El derecho a la educación es un derecho humano fundamental. Para poder hacerlo efectivo deben existir igualdad de oportunidades y acceso universal, lo que lleva a cuestionar la educación de los privados de libertad.

Por su parte, el art. 27 de la Constitución española establece que todos tienen derecho a la educación, que tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.

Así pues, teniendo en cuenta que la reinserción social es la finalidad de la pena privativa de libertad (art. 25.2 CE) y que la educación juega un papel fundamental en ello, ¿cómo es posible que los reos no tengan el mismo acceso a la educación que el resto?

Es cierto que en la visita al Centro Penitenciario de Topas pudimos ver a varios presos estudiando y leyendo en la biblioteca. Es más, algunos de ellos nos contaron que estaban cursando diferentes carreras universitarias a través de la UNED.

No obstante, no hay que olvidar que las únicas herramientas de las que disponen son los libros físicos, ya que tienen prohibido el acceso a Internet.

Quizá hace 50 años, cuando aún no existían las TICS, la igualdad de condiciones estaba más equiparada, pero hoy en día que prácticamente Internet es el “libro abierto” para todos los ámbitos de la vida, ¿existe dicha igualdad?

En mi opinión, sería necesario que les autorizasen el acceso a las plataformas digitales para sus estudios, y es que actualmente es totalmente posible controlar dicho acceso a las páginas web, por lo que, como se hace en los colegios, se puede restringir su uso para fines ajenos a la búsqueda de información pertinente para el ámbito docente.

Y es que el derecho a la educación es un derecho inherente a toda persona, esté o no privada de libertad ambulatoria, por lo que la restricción o privación del mismo supone una vulneración de un derecho que es fundamental para todo individuo pero que quizá lo sea aún más para aquellos que están buscando su reinserción en la sociedad.

Pues por lo general el aprendizaje en prisión tiene repercusión de manera favorable en la reincidencia, la reintegración y más concretamente en las oportunidades de empleo tras la excarcelación. Yendo un paso más, la educación es mucho más que una herramienta útil para el cambio; es un imperativo en sí, por lo que se debe garantizar el mismo acceso y los mismos recursos que la educación en libertad, para poder desarrollar este derecho de manera real y efectiva.

Marina Álvarez Gómez

Línea de Intervención Penitenciaria y Derechos Humanos

Clínica jurídica de Acción Social

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la posesión de un dispositivo electrónico se incrementa significativamente a partir de los 10 años. Resulta alarmante como cada vez más los menores tienen de manera precoz un fácil acceso a dispositivos electrónicos propios, como ocurre con los teléfonos móviles. Y con ello, el paso a las redes sociales, lo que en muchos casos conlleva poner en juego derechos como el honor, la intimidad o la propia imagen. Derechos que son inherentes a la propia persona, inalienables, indisponibles e imprescriptibles. No obstante, no se apreciará la existencia de intromisión cuando el titular del derecho hubiere otorgado su consentimiento, como establece la LO 1/82, de 5 de mayo, de protección civil del honor, intimidad personal y familiar y la propia imagen.

¿Qué sucede en el caso de los menores de edad? Actualmente ha surgido un nuevo concepto, el oversharing, que describe la obsesión por compartir en las redes sociales todo aquello que hacemos, ya sea a través de fotos o vídeos. En numerosas ocasiones se aprecia cómo los padres son los primeros en compartir mucha información e imágenes sobre ellos mismos y sobre sus hijos.

Como ya indicamos, una vía de protección de los derechos al honor, la intimidad y la propia imagen es el consentimiento. Sin embargo, los menores no siempre tienen la madurez y la capacidad de comprensión que se requiere para emitir un consentimiento válido. En el caso de no tener madurez suficiente, será necesaria la intervención de sus representantes legales, normalmente sus padres como titulares de la patria potestad o, a falta de éstos, de sus tutores, que deberán consentir por escrito y poner en conocimiento previo del Ministerio Fiscal el consentimiento proyectado. Si en el plazo de ocho días el Ministerio Fiscal se opusiere, resolverá el Juez (artículo 3 de la LO 1/82).

Por tanto, los menores de edad son titulares de estos derechos al honor, la intimidad y la propia imagen, pero mientras no sean maduros no podrán consentir por sí mismos y, cuando consienten sus padres, en algunos casos va a resultar fundamental la labor de control y supervisión del Ministerio Fiscal , para proteger a menores y adolescentes de intromisiones ilegítimas a través de las redes sociales, los canales de YoutTube, etc., especialmente cuando los titulares de la patria potestad consienten actuaciones que no son acordes al principio del interés del menor.

