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Universidad de Salamanca
Blog de Ana B. González Rogado
Cosas que me pasan por la cabeza, de Zamora, de la Universidad, de la Escuela,...
 

Sobre deudas y políticas de profesorado (por alusiones) – completo

Por su longitud el artículo de opinión que La Gaceta publicó el sábado de Gómez Asencio sufrió algunos recortes aprobados por el autor. Por si es de vuestro interés, reproduzco a continuación el artículo completo.

Recientemente, en un periódico de tirada provincial, el Vicerrector de Profesorado de la Universidad de Salamanca, profesor Mariano ESTEBAN, ha puesto de manifiesto algunos puntos de vista suyos que, desde el mío, requieren de algunas matizaciones. Las escribo desde hechos y documentos que pongo a disposición de todo lector que, sea miembro de la comunidad universitaria o de la ciudadanía salmantina, manifieste por ello interés o curiosidad mera; las publico movido por una necesidad de que, a esos respectos, se conozca más de una opinión.José Gómez Asencio

1ª. Para llegar a generar la deuda que en este momento tiene la Universidad de Salamanca no sólo “el equipo anterior” debió de “gastar más de lo presupuestado”; también debieron de hacerlo todos los equipos de gobierno anteriores, al menos desde la época ya remota de las transferencias de las universidades a las comunidades autónomas; ello incluido, cómo no, aquel equipo al que perteneció entonces el hoy Vicerrector de Profesorado. Los datos de liquidación del presupuesto son elocuentes y ponen de manifiesto cuándo y con quiénes se aceleró el crecimiento de la deuda y cuándo y con quiénes se modernizó y racionalizó el presupuesto de la Universidad y se encontraron vías de solución al problema de la así llamada “deuda histórica”.

2ª. “El equipo de gobierno anterior”, contrariamente a lo que se afirma, no “gastó más de lo presupuestado” en el Capítulo I en lo referente al Personal docente e investigador (PDI). Se fue bastante cuidadoso a ese respecto y en el gasto se cumplió taxativamente con lo que previamente se había programado, que era justamente aquello de lo que se disponía, sin incremento alguno de la ya tan famosa deuda.

3ª. Los “planes de promoción y dotación de nuevas plazas” carecían, en efecto, de lo que técnicamente podría llamarse “dotación presupuestaria específica”. Y ello por la razón sencilla de que no la necesitaban toda vez que no incrementaban el presupuesto que se destinaba a PDI; tan sólo lo redistribuían. Dicha redistribución se llevaba a efecto, por un lado, atendiendo a la realidad, esto es, planificando cuidadosamente la inversión que se hacía de cada euro (corrían unos tiempos en que la Universidad de Salamanca tenía Gerente; con él y con el Vicerrector de Economía debatía de estos menesteres el entonces Vicerrector de Profesorado y Organización académica, firmante de este texto, antes de llevar algo a los planes que se llevaban hasta los interlocutores sociales y el Consejo de gobierno); por otro lado, procurando satisfacer las legítimas aspiraciones de nuestro profesorado (o, a lo menos, muchas de ellas) y las necesidades de la Casa.

Bastarán dos ejemplos, espero.

Ejemplo primero: En el Final del Plan de la Universidad de Salamanca para la dotación de nuevas plazas de PDI (Ayudantes y Profesores ayudantes doctores) (julio de 2009), que, por cierto, fue negociado y acordado en la totalidad de sus términos con el Comité de empresa del PDI (CEPDI), se recoge: “A la financiación de este Plan se contribuirá por una parte con los fondos que se vayan liberando por la extinción del anterior “Programa de dotación de plazas de Ayudante” (por méritos de investigación y capacidad de formación de las áreas), y por otra parte con cantidades que queden disponibles después de la aplicación del Plan de jubilaciones voluntarias anticipadas que se encuentra en fase de elaboración y consulta”.

Ejemplo segundo: En euros del año 2009, y siempre en números redondos, un Catedrático de universidad (CU) costaba a la universidad 8.800 euros más que Profesor titular de universidad (PTU); y un Profesor contratado doctor básico (PCD) costaba a la universidad 4.700 euros más que un PTU (http://www.usal.es/webusal/node/2911). Por tanto: promocionar desde PTU a CU incrementa el gasto en 8.800 euros; promocionar desde PCD a PTU lo disminuye en 4.700, tratándose en ambos casos de promociones. Es más: por cada dos PCD que promocionasen a PTU se liberaban fondos casi suficientes para permitir la promoción de un PTU en CU. Y así se procedió. En la primera convocatoria unas 50 personas han obtenido plaza de PTU (ahorro aproximado de 235.000 euros); y 20 personas pasarán en breve de PTU a CU (incremento aproximado de 176.000 euros).

