EL PAIS. 29/04/2021. [Noticia seleccionada y comentada por Miguel Barba Domínguez. Grado en Sociologia]
La pandemia de COVID-19 ha acentuado las desigualdades afectando de forma más intensa a las personas más vulnerables, en el plano económico y sanitario. Uno de los ejemplos en los que se plasma se trata de la vacunación contra el virus, en la que algunos colectivos que no están protegidos por el sistema de salud en nuestro país están en riesgo de ser excluidos de las campañas de vacunación.
En un principio, la estrategia nacional de vacunación amparaba a todas las personas, pero hasta el momento no se ha establecido un plan para llegar también a aquellos de los que no se tiene registro. Hablamos principalmente de inmigrantes en situación irregular y otros colectivos como ancianos que se han reagrupado legalmente con su familia (que no tienen acceso a tarjeta sanitaria), además de personas sin hogar. Incluso es el caso de trabajadores sin contrato, caso que no afecta únicamente a los migrantes. Este último caso es preocupante en sectores esenciales relacionados con el sociosanitario, como el de los cuidados, ocupado mayoritariamente por mujeres, que al carecer de contratos está provocando que no estén siendo vacunadas en su debido momento.
Es, por tanto, necesario un plan común a nivel nacional, que aborde la manera de acceder a estas personas, de informarlas y que puedan ser vacunadas en su debido momento dentro del grupo de población al que pertenecen y siguiendo el orden de prioridad establecido en la estrategia de vacunación. Pero el principal problema se debe a la propia imposibilidad de varios colectivos -como los inmigrantes en situación irregular- de acceder al Sistema Nacional de Salud, implantado desde el Real Decreto de 2012. Por lo tanto, la cobertura debe ser ampliada para conseguir la universalidad de la sanidad, ya que afecta a un derecho humano básico, con lo que además facilitaría en gran medida la vacunación de estas personas.
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