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El Ministerio de Universidades sigue sin preocuparse de los verdaderos problemas de la universidad pública

En la última reunión entre el Ministerio de Universidades y los sindicatos mayoritarios de las Universidades Públicas para seguir informando (que no negociando) sobre la reforma de la Ley Orgánica de Universidades (LOU) propuesta por el ministro Castells, se presentó un calendario de reuniones de una “mesa de diálogo” para la elaboración del Estatuto del PDI. Desde entonces, no ha vuelto a haber más reuniones y ahora se nos convoca de nuevo junto al resto de sindicatos, comunidades autónomas y CRUE para “debatir” sobre la reforma de la LOU.

Toda esta “hoja de ruta”, bastante difusa, no hace más que evidenciar la desconexión del Ministerio de Universidades con la realidad de la universidad española. Los problemas del sistema universitario español vienen de lejos y se han visto agudizados por la crisis sanitaria de la covid-19. Destacamos entre otros:

·     La existencia de importantes bolsas de precariedad y el envejecimiento de las plantillas.

·     La falta de un modelo claro de financiación de las universidades. Además de las deudas históricas, la tasa de reposición y los recortes presupuestarios ponen en serias dificultades a las universidades públicas.

·     La inexistencia de una verdadera carrera profesional para el PDI.

·     El funcionamiento de la ANECA, una agencia con criterios arbitrarios y falta de transparencia, y que es una pieza clave para el desarrollo de la carrera profesional y el control de las plantillas universitarias. No es razonable que esta agencia tome decisiones que afectan a las condiciones de trabajo de las plantillas universitarias, sin que se realice ningún tipo de negociación.

De hecho, el profesorado universitario puede hacer, a coste propio, carrera acreditadora, pero no profesional, pues la oferta de nuevas plazas, en muchas universidades, es prácticamente inexistente, debido a la tasa de reposición y a la escasa financiación. Es decir, tenemos las acreditaciones, pero no hay trabajo.

En CCOO consideramos que el Ministerio debería estar trabajando seriamente en la solución a estos problemas y, en definitiva, en blindar la Educación Superior como servicio público de calidad, en lugar de “entretener” con medidas de dudosa utilidad, como la creación de la figura de “profesor distinguido”, una especie de cajón de sastre para la contratación a dedo en la universidad.

Ante la precariedad de buena parte de la plantilla, sin perspectivas reales de carrera profesional, en especial entre los jóvenes investigadores, con exigencias cada vez más diversas para justificar cualquier mejora salarial (por ejemplo, un nuevo sexenio de docencia sobre el que CRUE advierte que no podría hacer frente económicamente), CCOO quiere decir que el este ministerio está perdiendo la oportunidad de tomar las riendas y hacer auténtica política universitaria.

Mientras otros países refuerzan la I+D, como Francia, o que rescatan a sus universidades, como Reino Unido, o mantienen las tasas universitarias gratuitas, como Alemania, el Ministerio de Universidades, la dirección de la ANECA y la Secretaría General de Universidades se empeñan en hacer juegos en el BOE, alejados de la auténtica realidad de las plantillas, lejos de la ciencia y lejos de los estudiantes.

CCOO cree que no es el momento para esta reforma y exige la apertura de una Mesa Sectorial de Universidades. Apelamos al ejecutivo a abrirse al diálogo en un momento de crisis sin precedentes antes de que sea demasiado tarde.

En esta Mesa se deberían tratar los siguientes temas:

1.   Financiación de la universidad española. La falta de financiación suficiente estructural de la universidad pública es un problema endémico que se agudizó a partir del año 2008. Ninguna reforma servirá para nada si no se cuenta con una financiación adecuada. A esta falta de financiación hay que unir las importantes restricciones a la contratación: es fundamental anular la tasa de reposición.

2.   Establecer planes de eliminación de la precariedad. El Ministerio no puede ampararse en la autonomía universitaria para permitir situaciones claramente ilegales. La precariedad en la contratación y el abuso en la utilización de las figuras de Profesor/a Asociado/a y Profesor/a Visitante son situaciones ampliamente generalizadas. Para solucionar esto, es necesario un análisis más profundo de la situación y un plan que obligue, en un tiempo razonable (5 años), a que las universidades tengan unas plantillas adecuadas a la legislación vigente.

3.   Refundación de la ANECA. Desde CCOO reclamamos que las acreditaciones del profesorado universitario se ciñan a unos criterios estables y negociados, y que no dependen de decisiones arbitrarias, a veces difícilmente comprensibles, de determinadas comisiones de valoración. Los criterios para la acreditación deben ajustarse a la realidad de la universidad española, y no pueden representar un bloqueo injustificado de la carrera profesional.

4.   La regulación de los derechos y deberes del PDI y sus condiciones de trabajo (jornadas, niveles salariales, entre otras cuestiones) deben estar reguladas por un Estatuto del PDI que debería estar aprobado desde hace ya más de 12 años.

CCOO propone realizar el camino inverso al iniciado por el Ministerio. Es decir, primero se deben establecer acuerdos y pautas sobre los temas claves para el sistema universitario (Estatuto del PDI, financiación, precariedad, ANECA) y posteriormente, una vez establecidos estos acuerdos, se debe proceder a las modificaciones legislativas que sean necesarias.

Desde CCOO pedimos al Ministro que rectifique su línea de actuación y afronte una verdadera negociación con los sindicatos mayoritarios antes de que la crisis económica haga su impacto en la universidad. Somos parte fundamental para el cambio productivo que necesita el país y una esperanza de vida mejor para los hijos y las hijas de los trabajadores y trabajadoras.

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