Tras ser decretado el Estado de Alarma el pasado mes de marzo, el Ministerio del Interior decidió aislar por completo los 69 centros penitenciarios repartidos a nivel nacional, una medida que afecta a un total de 50.800 reclusos y 23.000 funcionarios de prisiones.

En estos 69 centros penitenciarios, al ser considerados población de alto riesgo, quedan prohibidas las comunicaciones orales ordinarias familiares e intimas, así como las salidas programadas y los permisos ordinarios como preparación para la vida en libertad. Por tanto, hablamos de un bloqueo total, y, aunque una vía de compensación ha sido aumentar las llamadas telefónicas, debemos pensar que gozar de un permiso de salida para los reclusos es un acto de suma importancia, ya que pueden dejar a un lado la realidad de la cárcel para volver a la vida en sociedad con sus familiares mas cercanos que tanto anhelan. Este bloqueo, permite el crecimiento de la incertidumbre entre los internos, provocando el riesgo de que dicha tensión, estalle en cualquier momento. Pero el motivo principal que desencadenaría un estallido dentro de prisión no solo proviene de la prohibición de las visitas, si no lo que se esconde tras ello, porque ya es conocido a que este con este veto, se impediría la entrada en prisión de cualquier tipo de sustancia no permitida como las drogas.

No debemos olvidar que entre el gran numero de personas que ingresan en prisión, un amplio porcentaje lo realiza con problemas de adicción a las drogas. Esto conlleva diversas complicaciones asociadas al consumo como por ejemplo problemas de salud, desestructuración de la personalidad, una difícil convivencia, carencias a nivel formativo y laboral… haciendo que su estancia y ahora mas que nunca, sea mucho más complicada.

Otro de los problemas que nos plantea esta crisis, es la paralización de las actividades impartidas por ONG o voluntarios. Gracias a la rama de intervención penitenciaria, hemos podido conocer de primera mano cómo estas ONG desempeñan un papel fundamental para el desarrollo, tanto dentro como fuera de prisión, de la población reclusa. Por ello, al no considerarse como una labor imprescindible, algo en lo que discrepo, no tendrán acceso hasta nueva orden. No debemos olvidar como la labor de estos profesionales sirve, de forma complementaria, para incrementar desarrollo personal y ético, así como el fomento de hábitos saludables y la estimulación con miras a un futuro laboral. Si esto ahora se les deniega, estaría teniendo lugar un grave retraso en los conocimientos asentados y generando que, la finalidad que persigue el articulo 25.2. de nuestra Constitución Española, no obtenga sus frutos.

En definitiva, en estos momentos y bajo mi perspectiva, la población reclusa está viviendo una doble privación de libertad y de sus derechos fundamentales, donde no solo viven en prisión hasta el cumplimiento de su pena, si no que además se han visto obligados a ver cómo las actividades que realizan a diario y que cuyo fin es la reeducación y la reinserción social, no están siendo permitidas.

Beatriz Barrientos Montes 

Línea de Intervención Penitencia y Derechos Humanos de la Clínica Jurídica de Acción Social

Durante el siglo XX, diversos países de Europa y de América Latina tuvieron que lidiar con violentas épocas de represión propiciadas por regímenes dictatoriales, seguidas de transiciones hacia modelos democráticos. En estos contextos surgió la necesidad de implementar medidas en diversas direcciones, en ocasiones contrapuestas: la reconciliación nacional y el deber colectivo de memoria para evitar la repetición de tales crímenes.

España no resultó ser una excepción en relación con la represión, aunque sí lo fue en cuanto a la terminación de la misma. La singularidad de la experiencia española, en la que no existió una ruptura real con la Dictadura Franquista (el propio Dictador falleció en su cama y fue enterrado con honores de Estado), trajo consigo que el proceso de transición política se llevase a cabo desde dentro de los pilares del propio Régimen. Ello, unido al temor al estallido de una nueva guerra civil, supuso que el poder político se decantase por aplicar un modelo de olvido del pasado como fuente de partida del presente. No fue hasta treinta años después del fin del Régimen Franquista, cuando en 2007 se aprobó la conocida como Ley de Memoria Histórica, que, si bien no incidió sobre los pilares básicos de todo proceso de justicia transicional, permitió cuestionar el modelo del olvido y abrir paso a su discusión en las altas esferas políticas.

