Publico 05/05/2022 [Noticia seleccionada y comentada por Ana Patricia Crespo Rodríguez estudiante Grado en Sociología]
Con motivo de la cumbre del Foro de Examen de la Migración Internacional que tiene lugar el próximo 16 de mayo, las diferentes ONG, que se han dedicado al seguimiento de los objetivos establecidos en el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, han puesto de manifiesto el incumplimiento de estos compromisos por parte de España. Este acuerdo fue aprobado entre los Estados miembros de la ONU en el año 2018 ante la necesidad de establecer un principio de cooperación que fuese capaz de abordar los problemas que supone el fenómeno migratorio en materia de protección y garantizar el bienestar de todos los migrantes. Sin embargo, las medidas que se han realizado durante este tiempo han sido insuficientes, pues las cuestiones de fondo relacionadas con las devoluciones en caliente, la desigualdad laboral y la falta de integración social no han sido tratadas con la atención que merecen.
La estrategia utilizada para la el control migratorio en España es la externalización de fronteras. Este mecanismo demuestra que el fenómeno migratorio se percibe como una amenaza, ya que la gestión de los flujos migratorios se delega a otros países y evita implementar medidas que garanticen una migración segura. Lo que es preciso tener en cuenta son las consecuencias que supone esta fórmula para las personas, que buscan otras alternativas -todavía más peligrosas- para continuar su proceso.
En suma, se denuncian más de 4.000 devoluciones en caliente, una práctica de dudosa legitimidad ética que vulnera los derechos humanos y que han sido justificadas por las instituciones españolas como “rechazos en frontera”. La política interna no es aún mejor, en el ámbito laboral la segregación ocupacional sigue a la orden del día, al igual que la ineficiencia de los sistemas en la concesión de los permisos de residencia, que llegó a alcanzar las 500.000 personas en situación irregular. Ante esta realidad, los inmigrantes se ven obligados a trabajar bajo condiciones indignas, impidiendo -en última instancia- su integración en la sociedad de acogida. En definitiva, el incumplimiento de los compromisos y la pérdida de respeto por los derechos humanos revela la falta de un principio de solidaridad real y efectivo.
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