“Víctimas del pasado y víctimas del presente” es como se tituló el taller, a cargo de Javier Chinchón, profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad Complutense, en el que los alumnos de la línea de Memoria Democrática participamos el pasado viernes, día 12. El motivo para elegir este título fue que en una sociedad donde cada día se reclaman más derechos, a menudo nos olvidamos de quienes lucharon para conseguir los que disfrutamos hoy, de quienes padecieron 40 años de dictadura y represión, y llevan otros tantos sin ser reconocidos y comprendidos.

El sufrimiento de una generación entera y su descendencia sigue en el olvido. Estos fueron víctimas del franquismo, pero siguen siendo víctimas de la indiferencia de los gobiernos democráticos. España, que es el país con más desapariciones en Europa, sigue aún sin reparar a miles de familias que perdieron a uno o varios de sus miembros.

El Estado tiene un deber de reparación para con las víctimas, no solo a través de indemnizaciones, sino también para satisfacer daños morales, entre otras obligaciones. Concretamente, hemos de exigir al Estado que adopte las medidas que sean necesarias para que puedan obtener una reparación conjunta. Esta reparación debe estar basada en los principios de verdad, justicia, reparación y memoria, y en garantías de no repetición.

Todas las medidas adoptadas por el Estado en sus políticas públicas deben estar fundamentadas en el principio de “efecto útil”, con la finalidad de llevar a cabo una política de recuperación de la memoria democrática que sea eficaz y factible, siguiendo una metodología que nos guíe para adoptar las medidas más idóneas y para que puedan desplegar todos sus efectos reparadores.

Aunque nuestro país está obligado a ello –de acuerdo con un principio general de Derecho internacional–, es un hecho que las víctimas siguen sin obtener reparación. En muchas ocasiones estas no buscan una indemnización, sino solo satisfacción. Una satisfacción que puede consistir en algo tan sencillo como saber dónde se encuentra un ser querido. Debe hacerse todo lo necesario para que las víctimas se sientan reparadas de manera general. Y, puesto que hablamos de satisfacción, en nuestra opinión sería un paso importante derogar la Ley de Amnistía 1977, que institucionalizó la impunidad. Lamentablemente, esta medida tampoco está prevista en el nuevo Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática.

Es bien sabido que nuestro aparato de justicia tiene algunas carencias, viéndose a veces incapacitado para llevar a cabo todas las medidas necesarias. Esto se ve reflejado en que España no está cumpliendo las recomendaciones del Consejo de Europa y no ha tenido en cuenta el proceso penal de 2006, en el que se concluyó que los hechos de la dictadura debían ser castigados penalmente y perseguibles en el contexto internacional.

Otra muestra de los defectos de nuestro sistema es la insuficiencia de la Ley de Memoria Histórica de 2007. En España, a día de hoy, siguen siendo visibles vestigios y símbolos franquistas, persiste un planteamiento erróneo de las exhumaciones de fosas comunes, los jueces y fiscales no realizan las debidas investigaciones, las reparaciones económicas son limitadas, etc. Todo ello justifica el actual Anteproyecto de ley, en el que están puestas muchas esperanzas. El Anteproyecto promete devolver a muchas familias lo que les fue arrebatado, para cerrar heridas y seguir avanzando. También se prevé un gran esfuerzo para realizar exhumaciones. Recordemos que se calcula que en España hay 114.226 civiles desaparecidos. Además, el Estado español ha ratificado las resoluciones y convenciones sobre desapariciones forzadas que se han planteado en la Asamblea de Naciones Unidas, así como las convenciones para la recuperación de los desaparecidos. En la transición se formaron comisiones en el Congreso de los Diputados y en el Senado sobre los desaparecidos españoles en Chile y Argentina, pero no hubo ninguna sobre las víctimas de nuestra dictadura, cuyos familiares siguen esperando a que un Gobierno se comprometa con el restablecimiento de sus derechos.

El Estado ha de ser consciente de sus obligaciones, pero más aún de la deuda que mantiene con las víctimas. Hemos visto a países vecinos como Portugal reparar el daño, o cómo para Alemania no es un tabú enseñar su historia, algo en lo que en España tenemos otra carencia. Para remediarlo, es preciso seguir las indicaciones de órganos internacionales (pidiendo ayuda si fuera necesario) para cumplir con lo que es debido.

No podemos olvidar que la lucha no terminó en 1939, ni tampoco en 1975. Por esta razón, seguiremos reclamando lo que las víctimas merecen: justicia, reparación y memoria.

Elizabeth Sánchez Castañón

Luis Enrique Sánchez Morales

Línea de Memoria Democrática de la Clínica Jurídica de Acción Social