Sin embargo, hoy en día no resulta extraño escuchar desde determinados sectores políticos y mediáticos conservadores duros comentarios contra la Ley de 2007, entendiendo la misma como un ataque a la libertad de expresión y presumiendo de haber conseguido eliminar las partidas presupuestarias destinadas a su desarrollo. Ataques que se han intensificado ante la nueva Proposición de Ley de Memoria Histórica y Democrática presentada por el Partido Socialista en enero de 2020 y la propuesta de castigar penalmente el enaltecimiento y justificación del franquismo. Por ello cabe replantearse las siguientes cuestiones: ¿realmente viola la libertad de expresión la Ley de Memoria Histórica? ¿Lo hacen las últimas propuestas del PSOE? En caso afirmativo, ¿se debe terminar con las leyes de memoria? O, ¿cómo deben mejorarse?

Para poder responder a las preguntas anteriores, debe partirse de la importancia que tiene para una sociedad la construcción de memoria colectiva, especialmente tras épocas de violencia y represión.

A lo largo de historia han existido multitud de planteamientos acerca de los conceptos de memoria y conciencia colectiva[i], desde la obra de ARISTÓTELES o la visión colectiva sustentada por DURKHEIM y desarrollada posteriormente por HALBWACHS, hasta la nueva doctrina emanada tras la Segunda Guerra Mundial, la cual pasó a entender la memoria como una teoría del conocimiento. Su máximo exponente, Walter BENJAMIN, diferenció el mero conocimiento de los hechos, propio del historicismo, de la memoria, capaz de conocer tanto los hechos como los no-hechos, partiendo del pasado derrotado como fuente de construcción del futuro. A partir de entonces, hacer memoria pasó a ser un nuevo imperativo categórico, en el que recordar significó repensar todo a la luz de la experiencia de la barbarie parar evitar su repetición futura[ii].

Si bien es cierto que las tesis son minoritarias, parte de la doctrina sostiene que las políticas de olvido —como la implementada en España— son necesarias para lograr la reconstrucción de una sociedad tras un periodo de conflicto o represión y, además, indispensables para garantizar el ejercicio de la libertad de expresión. Entre estos autores destaca BELAVUSAU, quien entiende que la historiografía y la historia son meros instrumentos empleados por los diferentes agentes para satisfacer sus intereses políticos[iii]. Por ello, resulta indispensable que las versiones oficiales de la historia compitan con las versiones alternativas, dejando espacio a la libertad de expresión, pues las leyes de memoria no son sino medios de codificación de la versión hegemónica, que legitima al sistema político imperante.

En contraposición a estas teorías, siguiendo las tesis de BENJAMIN, otros autores entienden que, para reconstruir una sociedad tras un periodo de represión, la libertad de expresión no puede escindirse de la búsqueda de la Verdad, pues en caso contrario se arriesgaría a construir un presente que valide el pasado violento, impidiendo cualquier discusión sobre el sentido de la violencia excepcional. En este sentido, siguiendo las tesis de ATRIA, la comprensión de las épocas de represión y terror tienen que quedar entregadas a las lógicas deliberativas que caracterizan a la libertad de expresión, porque ellas permiten aglutinar la experiencia del sufrimiento y acumular los relatos y las vivencias que dan forma a la historia compartida, con lo que es posible reconstruir una identidad política fracturada. Cualquier argumento que defienda el olvido supone una renuncia a la verdad[iv].

