Europapress 22/04/2022 [Noticia seleccionada y comentada por Ana Nistal Miguelez estudiante Grado en Sociología]
Con motivo de un incendio provocado en la provincia de Huelva, ha vuelto a salir a la luz la situación de desigualdad en la que viven miles de inmigrantes. Se asegura que más de 7000 personas de origen inmigrantes se alojan en asentamientos chabolistas, estando expuestos a situaciones de vulnerabilidad debido a las condiciones sociales y económicas en las que se encuentran. Por ello, la organización sindical CC.OO. ha resaltado que “no se puede permitir que los trabajadores en situación de vulnerabilidad por las condiciones sociales y económicas en las que se encuentran vivan expuestos a un peligro permanente”. Me ha parecido de gran relevancia destacar esta noticia porque considero que este tema está llegando a pasar desapercibido o se le ha dejado de dar la importancia que de verdad tiene en el sentido de que se asume que “ya no se puede hacer nada” o “nos estamos acostumbrando a vivir de esta forma, con lo cual tenemos que aprender a buscar alternativas para poder afrontarlo”. Es por esto, por lo que considero que esta organización tiene razón, ya que, por el mero hecho de ser un inmigrante, se ven reducidos tanto sus derechos laborales como su estancia en el país de destino. Como dice el artículo 47 de la Constitución, se reconoce el “derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”. Claramente, todo esto está respaldado por el derecho internacional, la declaración universal de los derechos humanos y el pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales. A su vez, en el ámbito europeo por ejemplo la carta de derechos fundamentales señala en su artículo 34.3 que “con el fin de combatir la exclusión social y la pobreza, la Unión reconoce y respeta el derecho a una ayuda social y a una ayuda de vivienda para garantizar una existencia digna a todos aquellos que no dispongan de recursos suficientes, según las modalidades establecidas por el Derecho Comunitario y las legislaciones y prácticas nacionales”. Es por esto, por lo que se ha subrayado la necesidad de que se busquen alternativas para que estas personas, puedan acceder a una vivienda y a los servicios públicos a los que tiene derecho cualquier persona y que se les deje de privar por la mera condición de pertenecer a otro país que no es en el que se te pretenden residir. Una de las reglas que se han establecido por parte de CC.OO., es mantener el contacto con la inspección de Trabajo para que se denuncien a las empresas que estén contratando a los trabajadores para realizar un trabajo de forma irregular. Yo creo también que solucionar las diferencias idiomáticas serían un punto clave para facilitarles la entrada a un nuevo país.