Los padres tienen la responsabilidad de proteger la intimidad, el honor, y la imagen de sus hijos, por lo que han de actuar con sensatez y evitar la sobreexposición.  De los perfiles en las redes sociales puede obtenerse mucha información, y se pueden generar riesgos, que resultan especialmente graves en el caso de los menores, por su mayor vulnerabilidad. Por ello, los padres deberían pensar cómo actuar al subir contenido sobre los niños y cómo enseñarles a hacer un buen uso a las redes sociales.

Quiero finalizar con una pequeña reflexión. Como por todos es conocido, los menores aprenden por ósmosis, es decir, imitando las conductas de otras personas. Si los padres son los primeros en ejercer esta práctica del oversharing, ¿cómo vamos a pedir a los niños y adolescentes que protejan su esfera privada?

Andrea Martín del Rio

Línea Menores y uso de Internet de la Clínica Jurídica de Acción Social

En la actualidad, las personas con discapacidad se ven discriminadas tanto por parte de la sociedad como de las instituciones. Con todo, el surgimiento del movimiento asociativo, que tuvo lugar desde el fin de la dictadura, ha sido un elemento clave para garantizar ciertos derechos y la inclusión de este colectivo, mejorando poco a poco sus condiciones de vida y las de sus familias.

Si echamos la vista atrás, fue a principios del siglo XX cuando la discapacidad comenzó a ser objeto de debate e interés entre las instituciones y las distintas agrupaciones de carácter profesional. Durante la II República española, se reunieron numerosos esfuerzos en forma de ayudas y apoyos a las personas con discapacidad. Así, tuvo lugar en este período la apertura de centros asistenciales y la formación de expertos en la materia, iniciativas que se vieron truncadas por el estallido de la Guerra Civil y la instauración de la dictadura franquista.

Así las cosas, cabe preguntarse si el lento avance en materia de inclusión pueda ser fruto de la desatención y marginación que sufrieron las personas con discapacidad durante el régimen franquista.

No es dificil imaginar que, durante este sombrío espacio de tiempo, las prioridades del régimen no estaban enfocadas a proporcionar ayudas a las personas con discapacidad, ya que debían afrontar otros desafíos como el hambre, la devastación y la pobreza derivadas del conflicto armado que puso fin a la II República.

Al comienzo de la dictadura, la labor del régimen se orientó a la eliminación de cualquier vestigio de carácter republicano que hubiese logrado sobrevivir a la guerra. Así, se procedió a la remodelación de los centros de carácter asistencial para adaptarlos a las demandas del bando nacional. En este sentido, las personas con discapacidad quedaron relegadas a vivir y relacionarse únicamente dentro de su ámbito privado, permaneciendo encerrados en sus casas durante largos periodos de tiempo.

Las personas con discapacidad se hallaban fuertemente estigmatizadas. No eran consideradas ni siquiera como personas, representaban incluso una vergüenza para las propias familias. A mayores, la falta de educación, información y visibilidad hizo que la sociedad los mantuviera al margen.

En los albores de la democracia, el movimiento asociativo de las personas con discapacidad comienza a tomar fuerza. Esto supuso visibilizar la problemática asociada, así como la concienciación, lenta pero progresiva, de la sociedad española en su conjunto.

Sin duda, queda mucho camino por recorrer en materia de inclusión para asegurar y mejorar los derechos y las condiciones de vida de las personas con discapacidad. Necesitamos más educación, compromiso y dedicación para garantizar la plena igualdad, que esperemos, pueda ser muy pronto una realidad.

Isabel Martín García

Línea Discapacidad y Dependencia

Clínica Jurídica de Acción Social

“Víctimas del pasado y víctimas del presente” es como se tituló el taller, a cargo de Javier Chinchón, profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad Complutense, en el que los alumnos de la línea de Memoria Democrática participamos el pasado viernes, día 12. El motivo para elegir este título fue que en una sociedad donde cada día se reclaman más derechos, a menudo nos olvidamos de quienes lucharon para conseguir los que disfrutamos hoy, de quienes padecieron 40 años de dictadura y represión, y llevan otros tantos sin ser reconocidos y comprendidos.