El deber de memoria se plasma a través de diferentes políticas de justicia transicional, vertebradas en torno a cuatro derechos: el esclarecimiento de la Verdad, creando memoria colectiva; la búsqueda de la Justicia, depurando responsabilidades de los autores de la violencia y represión; la Reparación moral y económica a las víctimas; y el implemento de Garantías de no repetición, tales como medidas educativas y de fomento de los Derechos Humanos. De este modo, una política transicional solo será efectiva si es capaz de conjugar todos sus objetivos, interrelacionados entre sí, aunque no se incida en ellos con la misma intensidad. Sin embargo, en ocasiones, para lograr un objetivo se tiende a ignorar a los otros, como ocurrió en España, desatendiendo toda búsqueda de la Verdad para lograr la reconciliación nacional[v].

Entrando en el desarrollo español, la Ley de Memoria Histórica, si bien supuso un triunfo para el movimiento memorialista, no incidió sobre todos aquellos aspectos esenciales propios de la justicia transnacional. En ella, se desarrolla esencialmente la retirada de simbología franquista, así como la búsqueda de desaparecidos, propuestas que presentan numerosos defectos, que no son objeto del presente análisis. Sin embargo, en lo relativo a la búsqueda de la Verdad y Justicia, la Ley carece de todo contenido, pues ni pone en jaque la política seguida en la transición (en ella se alude en varias ocasiones positivamente al espíritu de la transición) ni deroga la Ley de Amnistía de 1967.

De especial relevancia resulta la última Proposición de Ley de Memoria Histórica y Democrática presentada por el Partido Socialista en enero de 2020, la cual mejora sustancialmente los fallos legislativos de la vigente Ley (otorga la búsqueda de desaparecidos a la Administración General del Estado, declara la ilegitimidad y nulidad de los tribunales y resoluciones franquistas, modifica el régimen del Valle de los Caídos para resignificarlo como lugar de memoria de las víctimas de la Guerra Civil y del Franquismo e incluye diversas medidas de fomento de memoria histórica en el sistema educativo- comprendido el nivel universitario), pero no suple sus carencias, especialmente en materia de Verdad y Justicia, no previéndose ninguna medida relativa a la creación de memoria colectiva ni de depuración de responsabilidades (que en la práctica resulta materialmente imposible). A ello se une la propuesta lanzada por la portavoz socialista en el Congreso de los Diputados, Adriana Lastra, de castigar la “exaltación y la apología del Franquismo” en la próxima modificación del Código Penal, cuestión que ya se incorporó en una Proposición de Ley del PSOE de modificación de la Ley de Memoria Histórica de finales de 2017, que preveía incluir tal delito entre los denominados delitos de odio, tipificados en el artículo 510 del Código Penal.

Aunque todos los ámbitos de la justicia transicional están interrelacionados entre sí, y de su implementación conjunta depende la efectividad de la Ley, en lo relativo a la formación de memoria colectiva, la Verdad se convierte en requisito ineludible para el sustento de los demás derechos, tales como las Garantías de no repetición y la búsqueda de la Justicia.

En este sentido, tanto la vigente Ley de Memoria Histórica del año 2007, como la última proposición de Ley de Memoria Histórica y Democrática de 2020, obvian todo intento de creación de memoria colectiva, lo que lleva a la frustración del resto de medidas. Entre su articulado, la última Proposición el PSOE incluye la “formación del profesorado […] en relación con el tratamiento de la memoria democrática”, el fomento en todos los ámbitos académicos de las Universidades de “la formación, docencia e investigación en materia de memoria democrática” o la creación de un Consejo de la Memoria adscrito al ministerio competente. Sin embargo, al carecer de cualquier medida destinada a la formación de conciencia colectiva o búsqueda de la Verdad (como sí incluía la Proposición de modificación de la Ley de Memoria Histórica presentada por el mismo PSOE en diciembre de 2017, al proponer la creación de una Comisión de la Verdad), las Garantías de no repetición mencionadas carecen de una Verdad común a la comunidad sobre la que educar, fomentar o educar.

