Según la fuente estadística más reciente (INE, 2022), en España viven casi 4,5 millones de personas con discapacidad, de las que 2,6 millones son personas mayores de 64 años. Por tanto, tres de cada cinco personas con discapacidad en España tienen 65 o más años, y buena parte son mujeres. La tasa porcentual de discapacidad, que en la población general apenas llega al 10% de la población, a partir de los 85 años supera el 50%. La relación entre discapacidad y edad es pues directa y creciente en intensidad.
Aunque la discapacidad puede ocurrir en cualquier parte y en cualquier momento del ciclo vital, es en la etapa de envejecimiento donde más surgen situaciones que pueden causar una discapacidad. Las estadísticas lo confirman: hay más discapacidad en la edad adulta y mucha más en la adulta mayor.
La discapacidad no es generalmente resultado de condiciones de salud congénitas o perinatales, muchas veces tiene que ver con situaciones que se producen a lo largo de la vida, como exposición a riesgos, accidentes o problemas de salud crónicos. De hecho, las enfermedades crónicas, que aumentan conforme avanza la edad, pueden causar discapacidad.
El carácter sobrevenido de la discapacidad para muchas personas adultas mayores requiere considerar la necesaria adaptación de los contextos en los que la persona ha vivido libre de discapacidad a lo largo de su vida, pero también la adaptación de las personas, las que le rodean, empezando por ella misma. La aparición de cualquier condición de salud que tiene consecuencias funcionales impone entender y asumir una nueva realidad.
Las circunstancias a las que se enfrentan por tanto las personas con discapacidad mayores implican riesgo de pérdida de autonomía personal combinada con falta creciente de apoyos, ya sean estos familiares o profesionales, así como adaptación de la vivienda, y adquisición de otros productos de apoyo, tales como audífonos, gafas y recursos para la movilidad dentro y fuera del hogar, entre otros.
El perfil de las deficiencias relacionadas con la discapacidad en la población adulta mayor es, además, sensiblemente diferente al tradicionalmente conocido para la población con discapacidad. Los deterioros de la audición, la visión y cognitivos relacionados con demencias son mucho más frecuentes en esta etapa.
Dentro del cada vez más numeroso grupo poblacional de los adultos mayores con discapacidad, la población mayor de 80 años genera desafíos de gran envergadura. La existencia de limitaciones se agrava aún más después de esta edad, a la vez que van desapareciendo las redes familiares que prestan apoyos en el hogar. Todo ello determina un incremento de las necesidades de prestaciones y servicios, que, como en el caso de la población con discapacidad en edades más tempranas, deben focalizarse en el fortalecimiento de su autonomía e inclusión social.
Aunque en etapas anteriores de la vida las personas con discapacidad ya han experimentado ciertas limitaciones funcionales y se han enfrentado barreras, el envejecimiento no deja de ser una etapa en la que puedan profundizarse o multiplicarse las situaciones de discapacidad. Por ello, en esta etapa deben estimularse las capacidades cognitivas, físicas y sociales para que sean la base de un envejecimiento activo y saludable.
Asimismo, resulta de vital importancia asegurar que los cuidados no recaigan con exceso en la familia, y de entre esta, de manera generalizada en las mujeres. Cuando hablamos de los apoyos familiares a personas con discapacidad de 80 o más años, nos referimos casi en exclusiva a las hijas, con mucha más frecuencia que los hijos, lo cual no deja de ser una manifestación más de la necesaria perspectiva de género a la hora de estudiar este fenómeno.
Pero las personas con discapacidad mayores de 64 años presentan algunos indicadores de inclusión social que les sitúan en ventaja respecto a otros estratos de la población con discapacidad. Según la EDAD2020, más del 95% de la población reconoce recibir algún tipo de ingresos en forma de pensión, aunque sin determinar carácter o cuantía.
Aunque el riesgo de soledad afecta severamente a esta población, ya que casi un millón vive sola, las viviendas que habitan están ligeramente menos afectadas por riesgo de insalubridad que las de la población con discapacidad menor de 65 años.
En definitiva, y como ya se ha mostrado en estudios anteriores sobre exclusión de la población con discapacidad (OED, 2019), la extensión de sistemas de protección y el bienestar acumulado por las generaciones mayores en España parecen servir también como factor de protección para la población mayor con discapacidad.
