Le Monde, 12 de febrero 2018 [Noticia seleccionada y comentada por Leïla Glory - Máster en Estudios Latinamericanos]
El 12 de febrero en Francia en la región Ile-de-France trabajadores sin papeles iniciaron una huelga con el grupo sindicato CGT (Confédération Générale du Travail) porque un proyecto de ley asilo y inmigración quiere penalizar las personas que trabajan sobre otra identidad, es decir con documentos falsos. Este proyecto de ley anuncia que el inmigrante empleado podría arriesgar 5 años de prisión y 75 000 euros de multa.
Son sobre todo los inmigrantes africanos (de Senegal, Costa de Marfil) que son tocados por la explotación al trabajo.
Estos trabajadores sin papeles envían remesas para permitir a su familia vivir en su país de acogida con mejores condiciones de vida. Estos trabajadores sin papeles son contratados por un cierto número de empresas que les arregla de hacer invisible el estatuto del trabajador haciéndole firmar un contrato a cambio de un pasaporte y un número de Seguridad Social.
La idea propuesta por el artículo sería regularizar la irregularidad. En efecto, ciertas empresas y patronos estarían autorizados de dar títulos de estancia a los trabajadores sin papeles, reconociendo la identidad verdadera del trabajador. Sin embargo, con la elección de Emmanuel Macron los prefectos son incitados a despedir los asalariados, más bien que que les regularizan. Así el grupo sindicato CGT desea abrir el diálogo con el ministerio del interior y no con las prefecturas.