Por ello, la Ley cae en la trampa de poder convertirse en un mero instrumento del poder político de turno, el cual podrá imponer su propia concepción de la Verdad dependiendo de sus intereses, dirigiendo las Garantías de no repetición bajo sus propios planteamientos del pasado. Sin embargo, resulta esencial alejarse de las teorías que abogan por resolver el problema negando la validez de las leyes de memoria, debiendo fomentar una política de memoria que abarque todos los ámbitos de la justicia transicional, comenzando por el esclarecimiento de la Verdad. Por ello, siguiendo la Proposición de Ley del PSOE del año 2017, resulta inexcusable la creación de una Comisión de la Verdad que sea capaz de crear una memoria colectiva común a sociedad española, sustentando en ella el resto de las medidas y, con ello, poder evitar la repetición de los crímenes pasado.

Del mismo modo, la Ley tampoco puede caer en la tentación de convertirse en aquello que pretende evitar, pues no resulta posible construir una Verdad contraviniendo el papel preferente de la libertad de expresión. El empleo del Código Penal se manifiesta del todo contradictorio para castigar los denominados delitos de opinión. Además de resultar incongruente impedir el enjuiciamiento de quienes cometieron tales crímenes y tipificar su enaltecimiento y justificación, el Derecho Penal tan solo debe aplicarse como ultima ratio, reduciendo su aplicación a aquellos discursos que inciten de manera directa y pública a la comisión de delitos, a pesar de que éstos resulten indignantes e incluso amenazantes. En caso contrario, se violarían tanto los principios penales como se fomentaría el efecto desaliento en detrimento de la libertad de expresión, proporcionando motivos a todo el movimiento contrario a las leyes de memoria, peligrando, con ello, la construcción de memoria colectiva que impida tanto repetir como legitimar la represión y violencia pasada.

Manuel Cabezas Vicente

Línea de Memoria Histórica de la Clínica Jurídica de Acción Social

La aplicación de la justicia democrática sobre los crímenes y abusos acontecidos durante la guerra civil española y el franquismo lleva postergándose durante décadas de nuestra historia. Es nuestra misión conocer nuestra propia historia y preservar la memoria de sus víctimas para no volver a repetirla. Por ello, esta entrada está dedicada a visibilizar esos crímenes y a las personas que les han dado voz.

Muchas familias han tenido que esperar durante más de ochenta años para que su caso sea escuchado, gracias a la denominada querella argentina. En marzo de 2020 se ha sumado una denuncia colectiva más, acumulando delitos de diversa tipología, contando con cientos de casos de desaparecidos, encarcelaciones, deportaciones a Mauthausen, trabajos forzados o las torturas realizadas por Antonio González Pachecho (alias Billy el niño). La iniciativa de esta denuncia fue promovida por María José Bernete, con el apoyo de los abogados Ana Messuti y Máximo Castex, además de la Red Catalana y Balear de apoyo a la querella argentina contra los crímenes del franquismo. Su principal logro es haber iniciado desde Buenos Aires un proceso judicial que investigue las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el franquismo.

Esta denuncia colectiva contiene tan solo un episodio sucedido en pequeñas poblaciones de Córdoba. El sur de España fue una de las zonas más castigadas por la represión franquista, acumulando más de 45.000 personas asesinadas y más de 700 fosas comunes. Relacionado con esto, Córdoba es una de las provincias con mayor número de víctimas del nazismo, con personas que pasaron por centros de reclusión de la Alemania nazi. Las familias de estas víctimas esperan el reparo democrático de estos casos gracias a la Justicia Universal, encargada de perseguir los crímenes de lesa humanidad.

Debemos tener en cuenta que según la causa de la Audiencia Nacional del juez Baltasar Garzón, España cuenta con 114.226 víctimas ejecutadas por la represión franquista. Debido a la falta de desarrollo, financiación y retraso en materia de memoria histórica en España, la mayor parte de las familias que reclaman los restos de sus seres queridos se encuentran condenadas a no poder recuperarlos. Con suerte, solo un cuarto de las reclamaciones son escuchadas y atendidas, permitiendo exhumaciones para que las víctimas en fosas comunes puedan ser recuperadas.

