El síndrome de Down es una de las causas principales de discapacidad intelectual, que afecta en España a unas 35.000 personas. El análisis demográfico y de exclusión social de esta población, evidencia dos fuerzas contrapuestas que afectan de manera clara a su dimensión futura.
Por una parte se ha demostrado una clara tendencia hacia la expansión de la población, derivada de las mejoras en salud y su consiguiente extensión de la esperanza de vida. Estas mejoras, además, van aparejadas de mejores niveles de inclusión social, fundamentalmente de las generaciones jóvenes.
Por otra parte, existe una tendencia crecientemente fuerte hacia la reducción de la natalidad, relacionada con las medidas de detección precoz y la interrupción del embarazo. El análisis generacional indica por tanto que los grupos de edad más jóvenes, que presentan mejores resultados de inclusión social, son paradójicamente cada vez menos numerosos, ello a pesar de que la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), vigente en España, impide que la discapacidad pueda ser tomada como causa especial de interrupción del embarazo.
El Modelo Social de la discapacidad y la CDPD evidencian que las situaciones de discapacidad tienen una explicación básicamente social, como formas de discriminación relacionadas con condiciones de salud o funcionales. Siguiendo esta lógica, las personas con síndrome de Down se muestran como un grupo poblacional especialmente expuesto a la exclusión social en todos los ámbitos, antes incluso de su nacimiento.
La población con síndrome de Down en España, cada vez más formada, exigente e independiente, recibe además mensajes contradictorios, en un contexto que formalmente expresa altas expectativas sobre un futuro de inclusión social, pero que en en la práctica reduce de manera radical las tasas de natalidad, a través de la detección precoz. Cabe preguntarse por qué, y si es posible, hasta cuándo.
