El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha creado un grupo de trabajo presidido por el Secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades y formado por: 6 representantes de las Comunidades Autónomas (Madrid, Andalucía, Valencia, Baleares, Extremadura y Castilla La Mancha), CRUE y las organizaciones sindicales más representativas del sector (CCOO, CSIF y UGT).
La primera reunión se celebró el 2 de febrero y sirvió de toma de contacto y establecimiento de la dinámica del grupo de trabajo, donde se ha destacado la responsabilidad como regla básica de trabajo.
El primer objetivo del Ministerio para este grupo de trabajo es conseguir consensuar una propuesta para, a medio plazo, lograr plantillas más grandes para que el profesorado tenga tiempo de realizar otras tareas además de las docentes (investigación, transferencia, etc..).
Se establece como horizonte un aumento de 4.200 plazas nuevas de profesorado Ayudante Doctor en cuatro años. Durante este año se quieren crear 2100 plazas, de las que el Ministerio se compromete a financiar dos tercios y las CCAA deberían financiar el otro tercio, utilizando cinco criterios:
1. Financiación de plazas adicionales (Ayudantes Doctores).
2. Cofinanciación, entre Ministerio y CCAA.
3. Nuevas plazas extra, más allá de las que se están convocando.
4. Criterios de distribución.
5. Flexibilidad.
Para esto, el ministerio dice que es necesaria la modificación/flexibilización de las disposiciones transitorias 7ª y 12ª de la LOSU.
CCOO celebra que la nueva ley ponga encima de la mesa uno de los más graves problemas de la universidad española: la precariedad de su profesorado. Sin embargo, la solución propuesta no es suficiente y vuelve a dilatar los tiempos. Queremos recordar que la problemática de los llamados “falsos asociados” no es el único elemento de precariedad en la universidad: la existencia de la tasa de reposición nos ha abocado a un problema de plantillas insuficientes de otras figuras de PDI y de PTGAS, además de un inexistente desarrollo de sus carreras profesionales, falta de financiación de la investigación o falta de inversión en infraestructuras serían otros de los problemas que las universidades deben afrontar sin falta.
Desde luego, consideramos que las Comunidades Autónomas no pueden mirar para otro lado. Llama la atención que los gobiernos regionales pongan ahora los ojos en el Ministerio y anuncien a bombo y platillo haber aumentado sus presupuestos para las universidades, cuando algunos de estos problemas vienen de la pasada década (o antes) y, en muchas universidades, se han convertido en estructurales.
Es necesario un cambio en las políticas y gestión universitarias que garanticen unas condiciones de trabajo estables y dignas para sus trabajadores y trabajadoras. No podemos seguir con un sistema fundamentado en la precariedad de las figuras más débiles de las plantillas. Un ejemplo de ello son los recortes en sus retribuciones o el elevado número de profesorado asociado sobre el que se sustentan los títulos. Pero de nada servirá cambiar estos asociados, como están planteando la mayoría de las universidades, por la nueva figura del Profesorado Sustituto mal pagado y sin apenas requisitos para impartir docencia en la universidad. El problema se verá agravado, pasando de la precariedad del profesorado a la dudosa calidad de la formación impartida y la destrucción del servicio público universitario.
Por todo ello, CCOO hace un llamamiento a la responsabilidad de todos los actores con capacidad de decisión para afrontar de una vez por todas la nefasta situación. Las personas que trabajan en las universidades no pueden esperar más y necesitan ver un cambio de rumbo real.
Seguiremos informando.
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