Una cuestión de mayor actualidad, pero también relacionada con la lucha contra los crímenes del franquismo, es rendir homenaje a Chato Galante, preso del franquismo, recientemente fallecido como consecuencia del Covid 19. Una vida dedicada al activismo antifranquista y defensor de la libertad y la democracia que comenzaría desde el movimiento estudiantil, en el Sindicato Democrático de Estudiantes al que se unió en el año 1967. Por este fue arrestado por primera vez con tan solo 20 años, acusado de realizar actividades subversivas, delito por el que fue torturado durante tres días. Lejos de mermar su ánimo, años después, Chato formaría parte de la creación de la troskista Liga Comunista Revolucionaria en 1971. En ese mismo año se produciría su segundo arresto, que duró catorce días, y en el que recibió brutales torturas a manos de Billy el niño. Sufrió un trato inhumano que no solo le dejaría secuelas físicas, sino también psicológicas.

El activismo no cesó, pues sus ideales seguían intactos y, aún había por lo que luchar. Tras pasar alrededor de cinco años en la cárcel, fue puesto en libertad en virtud del Real Decreto-ley 10/1976, de 30 de julio, sobre amnistía. El mismo texto que dejaría impunes los crímenes de lesa humanidad que se habían cometido contra su persona y contra otras tantas. Por ello, bajo el amparo de la asociación de represaliadas y represaliados políticos del franquismo la Comuna, tras la actitud adoptada del Tribunal Supremo español que anula la presentación de querellas y, por tanto, la negación del acceso a la justicia de todas las víctimas del franquismo, se inició la querella argentina a la que anteriormente ya nos hemos referido. González Pacheco, quién acumulaba numerosas condecoraciones por sus actuaciones represivas como policía franquista, es uno de los imputados y suma un total de treinta y seis querellas por los crímenes que cometió.

Han pasado cuarenta y cinco años desde la muerte del dictador y desgraciadamente son muchas las víctimas que nos han dejado sin haber podido ver satisfechos sus derechos y, sin que se haya hecho justicia. Chato Galante fue un firme defensor de la justicia democrática, un fiel compañero en la lucha contra el franquismo en nuestro país y pasará a la historia como un referente del movimiento memorialista. Recientemente ha habido ocasión de verle, junto a otros represaliados del franquismo, en el documental “El silencio de otros” de Almudena Carracedo y Robert Bahar. Este nos muestra la lucha silenciada de las víctimas, quienes se han visto abocadas a recurrir a la justicia universal a diez mil kilómetros de distancia, y las dificultades que de momento han impedido que prospere la querella argentina.

Desde la Clínica Jurídica de Acción Social de la Universidad de Salamanca, y más concretamente de la Línea de Memoria histórica, queremos aprovechar este espacio para rememorar aquello por lo que luchamos recordando la vida de Chato, a quien mostramos nuestro más sincero respeto y reconocimiento.

Alicia Porras Montes y Naroa Fuente Puente.

Línea de Memoria Histórica de la Clínica Jurídica de Acción Social

https://elpais.com/sociedad/2020-04-01/el-gobierno-dara-autorizacion-de-trabajo-a-inmigrantes-con-perfil-sanitario.html

La situación que está atravesando España con el COVID-19 está generando gran incertidumbre a nivel nacional, ya que ni siquiera el propio Gobierno sabe cuando todo esto puede llegar a su fin. Uno de los principales problemas que soporta España dentro de esta situación tan dura y difícil para todos, es la falta de personal sanitario frente a las enormes necesidades sanitarias actuales, lo cual ha impulsado al Gobierno a llevar a cabo un procedimiento que permita contratar de manera urgente a inmigrantes con perfil sanitario, debiendo tomar medidas excepcionales dentro del estado de alarma. Estas medidas no solo son para médicos y enfermeros, sino que el borrador del texto incluye otros profesionales como dentistas, farmacéuticos o técnicos de laboratorio.

Una de estas medidas consiste en conceder autorizaciones de trabajo a extranjeros que cuentan con titulaciones de Medicina o Enfermería y que ya residen de manera legal en España, junto con la medida de agilizar y facilitar los permisos y homologaciones a estos extranjeros, requisito necesario para ejercer. Al frente de esta iniciativa está la Secretaría del Estado de Migraciones, e involucra a siete ministerios: Migraciones, Universidades, Sanidad, Educación, Exteriores, Interior y Administración Territorial.