El sufrimiento de una generación entera y su descendencia sigue en el olvido. Estos fueron víctimas del franquismo, pero siguen siendo víctimas de la indiferencia de los gobiernos democráticos. España, que es el país con más desapariciones en Europa, sigue aún sin reparar a miles de familias que perdieron a uno o varios de sus miembros.

El Estado tiene un deber de reparación para con las víctimas, no solo a través de indemnizaciones, sino también para satisfacer daños morales, entre otras obligaciones. Concretamente, hemos de exigir al Estado que adopte las medidas que sean necesarias para que puedan obtener una reparación conjunta. Esta reparación debe estar basada en los principios de verdad, justicia, reparación y memoria, y en garantías de no repetición.

Todas las medidas adoptadas por el Estado en sus políticas públicas deben estar fundamentadas en el principio de “efecto útil”, con la finalidad de llevar a cabo una política de recuperación de la memoria democrática que sea eficaz y factible, siguiendo una metodología que nos guíe para adoptar las medidas más idóneas y para que puedan desplegar todos sus efectos reparadores.

Aunque nuestro país está obligado a ello –de acuerdo con un principio general de Derecho internacional–, es un hecho que las víctimas siguen sin obtener reparación. En muchas ocasiones estas no buscan una indemnización, sino solo satisfacción. Una satisfacción que puede consistir en algo tan sencillo como saber dónde se encuentra un ser querido. Debe hacerse todo lo necesario para que las víctimas se sientan reparadas de manera general. Y, puesto que hablamos de satisfacción, en nuestra opinión sería un paso importante derogar la Ley de Amnistía 1977, que institucionalizó la impunidad. Lamentablemente, esta medida tampoco está prevista en el nuevo Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática.

Es bien sabido que nuestro aparato de justicia tiene algunas carencias, viéndose a veces incapacitado para llevar a cabo todas las medidas necesarias. Esto se ve reflejado en que España no está cumpliendo las recomendaciones del Consejo de Europa y no ha tenido en cuenta el proceso penal de 2006, en el que se concluyó que los hechos de la dictadura debían ser castigados penalmente y perseguibles en el contexto internacional.

Otra muestra de los defectos de nuestro sistema es la insuficiencia de la Ley de Memoria Histórica de 2007. En España, a día de hoy, siguen siendo visibles vestigios y símbolos franquistas, persiste un planteamiento erróneo de las exhumaciones de fosas comunes, los jueces y fiscales no realizan las debidas investigaciones, las reparaciones económicas son limitadas, etc. Todo ello justifica el actual Anteproyecto de ley, en el que están puestas muchas esperanzas. El Anteproyecto promete devolver a muchas familias lo que les fue arrebatado, para cerrar heridas y seguir avanzando. También se prevé un gran esfuerzo para realizar exhumaciones. Recordemos que se calcula que en España hay 114.226 civiles desaparecidos. Además, el Estado español ha ratificado las resoluciones y convenciones sobre desapariciones forzadas que se han planteado en la Asamblea de Naciones Unidas, así como las convenciones para la recuperación de los desaparecidos. En la transición se formaron comisiones en el Congreso de los Diputados y en el Senado sobre los desaparecidos españoles en Chile y Argentina, pero no hubo ninguna sobre las víctimas de nuestra dictadura, cuyos familiares siguen esperando a que un Gobierno se comprometa con el restablecimiento de sus derechos.

El Estado ha de ser consciente de sus obligaciones, pero más aún de la deuda que mantiene con las víctimas. Hemos visto a países vecinos como Portugal reparar el daño, o cómo para Alemania no es un tabú enseñar su historia, algo en lo que en España tenemos otra carencia. Para remediarlo, es preciso seguir las indicaciones de órganos internacionales (pidiendo ayuda si fuera necesario) para cumplir con lo que es debido.

No podemos olvidar que la lucha no terminó en 1939, ni tampoco en 1975. Por esta razón, seguiremos reclamando lo que las víctimas merecen: justicia, reparación y memoria.

Elizabeth Sánchez Castañón

Luis Enrique Sánchez Morales

Línea de Memoria Democrática de la Clínica Jurídica de Acción Social

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha puesto en marcha una campaña informativa en relación con las observaciones y recomendaciones que el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas ha realizado a España a propósito del grado de cumplimiento de algunas de las disposiciones contenidas en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Así, el pasado lunes 8 de marzo, CERMI recordaba cómo el citado Texto establece en su artículo trece que los Estados Parte deben asegurar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad, en todos los procesos y en todas las fases del procedimiento judicial, promoviendo en este sentido la formación de sus empleados. Puede consultarse esta información en el enlace siguiente: http://semanal.cermi.es/noticia/Que-dijo-Naciones-Unidas-Espana-cumpla-Convencion-Discapacidad-5.aspx.

