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CCOO exige al nuevo Gobierno seis medidas urgentes para asegurar el derecho a la educación.

El sindicato, mayoritario en la enseñanza pública, pide a todas las fuerzas políticas con representación en el Congreso que aúnen esfuerzos para poner la educación en el centro de la agenda política.

La Federación de Enseñanza de CCOO (FECCOO) emplaza al ministro del ramo a abrir un proceso de diálogo que convierta la educación en una prioridad en la acción del Gobierno. En concreto, reclama a Íñigo Méndez de Vigo, que repite como titular de Educación, la adopción de seis medidas para apuntalar el sistema educativo, que durante los últimos años ha soportado los envites de los recortes y los efectos perniciosos de la LOMCE y los decretos de universidad impulsados por José Ignacio Wert e implementados por el propio Méndez de Vigo.

En primer lugar, FECCOO urge a revertir los recortes, lo que implica recuperar en la próxima legislatura los más de 9.000 millones de euros hurtados a la educación española y destinarlos a incrementar las partidas destinadas a becas y ayudas para libros de texto, comedor, transporte; planes de refuerzo; becas universitarias; bibliotecas, etc.

Igual de importante debe ser reintegrar al sistema educativo los más de 43.100 profesionales que ha perdido en estos años –unos 30.000 docentes en la enseñanza pública, 6.000 miembros del personal de servicios educativos y complementarios, más de 4.600 profesoras y profesores universitarios y cerca de 2.500 trabajadoras y trabajadores pertenecientes al personal de administración y servicios de los campus públicos– y reducir de manera decisiva la tasa de precariedad y temporalidad, que en el caso del profesorado de la enseñanza pública no universitaria asciende al 23,5%.

Asimismo, CCOO recuerda la necesidad de suprimir de forma definitiva las reválidas de 2º de Bachillerato y de 4º de la ESO y el resto de pruebas externas que ya están en marcha.

Todo lo anterior debería venir acompañado de la derogación de la LOMCE y los decretos de universidad que tanto daño están haciendo a la educación española, para, a continuación, trabajar en el desarrollo de una nueva ley que responda a las necesidades del sistema escolar de nuestro país y cuente con la participación de la comunidad educativa al completo. El objetivo final debe ser reforzar el derecho a la educación pública y garantizar un modelo inclusivo que asegure la equidad y la igualdad de oportunidades.

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