De manera que estas medidas benefician a inmigrantes cualificados cuyo permiso de residencia no les permite trabajar; pero también a aquellos que hayan superado el MIR pero que se han quedado sin plaza, a médicos residentes extranjeros en su último año de formación y a solicitantes de asilo con la formación adecuada que lleven menos de 6 meses en España, y por lo tanto no tienen autorización de trabajo.

Lo que pretende el Gobierno con estas medidas es incorporar al Sistema Nacional de Salud a cientos de profesionales sanitarios, para que se unan a la lucha contra el COVID-19, que hasta ahora no tenían permiso para trabajar.

Estas medidas abren la puerta a un colectivo de extranjeros, que de otra forma no tendrían la posibilidad de acceder al mercado de trabajo con tanta rapidez, ya que la homologación de títulos suele demorarse más de 1 año. Es importante destacar que estas medidas únicamente benefician a aquellos extranjeros con residencia legal en España, pero no a extranjeros que se encuentran fuera de España y tampoco a inmigrantes en situación irregular.

Por lo tanto, debido a esta situación, a los profesionales que cumplan los requisitos y lo soliciten durante la vigencia del estado de alarma se les concedería casi automáticamente un permiso extraordinario de residencia y trabajo válido en todo el territorio nacional. Esta autorización tiene una validez máxima de un año, y una vez transcurrido este tiempo, los profesionales tiene que acogerse a la legislación actual para renovar sus permisos. Sin embargo, se darán algunas facilidades como por ejemplo no tener en cuenta la demanda nacional de empleo, lo cual normalmente condiciona las autorizaciones de trabajo para extranjeros.

Pero España no ha sido el único país que ha tenido que recurrir a profesionales sanitarios extranjeros, sino que también países como Italia, Venezuela, EEUU y Reino unido se han sumado a la lista de países que están solicitando profesionales sanitarios extranjeros.

Todo esto nos lleva a darnos cuenta que el mundo está formado por personas, y no por razas, etnias o nacionalidades, y es en este caótico momento donde nos damos cuenta que solamente todos unidos, tanto personas como países, podemos vencer al COVID-19, lo que debería hacer reflexionar a muchas personas, las cuales deberían darse cuenta que todos somos personas, y todos merecemos el mismo trato, ya que son los extranjeros los que ahora pueden ayudarnos a salvar miles de vidas.

Cristina Nieto Sánchez

Línea Migrantes y Derechos del la Clínica Jurídica de Acción Social

https://www.tiempo.com/noticias/actualidad/covid-19-coronavirus-y-el-consumo-deenergia.html

Estos días todos estamos oyendo como el gran beneficiado de esta crisis que ha causado el COVID-19 y, que ha llevado a muchos países a confinar a sus ciudadanos, es el Planeta Tierra, debido a que se han logrado reducir las emisiones de carbono. Si bien se han logrado reducir considerablemente las emisiones de carbono llegando, en algunas ciudades, a los niveles más bajos registrados en los últimos años; ¿qué pasa con el exponencial aumento del consumo de energía en los hogares?

El hecho de estar confinados en nuestros hogares hace que aumentemos nuestro consumo de energía. Si bien es cierto que esto depende de las condiciones climáticas, la geografía o nuestro estilo de vida, sí podemos decir que esta parece ser la tónica predominante. Esto se puede deber a múltiples factores, como el uso intensivo de la televisión o el ordenador, que lo usamos no solo para trabajar o estudiar, sino también como herramientas de ocio; también al mayor uso de lámparas, porque el hecho de pasarnos el día en casa y que podamos levantarnos más tarde al ahorrarnos el tiempo que tardábamos en llegar de casa al trabajo, hace que mucha gente se vaya más tarde a dormir, teniendo que hacer uso de estas durante más tiempo por las noches. Todos estos comportamientos lo único que hacen es que aumentemos la huella de carbono de nuestros hogares, con lo que podríamos estar compensando el descenso en las emisiones del tráfico rodado.

