Como bien sabemos, el fin de las penas privativas de libertad es la reinserción social y la reeducación del individuo (artículo 25.2 CE). Podríamos pensar que una de las mejores maneras de cumplir ese objetivo sería la realización de tratamientos adecuados a las necesidades de los penados. Sin embargo, no podemos olvidar que estos tienen que poder decidir libremente su realización. En este punto, nos encontramos con el problema de que no en todos los Centros Penitenciarios se tienen las mismas posibilidades.

Teniendo en cuenta que se debe evitar el desarraigo social y familiar del interno, puede darse el caso -y de hecho, se da- de que un sujeto quiera realizar un determinado tratamiento que no se realice en su Centro Penitenciario. Esto implica que tenga que decidir entre trasladarse a otra prisión, alejándose de su familia, o no realizarlo (lo que podría afectar a su reeducación y a sus beneficios penitenciarios). De esta manera, puede verse vulnerado tanto el artículo 25.2 de nuestra Constitución, como los propios derechos del interno.

No siendo suficiente esta carencia, la propia Administración no puede realizar todos los tratamientos, por lo que es de suma importancia la labor que desarrollan las ONGs dentro de los Centros, pues cubren las necesidades que la propia institución, por sí misma, no es capaz.

Aquí pueden surgir algunas dudas: ¿hasta qué punto se están respetando los derechos de los internos, si ni siquiera pueden acceder a los tratamientos que estimen oportunos sin tener que romper su vínculo familiar? ¿Qué falla si la propia institución necesita de ONGs para cubrir las necesidades de los internos?

En definitiva, hasta que no se invierta lo necesario en Instituciones Penitenciaras, hasta que los propios internos no puedan elegir libremente qué tratamiento realizar sin tener que cambiarse de centro (incluso de Comunidad Autónoma), no se estará cumpliendo el fin de la pena: la reinserción social y la reeducación.

Andrea Rubio Alonso

Línea de Intervención Penitenciaria y Derechos humanos

Clínica Jurídica de Acción Social