En 2008, el Instituto Nacional de Estadística estimó que, en nuestro país, hay al menos un millón de personas que tienen algún tipo de discapacidad auditiva, aunque algunos estudios apuntan a que esta cifra puede ser mayor. Aunque la mayoría se beneficia de algunos sistemas de apoyo, ello no quita para que, en el día a día, se enfrenten a numerosos obstáculos. Pensemos, por ejemplo, en el uso de megafonía como un medio para ser atendidos en ciertos lugares (como los consultorios médicos), los timbres de las casas, o los contenidos audiovisuales sin subtítulos.

Aunque el mundo de la justicia ha puesto en marcha algunas iniciativas loables, como traducir ciertos formularios a lectura fácil, se trata de un reto para el resto de las profesiones, puesto que estas pueden ayudar considerablemente a que estas personas se sientan integradas en todos los ámbitos de la vida diaria. En este contexto, estas serían algunas recomendaciones:

1º. Lo primero y fundamental es el no dar por hecho que, por tener un tipo de discapacidad auditiva, esa persona no puede escuchar absolutamente nada, o no puede comunicarse de alguna manera.

2º. Para llamar su atención, debemos hacerlo de forma natural y tranquila. Se recomienda tocar su brazo o su hombro para que no se asuste, aunque puede que lo más prudente sea limitarnos a agitar la mano o el brazo para entrar en su campo de visión, golpear el suelo o una mesa, en su caso, para que capte las vibraciones, o, incluso, apagar/encender las luces para llamar su atención.

3º. La atención y la comunicación siempre deben centrarse en la persona. Frente a un grupo, debemos dirigirnos preferentemente a quien cuenta con esa discapacidad. Lo ideal es mantener un contacto visual lo más constante posible, en un entorno luminoso, permitiendo que pueda leer tanto nuestros labios como nuestra expresión (en la situación actual, lo mejor sería utilizar mascarillas homologadas para personas con discapacidad auditiva). Teniendo esto en cuenta, si esa persona tiene que leer un texto o mirar una imagen, debemos ser pacientes para continuar con la comunicación, una vez que el contacto visual vuelva a nosotros.

4º. Hablar con naturalidad. El levantar la voz no hace que nos escuche mejor (puede incluso ser lesivo para esa persona si utiliza un audífono o un implante); tampoco es aconsejable exagerar las palabras ni recortarlas para hacernos entender. Es mejor utilizar frases cortas y concisas, vocalizando, expresarse con naturalidad y claridad, para así transmitir el mensaje de la forma más clara posible.  Para ello, también ayuda acompañarse de gestos o de la escritura y, en caso de que no nos entienda, repetir lo que hemos dicho pero utilizando otras palabras.

5º. Formarnos en Lengua de Signos y sistemas de comunicación alternativos e informarnos con las federaciones y asociaciones existentes.

Pero lo más importante y esencial siempre va a ser ponernos en su lugar.

“Qué importa la sordera del oído cuando la mente oye, la verdadera sordera, la incurable sordera, es la de la mente” (Víctor Hugo).

Emma Rodríguez Medina

Grado en Derecho

Línea de Discapacidad y Dependencia de la Clínica Jurídica de Acción Social

Como cada año, el tercer martes de marzo se celebra el Día Mundial del Trabajo Social, una disciplina científica y una profesión aún desconocidas para la mayoría. El Trabajo Social promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social, el fortalecimiento y la liberación de las personas, bajo los principios de la justicia social, los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad.

El lema del Día Mundial del Trabajo Social de este año es “Ubuntu: Fortaleciendo la solidaridad social y la conectividad global”. Ubuntu es una expresión sudafricana, que hizo famosa Nelson Mandela, y que significa “Yo soy, porque nosotros somos”. Ubuntu es sobre todo una filosofía de vida basada en la cooperación entre las personas para conseguir la armonía y el Bien Común.