Se hicieron, pues, “los planes de promoción y dotación de nuevas plazas” con sentido de la realidad y con planificación presupuestaria; no al albur. A este mismo propósito, no acabo de entender bien cuál es la “dotación presupuestaria específica” o, más genéricamente, de dónde va a salir el dinero que posibilitará que en la segunda convocatoria del plan de promoción de PTU a CU se doten “cuarenta plazas de catedrático” en lugar de las 20 inicialmente previstas en el plan que en su día aprobó el Consejo de gobierno: o se gasta más o se detrae de algún otro lugar; ya veremos.

4ª. El actual proceso de promoción de PTU a CU es, en efecto, complejo…, pero no perverso; cambia hábitos, pero no “corrompe las costumbres o el orden y estado habitual de las cosas” (DRAE, 2001). Sucede -y ello es sabido de todos y aceptado por la mayoría- que carecemos de presupuesto para todos los acreditados, lo que exige una selección entre candidatos; todas las universidades públicas del Estado conocen de esto y lo padecen. En el plan actualmente vigente, dicha selección se lleva a efecto sobre la base de una evaluación objetiva de méritos que, en contra de lo que afirma el Vicerrector, sí que fue negociada y consensuada (aunque obviamente no en todos sus términos: en eso consiste una negociación) con la Junta de PDI, y aprobada por el Consejo de gobierno (julio del 2008).

Ahora bien: lo complejo es tal porque atiende a diversos factores y toma en consideración circunstancias varias, en este caso todas relacionadas con méritos académicos (docencia, investigación, gestión). La complejidad es lo contrario de la simpleza y del criterio único. Y está por ver que la antigüedad en la obtención de la acreditación constituya un mérito académico más que una mera prioridad cronológica. De otro modo: casa mal esta afirmación: “vamos a adjudicar las plazas [de CU] de acuerdo a la fecha de acreditación del profesor” con esta otra: “el criterio fundamental debe ser el mérito del profesor”; ¿o el mérito es la fecha?

5ª. En efecto, y como llevamos ya algún tiempo sosteniendo y en menor medida poniendo en práctica (véase lo que se hace con las CU que han quedado vacantes desde julio del 2008), la redistribución de la plantilla de PDI para atender a las necesidades docentes reales y actuales de la Casa pasa -pero no sólo por ahí- por una re-asignación de las plazas que vayan quedando vacantes, sea por jubilaciones normales, sea por jubilaciones anticipadas voluntarias, desde áreas excedentarias de profesorado hasta áreas deficitarias. Quedan por definir estos dos últimos conceptos de modo unánime y/o consensuado, lo que no será tarea fácil, ni cómoda ni generalizadamente popular. Así sea.

6ª. No repartir de modo ecuánime las cátedras por ramas de conocimiento traerá, irremediablemente, como consecuencia que volverá a ponerse en práctica el principio aquel de “cuanto más, más; cuanto menos, menos”. Hay ramas del conocimiento que crecerán y otras que, en el mejor de los casos, quedarán como están, lo que acrecentará las distancias entre ellas. Así será, pero no así sea.

7ª. Y última: Si las contrataciones por baja sobrevenida o por vacante accidental lo son por enfermedad de larga duración, o por maternidad o cuestiones con ésta relacionadas, que nadie se preocupe; que todos pierdan cuidado: el salario de la persona que se da de baja es responsabilidad de la seguridad social o similar en el caso de los funcionarios; no cuesta a la Universidad de Salamanca, con lo que quedan fondos con que pagar a los “suplentes”.

En términos más generales, detecto en las manifestaciones a que aludí al principio una firme voluntad de cambio en las políticas de PDI. No me queda tan claro si se trata de cambios desde el presente hacia el futuro, es decir, de un re-cambio; o si, por el contrario, se va a modificar, con la vista puesta en el pasado anterior, lo que se aportó desde el último equipo de gobierno para volver, nostálgico, a aquel pasado; esto es, si más propiamente nos hallamos ante un des-cambio.

Sea como sea, están en su derecho y plenamente legitimados por una comunidad universitaria que en su día depositó su confianza mayoritaria en esta opción de gobierno para los próximos cuatro años. Basta con que construyan desde sus supuestos, que considero sólidos, bien fundamentados y bien intencionados; para hacerlo no es, sin embargo, necesario desacreditar a otros.

José J. Gómez Asencio
Catedrático de Lengua española
Universidad de Salamanca

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Ana B. González Rogado. Licenciada en Ciencias Físicas, esp. electrónica por la Universidad de Salamanca, profesora del Departamento de Informática y Automática, adscrita a la Escuela Politécnica Superior de Zamora. Miembro del IUCE (Instituto Universitario de Ciencias de la Educación) y del Grupo de Evaluación Educativa y Orientación (GE2O) dentro del Grupo de Investigación en Interacción y eLearning (GRIAL), Grupo de Investigación Reconocido de la Universidad de Salamanca y Grupo de Excelencia de la Junta de Castilla y León. Gestión Universitiaria : Secretaria de la Escuela Politécnica Superior de Zamora, desde febrero de 1995 hasta febrero de 2000. Secretaria General de la Universidad de Salamanca, desde marzo de 2007 hasta diciembre de 2009

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