Con todo ello, la conclusión a la que llegamos es que, si bien es cierto que durante el tiempo de confinamiento, las emisiones de esos países se ven reducidas en un amplio porcentaje, este descenso se debe mayoritariamente al cierre temporal de actividades industriales así como al descenso de la demanda del petróleo y la disminución de los viajes aéreos; porque como hemos visto, la reducción de las emisiones del tráfico rodado están compensadas con el aumento de la energía consumida en los hogares. Pese a ello, es previsible que, una vez se levanten estas medidas, las empresas intenten recuperar el “tiempo perdido”, aumentando su producción, con lo que únicamente se conseguiría un “efecto rebote”.

En definitiva, si con el levantamiento del confinamiento las cosas vuelven a la “normalidad”, no habrá nada que celebrar; ya que tal y como hemos dicho, aunque las emisiones de carbono se estén reduciendo, es previsible que, tan pronto como la actividad industrial vuelva a funcionar, exista un notable repunte, aumentando de forma drástica. Por ello, desde aquí hacemos un llamamiento a los lectores para cambiar nuestra forma de consumo, para así lograr reducir las emisiones de gases de efecto invernadero o, al menos, mantenernos en los niveles registrados durante el tiempo de confinamiento, ya que es la única manera de salvar nuestra casa, el Planeta Tierra.

Jaime Castaño Hernández

Línea de Medio ambiente y Consumo responsable de la Clínica Jurídica de Acción Social

https://www.elconfidencial.com/mundo/2020-04-01/ecofascismo-humanidad-viruscoronavirus_2525411/

Sin ninguna duda, uno de los beneficiados de esta pandemia global es el medio ambiente. La reducción de emisiones contaminantes derivada de la paralización de la producción, así como del menor uso de los medios de transporte a motor y la bajada de la demanda de petróleo ha provocado una mejora notoria de la calidad del aire en aquellos lugares del mundo donde la población se encuentra confinada en sus hogares.

Muchos son ya los que afirman que el verdadero virus es el ser humano, y que el COVID-19 ha sido enviado por la propia naturaleza, que está comenzando a rebelarse contra la especie humana.

Sin embargo, muchos activistas climáticos ya han dado la voz de alarma: celebrar una catástrofe de esta índole contra los seres humanos y justificar un número elevado de muertes, que en este caso, recae sobre los más débiles, alegando que somos demasiados y los recursos del planeta tierra son limitados, son ideas provenientes del llamado ¨ecofascismo¨, algo totalmente contrario a los objetivos perseguidos por los activistas climáticos, pues su verdadero fin es salvar vidas.

No es necesaria la muerte ni la destrucción para salvar al planeta, lo que se necesita es un cambio, pues tomar el primer camino, no es una forma de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Este tipo de ideología vindica la muerte de los débiles para intentar paliar las consecuencias del cambio climático, reducir la población para que solo queden los fuertes, algo totalmente en contra de los principios de la justicia climática. No existen dudas de que se trata de una ideología peligrosa, que poco a poco está cobrando mayor protagonismo en la sociedad, en la que demasiados piensan que el COVID-19 está siendo la ¨cura¨ del planeta y la enfermedad son los humanos.

Ya han existido diversos ataques terroristas en los que se ha masacrado a seres humanos justificándose, entre otros motivos, por el daño al medio ambiente, defendiendo que eliminando a la población, se conseguirá un modelo social más sostenible, como por ejemplo en el tiroteo en El Paso y el ataque terrorista en Christchurch (Nueva Zelanda)

Aunque a corto plazo apreciemos una mejoría en la calidad del aire en diversos lugares del planeta, no tardaremos en conocer de nuevo resultados negativos para el medio ambiente, ya en Wuhan la basura cuadriplicó sus cifras, proveniente del material sanitario utilizado durante la pandemia, algo que ocurrirá en todos aquellos países que han resultado más afectados por la misma y que están adquiriendo una gran cantidad de materiales sanitarios. En definitiva, el COVID-19 no va a salvar al planeta, puesto que ya muchos países están pidiendo aplazar en las agendas internacionales asuntos relacionados con el cambio climático, para priorizar el crecimiento económico.

