los Servicios Sociales, una conquista del Estado de Bienestar Social moderno, para cuyo éxito ha resultado fundamental la aplicación del principio de “igualdad de oportunidades” para todas las personas. Una sociedad es más avanzada, cuanto más eficiente es en la extensión de sus sistemas de protección social, esto es, más capaz de dar respuesta al mayor número posible de colectivos en situación de desventaja.
Las estadísticas más recientes sobre enseñanza muestran que existe una brecha entre el nivel educativo de la población con y sin discapacidad de la misma edad, siendo especialmente llamativo un porcentaje de analfabetismo significativamente más alto que en la población general, así como un acceso a estudios de grado superior todavía escaso.
Aunque existen evidencias de notables mejoras en el nivel de estudios de la población con discapacidad en los últimos años, los resultados que alcanzan en el sistema de enseñanza están todavía muy por debajo de sus posibilidades, aunque muy en línea de las expectativas que nuestra sociedad tiene sobre sus capacidades.
Población con y sin discapacidad de 16 a 64 años, por nivel de estudios. España, 2015.
Esta desventaja en el acceso al sistema de enseñanza no es, como generalmente se tiende a pensar, atribuible a dificultades de aprendizaje relacionadas con problemas de salud o discapacidad intelectual, sino a un diseño del sistema de enseñanza que ofrece menos apoyos, y en muchos casos segrega al alumnado con discapacidad cercenando sus posibilidades de alcanzar un rendimiento escolar máximo.
El acceso a la escolarización en igualdad de condiciones, con los apoyos necesarios y en las mismas aulas que el resto de los niños y niñas, es hoy para las personas con discapacidad un derecho, y así lo contempla la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), firmada, ratificada y vigente en España desde 2008.
Tanto la educación especial, como la inclusión educativa son, o deberían ser, estrategias clave para el éxito escolar de las personas con discapacidad, la primera por su contenido técnico, y la segunda por su aportación social, y socializadora. Aunque aparentemente contradictorias, únicamente lo son en realidad cuando entra en juego el espacio, es decir, la ubicación de los recursos especializados en lugares específicos para personas con discapacidad, creando así zonas segregadas, guetos, incompatibles con la inclusión.
La educación especial no es, o no debería ser, enemiga de la inclusión educativa, muy al contrario, aquella es una herramienta fundamental para que esta sea efectiva. Desde esta perspectiva, cualquier instancia de la administración educativa puede y debería ser “de Educación Especial”, si cuenta con los recursos adecuados para la enseñanza de cualquier niño o niña, incluidos aquellos con mayores necesidades de apoyo.
La centralización de estos recursos especializados en un mismo edificio (el Centro de Educación Especial) es una mera opción burocrática que mantiene algunos de los efectos virtuosos de la especialización (aprendizaje, calidad de vida, seguridad, respeto), pero también los perniciosos de cualquier forma de institucionalización (segregación, invisibilización, discriminación, falta de expectativas).
El proceso de inclusión educativa fue iniciado en nuestro país de manera efectiva a mediados de los años 80. Desde entonces, las cifras de alumnado matriculado en modalidad inclusiva indican a primera vista un notable éxito, con más de un 80% de alumnado con discapacidad matriculado en centros ordinarios ya a finales de los años 90, resultado que, en términos estadísticos, nos ha situado a la cabeza en el entorno europeo.
Pero desde entonces hasta la actualidad el impulso del sistema educativo hacia la inclusión de las personas con discapacidad en las mismas escuelas que la población general presenta signos de estancamiento. Lo cierto es que no se ha culminado de facto un vaciamiento de los Centros de Educación Especial, antes al contrario, la cifra de niñas y niños escolarizados en centros segregados ha crecido de manera constante en los últimos 15 cursos.
Alumnado que presenta necesidades educativas especiales por discapacidad, escolarizado en Educación Especial. España 1990-2016.
De la misma forma que el éxito de la inclusión educativa no se puede explicar por una sola causa, tampoco puede hacerse respecto a su estancamiento, o su fracaso. La evolución de las cifras de escolarización en centros especiales tiene que ver con múltiples factores, entre los que obviamente está la gestión de los recursos del sistema.
Merece la pena nombrar entre esos factores, dos: la dispersión de prioridades y estrategias educativas como consecuencia de la transferencia de competencias educativas a las comunidades autónomas por un lado, y las limitaciones de recursos de apoyo disponibles, estructurales históricamente y coyunturalmente incrementadas por la gran crisis económica que estamos viviendo.
Más allá de la escasez de recursos o las prioridades políticas, existen elementos relacionados con las actitudes de los equipos de orientación hacia la inclusión, la falta de formación, las expectativas de las familias, o la resistencia al cambio de un sistema demasiado acostumbrado a segregar a aquellos alumnos y alumnas cuyo derecho a la educación inclusiva supone un incómodo reto en las aulas.
En cualquier caso, no es la primera vez que el sistema escolar se resiste a admitir, sin discriminación y en igualdad de condiciones, a otros colectivos víctima de desigualdad, como las mujeres, las clases más pobres o las minorías étnicas. Pero al final lo hizo, con éxito, como es de esperar que ocurra con la inclusión de la población con discapacidad en los próximos años.
(Extracto de este artículo escrito para la revista Panorama Social de Funcas)
