Como bien sabemos, el fin de las penas privativas de libertad es la reinserción social y la reeducación del individuo (artículo 25.2 CE). Podríamos pensar que una de las mejores maneras de cumplir ese objetivo sería la realización de tratamientos adecuados a las necesidades de los penados. Sin embargo, no podemos olvidar que estos tienen que poder decidir libremente su realización. En este punto, nos encontramos con el problema de que no en todos los Centros Penitenciarios se tienen las mismas posibilidades.

Teniendo en cuenta que se debe evitar el desarraigo social y familiar del interno, puede darse el caso -y de hecho, se da- de que un sujeto quiera realizar un determinado tratamiento que no se realice en su Centro Penitenciario. Esto implica que tenga que decidir entre trasladarse a otra prisión, alejándose de su familia, o no realizarlo (lo que podría afectar a su reeducación y a sus beneficios penitenciarios). De esta manera, puede verse vulnerado tanto el artículo 25.2 de nuestra Constitución, como los propios derechos del interno.

No siendo suficiente esta carencia, la propia Administración no puede realizar todos los tratamientos, por lo que es de suma importancia la labor que desarrollan las ONGs dentro de los Centros, pues cubren las necesidades que la propia institución, por sí misma, no es capaz.

Aquí pueden surgir algunas dudas: ¿hasta qué punto se están respetando los derechos de los internos, si ni siquiera pueden acceder a los tratamientos que estimen oportunos sin tener que romper su vínculo familiar? ¿Qué falla si la propia institución necesita de ONGs para cubrir las necesidades de los internos?

En definitiva, hasta que no se invierta lo necesario en Instituciones Penitenciaras, hasta que los propios internos no puedan elegir libremente qué tratamiento realizar sin tener que cambiarse de centro (incluso de Comunidad Autónoma), no se estará cumpliendo el fin de la pena: la reinserción social y la reeducación.

Andrea Rubio Alonso

Línea de Intervención Penitenciaria y Derechos humanos

Clínica Jurídica de Acción Social

Si ha habido una producción audiovisual que ha conmocionado a nuestro país ha sido la serie de televisión ‘’Veneno’’ creada por Javier Ambrossi y Javier Calvo, estrenada el año pasado. En dicha serie se relata la vida de Cristina Ortiz, icono de la televisión de los años 90, desde su máximo esplendor hasta su caída. Esta mujer visibilizó lo que por aquel entonces la sociedad española veía como una enfermedad y una desviación, la transexualidad. Ella normalizó esta condición y ayudó a personas que, al igual que en su caso, habían peleado toda su vida contra la discriminación y el odio.

Pues bien, uno de los capítulos más duros de la vida de Cristina fue su ingreso en prisión, por un delito de estafa durante 3 años en el año 2003. Cristina fue asignada a un módulo de hombres, a pesar de los esfuerzos de algunos miembros del Equipo Técnico. Allí sufrió vejaciones y abusos sexuales por parte de internos, pero también de funcionarios. También fue privada de su tratamiento hormonal y a causa de los profundos traumas que sufrió en prisión llegó a desarrollar enfermedades psicológicas como la bulimia. Estos hechos exponen comportamientos atroces y totalmente contrarios a los derechos humanos, quedando todo ellos, por desgracia, impunes. Sin tener en cuenta los reiterados episodios de maltrato que sufrió Cristina, el mero hecho de ser clasificada en un módulo de hombres sin su consentimiento ya implica una violación explicita y flagrante de su dignidad y de sus derechos.

María Jesús Lastra fue la primera mujer transexual sin operar que consiguió el cambio a un módulo de mujeres en la prisión de Villabona, donde ingresó por última vez en 2005. María Jesús relata en varias entrevistas cómo en el año 1998 a las mujeres trans se les quitaba el maquillaje, las faldas y todo lo que fuera femenino, hechos que, a partir de la denuncia de la misma, empezaron a cesar.

Actualmente no se disponen de estadísticas oficiales de la población trans en las cárceles españolas y es que a pesar de los avances en materia de igualdad que hemos estado experimentando en los últimos años, no hay que olvidar que este colectivo es especialmente vulnerable, primero por su condición y las reacciones de la sociedad ante la misma y segundo por su situación de internos e internas en centros penitenciarios.

Tal y como relata la propia María Jesús, ‘’la transfobia se sufre en las prisiones como fuera de ellas, la diferencia es que en una cárcel estás entre cuatro paredes y no puedes escapar’’.

Uno de estos avances esperanzadores es que desde el año 2019 en Cataluña las personas trans podrán cambiar de cárcel, con el propósito de mejorar la atención al colectivo en los centros penitenciarios. Esta medida es la única existente hasta el momento en España y esperemos que progresivamente se vayan adoptando iniciativas similares a lo largo de nuestro país.

Para finalizar, relato con esperanza e ilusión un hecho que me impactó positivamente en mi visita al centro penitenciario de Topas (Salamanca). Allí conocí a una interna simpatiquísima, transexual, seguramente de las pocas que existan en nuestra Comunidad Autónoma. Rebosaba simpatía e ilusión. La trabajadora social nos comentó que estaba en el módulo de hombres, porque ella así lo había querido, ya que su pareja se encontraba en el mismo módulo.

Se llevaba bien con todos los reclusos y sobre todo con los funcionarios. Su desparpajo me causó gran simpatía y solo espero que ojalá, todas las personas transexuales que estén cumpliendo condena sean tratadas con el mismo respeto y tengan la misma ilusión por la vida. Todavía queda mucho camino por recorrer.

Tania Rojo Sanz

Línea de Intervención Penitenciaria y Derechos humanos

Clínica Jurídica de Acción Social