Circula por las redes sociales la historia de una antropóloga que, interesada en conocer los valores y principios de su cultura, propuso un juego a los niños de una tribu africana. Colocó una cesta llena de fruta junto a un árbol y les dijo que el primero en llegar sería el ganador y podría comerse toda la fruta. A su señal, los niños se agarraron de las manos y corrieron juntos hasta la cesta, al llegar se sentaron y compartieron el premio. La antropóloga, extrañada por el gesto, les preguntó el motivo y ellos contestaron: “Ubuntu”, que significa “¿cómo va a estar uno de nosotros feliz si el resto está triste?”, o como decía León Felipe en uno de sus versos “Voy con las riendas tensas y refrenando el vuelo, porque no es lo que importa llegar solo, ni pronto, sino llegar con todos a tiempo”.

Como los tiempos y los objetivos cambian, se inaugura una nueva estrategia de acción, la Agenda Global del Trabajo Social y Desarrollo Social para la década 2020-2030, en consonancia con la agenda inclusiva de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) del Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo, bajo el lema “Construyendo juntos una Transformación Social Inclusiva”.

Para esta década, el objetivo de la Agenda Global del Trabajo Social y Desarrollo Social es construir y diseñar, todos y todas juntas, sociedades más prósperas y sostenibles, dando mayor voz y participación a los colectivos más invisibilizados, en la misma línea que los objetivos de esta Clínica Jurídica de Acción Social de la Facultad de Derecho (CJAS), en la que Área de Trabajo Social y Servicios Sociales ha puesto su granito de arena. Fue pionera la Profesora Encarna Pérez Álvarez en esto de integrar la disciplina del Trabajo Social en la CJAS, el método clínico, las “artes” que conforman la intervención social, y la lucha por los derechos de los colectivos más vulnerables; y tomó su relevo quién escribe estas líneas, agradecida del aprendizaje que recibo cada día del estudiantado y de mis compañeras profesoras y profesores de la Clínica.

¡Feliz Día del Trabajo Social a todos los que creemos que un mundo más justo es posible!

Nuria del Álamo Gómez

Profesora del Área de Trabajo Social y Servicios Sociales

Coordinadora de la Línea Migrantes y Derechos de la Clínica Jurídica de Acción Social 

El cambio climático ha sido impulsor de este tipo de migración, debido a que los grupos o individuos que escapan de los territorios lo hacen para subsistir ante las situaciones tan perjudiciales que se dan en una emergencia climática donde tienen lugar las catástrofes naturales, tormentas, inundaciones, escasez de cosechas, incendios, subida del nivel del mar, temperaturas extremas, sequía, aumento de la desertificación, todas ellas relacionadas con la incidencia del calentamiento global, perjudicando las condiciones de vida, incorporando otros elementos que pueden ocurrir con la falta de recursos naturales como los alimentos o el agua y que pueden terminar por ocasionar escenarios tensos o disputas armadas que obliguen a la población a marcharse de su lugar de origen.

Todas estas situaciones provocan un importante movimiento migratorio, originando desplazamientos de mayor magnitud que los ocasionados por otros tipos de conflictos. La salida de las personas de los territorios donde las situaciones son tan críticas, hace que se desplacen hacia otros territorios buscando nuevas oportunidades de vida.

Mayoritariamente, cuando las personas escuchan comentarios o noticias del cambio climático lo vinculan más con términos como la contaminación, la lluvia ácida, la disolución de los polos, la circunstancia de la temperatura. Pero estas son solo algunas de las consecuencias, si bien son las más conocidas, ya que son a las que los medios de comunicación prestan mayor atención. Sin embargo, las migraciones climáticas son otra de las consecuencias del cambio climático, de enorme magnitud que requerirá respuestas internacionales en los próximos años.

Hoy en día, es muy difícil calcular el número exacto de los grupos que se mueven por estas consecuencias. Principalmente, porque aún no se acuñado en la legislación internacional esta categoría de migrante climático, ni se contempla con carácter particularizado la categoría de refugiado climático, lo que provoca especiales dificultades para recibir amparo.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha manifestado que se pronostica que en los siguientes cincuenta años alrededor de 250 y 1.000 millones de personas huirán de su hogar a consecuencia del cambio climático.

Los lugares más afectados por el clima desde los cuales se producen estos desplazamientos, según los datos obtenidos por el Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), son India, Filipinas, Bangladesh, China y Estados Unidos.

