El coronavirus ha dejado en un segundo plano una noticia importantísima sobre la otra corona que tenemos en España. Nuestra corona lleva toda nuestra democracia infectada de un virus para el que todavía no hemos encontrado (o no hemos querido encontrar) una cura. Nunca ha existido un gran debate público entorno a la viabilidad de la corona y la memoria democrática. Es cierto que existen críticas a la monarquía por su pasado franquista. Sin embargo, esas críticas nunca han llegado a materializarse en un verdadero issue que deba ser depurado o al menos analizado por la memoria histórica.

No debemos olvidar que, aunque formalmente la monarquía goce de plena legitimidad e incluso mayor de que gozó la II República, al ser refrendada la constitución de 1978 por referéndum mientras que la del 31 no, el tema de monarquía vs. república fue uno de los llamados temas de consenso entre las principales fuerzas políticas e introducido por las fuerzas de derecha que simpatizaban o apoyaban, aunque ya no de manera explícita, el régimen franquista. Tampoco debemos olvidar que Juan Carlos, el Rey emérito, fue antes rey del franquismo que rey democrático. En 22 de julio de 1969, el caudillo designó a Juan Carlos de Borbón como su sucesor en la jefatura del Estado, con el título de príncipe de España, allanando el camino para que España se convirtiese en una monarquía con rey tras la muerte del dictador.

Uno de los argumentos que se pueden esgrimir a favor de la monarquía es que como hemos mencionado anteriormente pasó el filtro de la democracia al ser aprobada la constitución. Sin embargo, este argumento es engañoso, ya que en ningún momento se dejó elegir al pueblo español si quería una monarquía o una república. El referéndum celebrado el 6 de diciembre de 1978 tenía dos opciones: votar sí a una democracia que había tardado más de 2 años en consensuarse o votar no y enfrentarse a un futuro incierto y con graves riesgos de regresión hacia la dictadura. Por lo tanto, se puede concluir que la monarquía fue impuesta bajo el paraguas de la democracia y no verdaderamente refrendada por el pueblo español. Esta falta de legitimidad real se ve reforzada debido a las escasas veces que el CIS pregunta por la monarquía (no sobre monarquía o república sino simplemente por la confianza que genera la institución monárquica) y la poca transparencia de la Corona hacia el pueblo, aunque es cierto que este déficit es endémico de todo el entramada institucional español.

Otro argumento utilizado en defensa de la monarquía es su carácter simbólico que tiene hoy en día al carecer de atribuciones reales: “El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia” (art 56.1 CE) y por tanto, da igual todo lo demás al carecer de funciones reales. Sin embargo, gran parte del contenido de la memoria democrática es de carácter simbólico. De hecho, la ley 52/2007 reserva un artículo entero (art 15) a la simbología, obligando a las Administraciones Públicas a tomar “las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura.”. Por lo tanto, el carácter simbólico de la monarquía no es razón suficiente para cumplir con los estándares mínimos de memoria histórica, al contrario, el hecho de ser simbólico es un aliciente para que la monarquía sea “investigada” por la memoria histórica.

 No cabe duda de que la monarquía es una herencia del franquismo. Juan Carlos de Borbón ocupó la Jefatura del Estado antes de la muerte de Franco, circunstancia histórica que ocurrió en 1974 cuando Franco se encontraba ingresado, en la que el actual rey emérito llevó a cabo una renovación de los acuerdos de cooperación con EEUU. Además, una vez muerto Franco, juró defender en el “Discurso de la Corona de 22 de Noviembre de 1975” la legislación proveniente del franquismo (las Leyes Fundamentales del Reino) y los principios en los que se basaba el Movimiento Nacional.

A la luz de estos argumentos, vemos que no existe ningún impedimento para que la monarquía sea investigada por la memoria histórica, y en caso de que no pase el filtro sea reformada o incluso abolida (aunque su abolición sea muy improbable ya que requiere la reforma constitucional por el procediendo agravado).

A día de hoy, resulta realmente complicado que los principales partidos políticos se sienten a hablar de la legitimidad de la monarquía. Numerosos acontecimientos recientes podemos observar para darnos cuenta de que esto no va a suceder, al menos, a corto y medio plazo, ya que el Congreso de los Diputados sigue rechazando las peticiones formuladas por grupos parlamentarios como puede ser EH Bildu o Esquerra Republicana para crear una comisión que estudie las presuntas irregularidades cometidas por la Monarquía. Si la voluntad es nula para investigar los casos de corrupción que azotan a la monarquía, menos voluntad va a haber para que sea investigada por la memoria histórica.

En materia de memoria histórica y democrática queda mucho por realizar, aunque se han dado pasos muy importantes tales como sacar los restos del dictador del Valle de los Caídos. La discusión de la jefatura del estado es un necesario avance que se tiene que dar en materia democrática, ya que España no podrá ser una democracia plena si los españoles no son escuchados sobre si quieren que una institución de herencia franquista sea la jefatura del Estado. Solo cuando la corona sea objeto de debate público y abrogada mediante votación popular estaremos legitimando la democracia española y reparando simbólicamente a las víctimas del franquismo.

Pedro Matellán Felipe

Mario Álvarez Molleda

Línea de Memoria histórica de la Clínica Jurídica de Acción Social