La conclusión que obtenemos ante esta situación es que no cabe justificar la muerte de miles de seres humanos para salvar al planeta tierra. Ese no es el camino.

Ana María Gómez García

Línea de Medio ambiente y consumo responsable de la Clínica Jurídica de Acción Social.

https://www.eldia.es/sociedad/2020/03/21/cuarentena-sana-medioambiente/1062766.html

Multitud de científicos y organizaciones llevan años advirtiendo sobre los grandes problemas que se generan en la población debido al cambio climático, cambio que ha provocado la propia actividad humana y que según estudios afectará más a nuestra generación y las futuras.

Entre estos problemas que provoca el cambio climático está el incremento de las temperaturas debido a la emisión de determinados gases a la atmósfera, entre ellos el CO2, que alteran el sistema climático global.  Esta causa es de origen antropogénico, es decir, se genera como consecuencia de la actividad humana, en mayor medida tras la revolución industrial, pues la cantidad de CO2 que se ha emitido a la atmosfera ha aumentado considerablemente debido a la quema de combustibles principalmente.

Otro de los problemas que ocasiona el calentamiento global, como ya señaló un estudio de la OMS es que traerá grandes consecuencias que pondrán en riesgo la salud, “tales como los fenómenos meteorológicos catastróficos, la variabilidad de los climas, los cambios de la distribución de los brotes de enfermedades infecciosas o las enfermedades emergentes relacionadas con los cambios de los ecosistemas”.

En España ya hemos podido observar estas consecuencias pues el calentamiento global provoca desplazamientos del azor de las islas canarias lo que ha conllevado que las olas de calima, que son partículas de polvo y arena en el aire, en Canarias sean cada vez más graves, provocando en ocasiones una mezcla con otras partículas como pueden ser bacterias o virus que cuando se impregna con la capa más baja de la atmosfera causan enfermedades respiratorias. A finales de febrero veíamos tanto en la televisión como en periódicos nacionales titulares tan alarmantes como son los siguientes: El episodio de calima de Canarias bate récords de temperatura, periódico EL PAÍS o La calima deja en Canarias «el aire más peligroso del planeta» del periódico ABC.

Actualmente y como ya han señalado mis compañeros en artículos anteriores, la pandemia del Covid19 está teniendo un fuerte impacto en el medioambiente debido a la paralización económica que está sufriendo la población mundial. Tal paralización ha provocado como bien señala el artículo del periódico EL DIA, que las micras por metro cúbico de dióxido de nitrógeno registradas en toda la comunidad canaria se hayan reducido hasta niveles mínimos, por lo que se ha producido una disminución de la contaminación importante y esto es debido tanto a la reducción de la emisión de gases provocada por vehículos como de las grandes industrias, como es la eléctrica.

Y aunque no se puede demostrar que exista un nexo causal entre la cuarentena y la lluvia de los últimos días lo que sí podemos observar es que se han producido precipitaciones cuando Canarias se encontraba al borde de la sequía, seguido de la recuperación por la especie animal de espacios naturales que habían sido ocupados por los humanos para sus actividades económicas e industriales.

Estas consecuencias positivas para el medioambiente que se están manifestando últimamente dejan claro el impacto que provoca el ser humano en el medioambiente, lo que debería hacernos reflexionar sobre la importancia de salvaguardar el medio y llevar a cabo conductas menos perjudiciales para combatir el cambio climático, pues es algo que está en nuestras manos.

Desde el punto de vista jurídico autores proponen redefinir la expresión derecho fundamental e incluir dentro de esta categoría al medioambiente extendiéndose la obligación a los poderes públicos y a los ciudadanos de protegerlo y restaurarlo.

Rebeca De Benito López

Línea de Medio ambiente y consumo responsable de la Clínica Jurídica de Acción Social