Es importante tener en cuenta una serie de posibles soluciones para disminuir los efectos del cambio climático que redundará también en este fenómeno, entre ellas la de restringir las transmisiones de gases de efecto invernadero, siendo una exigencia que se encuentra en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, expresado en el objetivo número 13 de acción por el clima y que cada vez afecta más a todos los países del mundo. Junto con el desarrollo de habilidades para la gestión de la migración, contribuyendo por la implantación de energías puras y renovables de la mano del perfeccionamiento tecnológico siendo esencial para alcanzar una ayuda ambiental para un buen crecimiento tanto económico como social.

Noelia García Martín 

Línea de Medio Ambiente y Consumo Responsable

Clínica Jurídica de Acción Social

El movimiento CERMI MUJERES es una organización sin ánimo de lucro cuyo fin principal consiste en la defensa de los derechos de las mujeres con discapacidad. Con este propósito, reivindica la adopción de medidas que puedan mejorar sus vidas y acabar con la discriminación que sufren.

Con ocasión de la celebración del último ocho de marzo (8M), declarado oficialmente Día Internacional de las Mujeres, el movimiento ha llevado a cabo distintas actividades de denuncia y de sensibilización. Entre ellas, destaca la elaboración de un manifiesto titulado ‘’Nosotras también somos mujeres”, adaptado a lectura fácil y lengua de signos, que puede consultarse en el siguiente enlace: https://www.fundacioncermimujeres.es/es/novedades/manifiesto-de-cermi-mujeres-con-motivo-del-dia-internacional-de-la-mujer-8-de-marzo-de

Uno de los aspectos que más llama la atención en relación con su contenido es la crítica que se dirige al movimiento feminista, al cual se considera poco atento a la problemática específica que presentan las mujeres con discapacidad. El hecho de que “no sean tenidas en cuenta” no obsta para que reivindiquen la lucha conjunta, en nombre de la sororidad.

El Manifiesto recoge algunas de las recomendaciones que el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad, órgano encargado de supervisar la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, planteó a España en su Informe de 2019.

Así, el Comité recomienda a nuestro país que asegure el acceso de las mujeres con discapacidad a los servicios de salud, en particular a los servicios de salud sexual y reproductiva. Es un hecho que las mujeres con discapacidad tienen mayores dificultades a la hora de acceder a estos servicios, entre otras razones porque su identidad sexual ha sido una realidad ignorada (estigmatizada incluso) durante mucho tiempo. Un aspecto particularmente sensible tiene que ver con las esterilizaciones forzosas, cuya práctica acaba de ser prohibida en España. En este punto, las mujeres con discapacidad exigen un resarcimiento por parte del gobierno.

En otro orden de cosas, en el citado Manifiesto, se reivindica el diseño de políticas públicas de empleo, orientadas a eliminar la discriminación múltiple a la que se encuentran expuestas. En efecto, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, en 2019 la tasa de empleo de las personas con discapacidad era de un 25.9%, cuarenta y un puntos por debajo de la del resto de la población, afectando en particular a las mujeres.

CERMI MUJERES exige también la puesta en marcha de todas las medidas contenidas en el Pacto contra la Violencia de Género. En este sentido, el Comité mostraba su preocupación en relación con el número de mujeres, muchas de ellas con discapacidad psicosocial, víctimas de esta forma de violencia.

Montserrat Arroyo Sánchez y Esmeralda García Cerrudo

Grado en Derecho

Línea de Discapacidad y Dependencia de la Clínica Jurídica de Acción Social

El miércoles 3 de abril asistimos a una magnífica conferencia impartida por el Secretario de Estado de Memoria Democrática del Gobierno de España, Fernando Martínez López, que delineó las razones de la necesidad de una nueva ley de memoria democrática. Se puede visionar aquí: https://youtu.be/BWif0boqZTQ

¿Cómo es posible que siga habiendo una asimetría de trato en el reconocimiento de las víctimas del bando republicano y las del bando vencedor? Es desalentador que las víctimas del bando vencido no hayan logrado una reparación y que un gran número de ellas se encuentren en fosas comunes dispersas por todo el territorio nacional, mientras que las víctimas del bando vencedor han tenido un reconocimiento general unido a una reparación tanto moral como simbólica y económica.

Durante la Transición surgieron tímidamente algunas iniciativas privadas para las exhumaciones, la eliminación de vestigios, etc. Sin embargo, también se aprobó la Ley de Amnistía (1977), que tan criticada ha sido y cuya derogación tampoco se prevé en el nuevo Anteproyecto de Ley del Gobierno, haciendo caso omiso de las demandas de la sociedad civil, el movimiento memorialista y muchos juristas comprometidos con la recuperación de la memoria democrática.

