Irresponsabilidad

Siempre he pensado que la ortografía debe tenerse en cuenta en la calificación de los exámenes, trabajos y ejercicios escritos de todas las asignaturas y áreas de conocimiento (no solo en las relacionadas específicamente con la lengua) y en todos los niveles de enseñanza, ya que el dominio de la norma gráfica es necesario para todos los ciudadanos y en una gran variedad de situaciones a lo largo de la vida. ¿Están el biólogo, el jurista o el policía menos obligados a respetar la ortografía que el lingüista o el literato? Evidentemente, no. Por eso, no puedo estar más de acuerdo (¿anglicismo?) en que los procesos de selección para el Cuerpo Nacional de Policía incluyan pruebas sobre dominio de la ortografía, una de las cuales ha sido recientemente motivo de titulares y, cómo no, ha incendiado las redes. A cualquier trabajador del sector público, que sostienen los sufridos contribuyentes, se le debería exigir, además de diligencia y buenos modales, el dominio de una serie de competencias; la más básica de ellas es probablemente la capacidad de expresarse con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua oficial de la nación (e, idealmente, en alguna más).

El problema surge cuando dichas pruebas no se elaboran (aparentemente) para medir de manera coherente y objetiva el dominio de las habilidades requeridas, sino (de nuevo aparentemente) para reducir el número de competidores. Solo se trataría de la enésima forma de utilizar las lenguas como armas de destrucción (o distracción) masiva. Como decíamos, un simple test ortográfico para aspirantes a policía es lo que ha dado lugar a la polémica. Antes de continuar con la lectura de esta entrada, lo ideal sería responder al citado test aquí; se trata, simplemente, de indicar cuáles de las formas propuestas son correctas y cuáles no. En mi caso, he obtenido 83 aciertos sobre 100 preguntas. Teniendo en cuenta, además, que los fallos descontarían puntos, no se puede considerar un resultado muy brillante para un coautor de Yo eso no lo digo e incansable azote del analfabetismo público y estudiantil por medio de este blog, de un álbum en FB y de un pílot rojo. En mi descargo aclararé que no conozco a nadie que haya mejorado mi marca (espero comentarios de quienes lo hayan conseguido). Y lo cierto es que abundan las preguntas ambiguas y directamente rechazables; para acertarlas todas, el futuro agente de la ley necesitaría haber realizado un máster en rarezas ortográficas y, además, tener mucha suerte.

Entre las 100 palabras figuran, en primer lugar, varios extranjerismos que están perfectamente escritos en su lengua de origen y, es de suponer, también en español (ya que así los recoge el DLE): apartheid, byte, spot, paparazzi o remake. A pesar de ello, la aplicación los marca como erróneos. La única explicación posible es que se haya considerado que estos términos deben escribirse en cursiva; pero no parece que se advirtiera a los opositores sobre la necesidad de tener en cuenta esta circunstancia. No escasean, por otro lado, los términos extranjeros con una grafía españolizada que recoge el diccionario, pero que no utiliza casi nadie; es decir, esos vestigios de la época chauvinista en que la RAE recomendaba genialidades sonrojantes como güisqui y cederrón: aquí se proponen biquini, bum, ocapi, bróculi, rocanrol o nailon. Otro grupo bastante numeroso lo forman dialectalismos de España y América y términos jergales o vulgares que no parecen especialmente necesarios para el ejercicio de la función pública: cádava, bacallao (el propio corrector me lo sustituye por bacalao, y sin embargo no hay motivo), bribión, carriño, almóndiga, bago, chachá, aruñar, buniato, champurrear, sinvergüenzón (solo faltan los famosos asín y toballa para que directamente nos concedan el doctorado en norma vulgográfica). Se considera incorrecto azúa (por azua, vocablo de Ecuador y Perú), pero se olvida que Azúa es el apellido de, entre otras personas, un escritor y miembro de la propia RAE (y, al menos en la aplicación manejada, aparece con mayúscula; nueva sospecha de que, o bien se intenta despistar, o los responsables del examen no se han molestado en comprobar posibilidades).

También podemos encontrar, ciertamente, palabras ”de examen de ortografía”, esto es, que son frecuentes (preferentemente en el uso formal), pero que presentan cierta dificultad: aquiescencia, banal, enhebrar (una de mis favoritas), entreverar, aun, reumático, veintiuno, cayado, rehuir, malhechor, damnificado, etc. Pero, en el caso de otras, se trata simplemente de trampas, ya que, o son rarísimas en el uso común (diciente, bes, cerebración, apotegma) o, más que errores gráficos habituales, parecen simples erratas (acetunado, sáncrito). Caberé, que se marca como correcto, no aparece en el DLE, así que ni siquiera sabemos muy bien qué es. La prueba se remata con okupar, payasada máxima que la Academia decidió consagrar hace pocos años como muestra de que sus, en general, vetustos miembros saben ser muy cool (¿o mejor kul?) cuando se trata de contentar a ciertos grupos de presión a los que, seguramente, les importa poco lo que diga la norma.

Desde luego, no se puede decir que en la ortografía española escaseen los aspectos complejos que pueden crear dudas, incluso, a hablantes de una preparación cultural considerable. Un buen examen de esta materia, más que una colección de casos raros para entretenimiento de lingüistas, debería ser una revisión de las principales homofonías y paronimias que dan lugar a equivocaciones en el uso cotidiano: palabras con b y v, con g y j, con ll e y, con h y sin ella; los casos de porque y sus variantes, sino / si no, a ver / haber, aparte / a parte, entorno / en torno, y tantos otros junto a esos aun y cayado que sí figuran (pero que hubieran sido mucho más útiles si se hubieran formulado en un contexto). Cabe la sospecha de que quienes diseñaron la prueba de la Policía Nacional no son profesores de Lengua Española; y, si lo son, probablemente llevan ya muchos años entronizados en despachos desde los que no necesitan mantener un contacto asiduo con el mundo real. Evaluar conlleva, por encima de todo, que quien evalúa domine la materia en cuestión y sea capaz de plantear pruebas claras, objetivas y justas, que realmente permitan medir el grado en que otros dominan esa materia, y no su capacidad de acertar por mera suerte o intuición. Lo contrario es irresponsabilidad; la misma, quizá, que a lo largo de los años ha permitido que muchos “evaluadores” de saldo ocupen hoy puestos de mayor o menor importancia en el sector público, y se les reconozca la prerrogativa de “evaluar” a otros.