Vivimos en tiempos donde las noticias relevantes se diluyen “como lágrimas en la lluvia” y las anecdóticas adquieren tintes trascendentes para esfumarse en unas horas. Esa sensación tuve el pasado 27 de diciembre cuando el Consejo de Ministros de España aprobó el 7º Plan General de Residuos Radiactivos que conllevaba el cierre de las Centrales Nucleares españolas entre los años 2027-2035, y otras decisiones de gran calado. Las consecuencias económicas, ambientales y técnicas se extenderán durante decenas de años y ha pasado prácticamente inadvertida. Es una de esas decisiones que exceden claramente a quien gobierne en un momento determinado en las que debe imperar sobre todo los criterios científico-técnicos y, como veremos, no ha sido así.
El conjunto de todas las Centrales Nucleares españolas acumulan como combustible irradiado unos 8700 metros cúbicos, el equivalente a 2 piscinas olímpicas. Existe la posibilidad de reciclar y reutilizar el 95% de este material y pero se opto por considerarlo combustible gastado y tratarlo como residuo de alta actividad.
En diciembre de 2004 el Parlamento Español estudió el asunto y llegó a la conclusión de que la mejor solución era construir un almacén temporal centralizado (ATC) al que trasladar todo el combustible gastado y los vidrios de alta actividad almacenados en Francia. Un ATC no produce ningún tipo de emisiones, por ejemplo, el de Holanda está situada en un polígono industrial.
En diciembre de 2009 ( durante la etapa como presidente del Gobierno de J. L. Rodríguez Zapatero) se efectuó la convocatoria pública para la selección de los municipios candidatos a albergar el emplazamiento del ATC. Hubo trece municipios candidatos, procedentes de cinco comunidades autónomas diferentes. En 2011, bajo el gobierno del recién investido M. Rajoy, cuando se adjudicó el ATC a Villar de Cañas (Cuenca). Parecía que los políticos se habían puesto de acuerdo en un tema que afectaría a varias legislaturas. Pero años después todo resultó ser un espejismo. Tras unas nuevas elecciones en Castilla-la Mancha, un gobierno de coalición, presidido por E. García-Page, se desentiende del acuerdo que alcanzaron sus predecesores y recurre a diversas maniobras legales para paralizar el proyecto, como fue declarar en 2015 parte de la finca donde se construirá el ATC zona de especial protección para las aves (ZEPA), posteriormente anulada en 2020 por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. En 2018 la misión internacional ARTEMIS ratificó que la mejor opción para almacenar este material seguía siendo la construcción del ATC, viendo en ese punto una fortaleza destacable del programa español de gestión de residuos radiactivos. Los estudios para construir el ATC en Villar de Cañas continuaron, al igual que los litigios.
Marcha atrás: siete almacenillos en vez de un almacén y un millón de horas de ingeniería tiradas
Después de varios años y un gasto de varios millones de euros, en julio de 2018 el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) pide al CSN que interrumpa su evaluación, casi terminada, de cara a la concesión del permiso de construcción (un consejero del CSN declaró que faltaban 15 días para dar la autorización). En el proyecto había trabajo centenares de técnicos que habían invertido alrededor de un millón de horas. Imagino como se habrán sentido al ver ignorado su trabajo.
Tras más de cuatro años de paralización, finalmente el 27 de diciembre se cierra esta vía. Lo que ha ocurrido con la aprobación del 7º Plan de Residuos y se opta por construir siete almacenes temporales individuales (ATI), uno en cada central nuclear. Allí permanecerán (así se dice) al menos hasta 2073 donde supuestamente se dispondrá de un Almacén Geológico Profundo en el que serán enterrados definitivamente. Si algo tan sencillo como el ATC no ha habido acuerdo ¿la habrá para el AGP? Decenas de años después de cerradas las CC NN y haya que diseñar el AGP ¿Qué experiencia tendrán los técnicos que diseñen el proyecto?
Comparativa de los costes totales para el periodo 1985-2100 del 6º PGRR, que recogía un solo almacén temporal, y del 7º PGRR, con siete almacenes. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
En la solución centralizada, los emplazamientos de las centrales nucleares una vez clausuradas quedarían libres para otros usos. Ahora deberán permanecer indefinidamente como emplazamientos nucleares con zonas de acceso restringido, al menos hasta 2073, me temo que será mucho más tiempo. Esta decisión supondrá un sobrecoste de varios miles de millones de euros. En concreto: La diferencia entre el 6º Plan de Residuos y el nuevo implica un sobre coste de 10,14 miles de millones de euros, con un sobrecoste del 56%.
Además, al perder el ATC y su centro tecnológico de I+D se complican innecesariamente los problemas de seguridad, ya que habrá que construir una instalación donde poder manipular los contenedores de combustible gastado, para su mantenimiento y eventual reparación, pudiendo necesitar traslados temporales entre los almacenes. Al respecto el 7º Plan se dice que se construirá una en 2031 pero no se dice dónde. Es decir: Se deja el problema sin resolver.
Otro tanto ocurre con la protección física y ambiental, cuya complejidad se multiplica también por siete.
Además, habrá que construir un nuevo almacén temporal en el emplazamiento de Vandellós I (se dice que estará operativo en 2027) para poder retornar a España los residuos de Francia (mientras tanto se pega una penalización de 100 000 euros al día por solo 14 m3 de residuos alta actividad, lo que cabe en una habitación). La opcion de de 7 ATI frente al ATC era muy inferior técnicamente, .en esta opinión coincide la mayoría de los expertos.
Lo curioso es que en el propio 7º Plan General de Residuos Radiactivos se reconoce implícitamente que la solución no es la apropiada y que se toma por razones políticas: Tras la consideración de las alegaciones formuladas durante el periodo de información pública y consultas, se han puesto de manifiesto las dificultades que se plantean para lograr el necesario grado de consenso social, político e institucional para la construcción de una instalación de esta naturaleza, por lo que se considera inviable disponer de un ATC. Es decir, se ha elegido esta opción que se sabe peor y más cara. Naturalmente, todos los extracostes asociados a esta decisión los deberá soportar el consumidor de electricidad, es decir, todos los ciudadanos.
En la nota informativa aprobando el Plan se dice que: El 7º PGRR prevé unos costes futuros de 20.220 millones de euros que, de acuerdo con el principio de ‘quien contamina, paga’ que los aportaran los titulares de las instalaciones nucleares (es decir: implicará un incremento del recibo de la electricidad). De acuerdo con ‘quien contamina, paga’, pero si ese coste es muy superior al que una gestión eficiente permitiría por razones ajenas a quienes tienen que pagarlos ¿Es justo trasferir los costes por ineficiencia? Está claro que es terreno abonado para los juristas más que para los técnicos.
Si quieres leer el artículo completo puedes hacerlo aquí: https://diarium.usal.es/guillermo/residuos-y-centrales-nucleares/
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