A pesar de algunos atisbos de luz para la evolución democrática en nuestro país, pronto aparecieron obstáculos como el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, el movimiento del Revisionismo histórico, que pretendía endulzar la dictadura, y la llegada al poder del Partido Popular en 1996, un partido que no ha mostrado especial sensibilidad en temas de memoria democrática.

En general, la memoria democrática ha estado apartada de las políticas públicas. Sin embargo, esto no ha desactivado la lucha por el reconocimiento a las víctimas republicanas, que fue continuada por la nueva generación “de los nietos” y por numerosas asociaciones de memoria histórica que favorecieron la aprobación de la denominada “Ley de Memoria Histórica” de 2007.

Esta ley de 2007, tan necesaria, nació con deficiencias. Desde su aprobación, y debido, en parte, a la llamada de atención del orden internacional y al hecho de que las Comunidades Autónomas aprobaron 12 leyes de memoria histórica -siendo algunas de ellas incluso más avanzadas que la propia ley estatal-, se hace necesaria una nueva ley que permita unir fuerzas para avanzar en la recuperación de la Memoria Histórica y Democrática en España.  El logro de este objetivo ha de asentarse en los principios de verdad, justicia y reparación, en el deber de memoria y en las garantías de no repetición, que flaquean en la ley de 2007 y en los que se basa el movimiento memorialista.

El principio de justicia exige plantear y garantizar por primera vez el derecho a la investigación de las violaciones de los derechos humanos, de acuerdo con los tratados internacionales de derecho humanitario ratificados por España. Una novedad será la creación de una Fiscalía de Sala “de memoria democrática y de derechos humanos” que dirigirá la investigación de todo tipo de violaciones, elevando cada caso a los jueces. Además, se favorecerá la obtención de una declaración judicial sobre la realidad y las circunstancias de las víctimas.

Para dar cumplimiento al principio de reparación se pretende realizar un inventario y auditoría para comprobar el alcance de las incautaciones de bienes e implementar medidas para el resarcimiento. Igualmente, queda pendiente un análisis de las sanciones económicas que se fallan e imponen como consecuencia de la ley de responsabilidades políticas, y se impulsarán investigaciones dirigidas a la realización de un censo sobre las personas que realizaron trabajos forzados y sobre las empresas que se beneficiaron de los mismos.

En cuanto al deber de memoria y las garantías de no repetición, hay un interés fundamental en que el tratamiento de la memoria histórica llegue a las aulas (ESO, Bachiller, Universidad), y que se le de importancia en los procesos selectivos de acceso a la función pública. Asimismo, se precisa una resignificación del Valle de los Caídos explicando su alcance histórico, su proceso de construcción mediante mano de obra forzada y su motivo simbólico para la dictadura. Además, se dedican 7 artículos dedicados a la retirada de todo tipo de vestigios y de condecoraciones, honores y títulos honoríficos a Franco y a su familia.

El Anteproyecto de ley presenta numerosos avances, siendo su fin rellenar los vacíos que presenta la ley vigente con medidas de reconocimiento y de reparación de las víctimas. A ello ayudará la inclusión de un censo de todas las víctimas para corregir el problema de la asimetría. Hay que recordar que la Ley 52/2007 no incluye un concepto de víctima, ¿cómo va a ser posible entonces su reparación?

También se pretende dar protagonismo a las grandes olvidadas: las mujeres, que sufrieron la represión y apenas han sido tenidas en cuenta. Por último, el Anteproyecto pretende acreditar el papel del movimiento memorialista, sin el cual los avances no habrían sido posibles.

Es por ello que creemos que el Anteproyecto de ley puede significar un nuevo paso en este camino tan difícil de reparación de las víctimas, sus familias y la memoria democrática de España. Sigue siendo desalentador que todavía no exista una única dirección y que el contenido de la memoria histórica tenga tantas dificultades para salir a la luz, cuando su único fin es realzar la democracia y el bien común de todos los ciudadanos y de nuestro país en su conjunto. Aunque el Anteproyecto no está exento de polémica, y ciertos sectores son contrarios a su aprobación, deseamos que tenga éxito y suponga un triunfo para nuestra sociedad actual, pues supone un paso firme para que el olvido no tenga cabida en la democracia.

Nerea Hernández Antón

Elvira Sánchez Sánchez

Línea de Memoria Democrática de la Clínica Jurídica de Acción Social