El miércoles 3 de abril asistimos a una magnífica conferencia impartida por el Secretario de Estado de Memoria Democrática del Gobierno de España, Fernando Martínez López, que delineó las razones de la necesidad de una nueva ley de memoria democrática. Se puede visionar aquí: https://youtu.be/BWif0boqZTQ

¿Cómo es posible que siga habiendo una asimetría de trato en el reconocimiento de las víctimas del bando republicano y las del bando vencedor? Es desalentador que las víctimas del bando vencido no hayan logrado una reparación y que un gran número de ellas se encuentren en fosas comunes dispersas por todo el territorio nacional, mientras que las víctimas del bando vencedor han tenido un reconocimiento general unido a una reparación tanto moral como simbólica y económica.

Durante la Transición surgieron tímidamente algunas iniciativas privadas para las exhumaciones, la eliminación de vestigios, etc. Sin embargo, también se aprobó la Ley de Amnistía (1977), que tan criticada ha sido y cuya derogación tampoco se prevé en el nuevo Anteproyecto de Ley del Gobierno, haciendo caso omiso de las demandas de la sociedad civil, el movimiento memorialista y muchos juristas comprometidos con la recuperación de la memoria democrática.

A pesar de algunos atisbos de luz para la evolución democrática en nuestro país, pronto aparecieron obstáculos como el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, el movimiento del Revisionismo histórico, que pretendía endulzar la dictadura, y la llegada al poder del Partido Popular en 1996, un partido que no ha mostrado especial sensibilidad en temas de memoria democrática.

En general, la memoria democrática ha estado apartada de las políticas públicas. Sin embargo, esto no ha desactivado la lucha por el reconocimiento a las víctimas republicanas, que fue continuada por la nueva generación “de los nietos” y por numerosas asociaciones de memoria histórica que favorecieron la aprobación de la denominada “Ley de Memoria Histórica” de 2007.

Esta ley de 2007, tan necesaria, nació con deficiencias. Desde su aprobación, y debido, en parte, a la llamada de atención del orden internacional y al hecho de que las Comunidades Autónomas aprobaron 12 leyes de memoria histórica -siendo algunas de ellas incluso más avanzadas que la propia ley estatal-, se hace necesaria una nueva ley que permita unir fuerzas para avanzar en la recuperación de la Memoria Histórica y Democrática en España.  El logro de este objetivo ha de asentarse en los principios de verdad, justicia y reparación, en el deber de memoria y en las garantías de no repetición, que flaquean en la ley de 2007 y en los que se basa el movimiento memorialista.

El principio de justicia exige plantear y garantizar por primera vez el derecho a la investigación de las violaciones de los derechos humanos, de acuerdo con los tratados internacionales de derecho humanitario ratificados por España. Una novedad será la creación de una Fiscalía de Sala “de memoria democrática y de derechos humanos” que dirigirá la investigación de todo tipo de violaciones, elevando cada caso a los jueces. Además, se favorecerá la obtención de una declaración judicial sobre la realidad y las circunstancias de las víctimas.

Para dar cumplimiento al principio de reparación se pretende realizar un inventario y auditoría para comprobar el alcance de las incautaciones de bienes e implementar medidas para el resarcimiento. Igualmente, queda pendiente un análisis de las sanciones económicas que se fallan e imponen como consecuencia de la ley de responsabilidades políticas, y se impulsarán investigaciones dirigidas a la realización de un censo sobre las personas que realizaron trabajos forzados y sobre las empresas que se beneficiaron de los mismos.

En cuanto al deber de memoria y las garantías de no repetición, hay un interés fundamental en que el tratamiento de la memoria histórica llegue a las aulas (ESO, Bachiller, Universidad), y que se le de importancia en los procesos selectivos de acceso a la función pública. Asimismo, se precisa una resignificación del Valle de los Caídos explicando su alcance histórico, su proceso de construcción mediante mano de obra forzada y su motivo simbólico para la dictadura. Además, se dedican 7 artículos dedicados a la retirada de todo tipo de vestigios y de condecoraciones, honores y títulos honoríficos a Franco y a su familia.

El Anteproyecto de ley presenta numerosos avances, siendo su fin rellenar los vacíos que presenta la ley vigente con medidas de reconocimiento y de reparación de las víctimas. A ello ayudará la inclusión de un censo de todas las víctimas para corregir el problema de la asimetría. Hay que recordar que la Ley 52/2007 no incluye un concepto de víctima, ¿cómo va a ser posible entonces su reparación?

También se pretende dar protagonismo a las grandes olvidadas: las mujeres, que sufrieron la represión y apenas han sido tenidas en cuenta. Por último, el Anteproyecto pretende acreditar el papel del movimiento memorialista, sin el cual los avances no habrían sido posibles.

Es por ello que creemos que el Anteproyecto de ley puede significar un nuevo paso en este camino tan difícil de reparación de las víctimas, sus familias y la memoria democrática de España. Sigue siendo desalentador que todavía no exista una única dirección y que el contenido de la memoria histórica tenga tantas dificultades para salir a la luz, cuando su único fin es realzar la democracia y el bien común de todos los ciudadanos y de nuestro país en su conjunto. Aunque el Anteproyecto no está exento de polémica, y ciertos sectores son contrarios a su aprobación, deseamos que tenga éxito y suponga un triunfo para nuestra sociedad actual, pues supone un paso firme para que el olvido no tenga cabida en la democracia.

Nerea Hernández Antón

Elvira Sánchez Sánchez

Línea de Memoria Democrática de la Clínica Jurídica de Acción Social