Esta crisis no puede dejar a nadie atrás

La Universidad Pública, como servicio público de Educación Superior, se ha adaptado en tiempo récord a la situación excepcional derivada de la paralización de la actividad presencial como consecuencia de la crisis del SARS-CoV-2. Los trabajadores de la Universidad Pública estamos comprometidos como ciudadanos y corresponsabilizados como empleados públicos con esta situación de emergencia nacional.

La presente crisis ha revelado para el conjunto de la sociedad la importancia y el trabajo que conlleva una docencia de calidad. Por ello revindicamos el esfuerzo de todo el PAS y el PDI, que están realizando su trabajo en condiciones a menudo complicadas. Estamos asegurando que las competencias establecidas en las memorias se están adquiriendo, a pesar de que en la mayoría de los casos deba hacerse con equipos e infraestructuras propias, en circunstancias complejas, tanto desde el punto de vista técnico (no todas las personas tienen los sistemas informáticos adecuados) como desde el punto de vista del entorno de trabajo (conciliación de la vida laboral y familiar y personal). También queremos poner de manifiesto la ímproba labor que está realizando el PAS en el ámbito de gestión y servicios de apoyo a la comunidad universitaria, como por ejemplo los servicios informáticos, la atención a la comunidad universitaria y la virtualización de los procesos de gestión.

Consideramos que la digitalización de la Universidad Pública es más que impartir las clases online, requiere infraestructuras robustas y procedimientos y metodologías específicas. Por tanto, este proceso no se puede hacer a coste cero. Hay que reclamar una financiación adecuada para llevarlo a cabo. Un proceso tan importante no se puede improvisar.

Nos preocupa mucho la evaluación no presencial. Las agencias de evaluación de la calidad (ANECA y agencias autonómicas) han planteado unos plazos muy restrictivos para la modificación de fichas docentes. Todo ello en una situación en la que hay serias dudas sobre la seguridad jurídica de la evaluación online. La misma preocupación se extiende a la celebración de la EBAU.

Constatamos una modificación de nuestras condiciones de trabajo, especialmente de sobrecarga (volumen, nuevas tareas, horario desregulado) y en la mayoría de los casos utilizando los recursos propios. Se está confundiendo el teletrabajo, regulado por una directiva europea, con el trabajo a distancia, regulado por el E.T. Todo esto en un contexto en el que los trabajadores de las universidades también enferman y participan en los cuidados de otros.

Si nos preocupa la docencia, tanto o más nos preocupa la investigación. El mantenimiento de la financiación y la prórroga de los contratos de los investigadores es una pieza clave para superar la situación que estamos viviendo. Esta crisis sanitaria pone en evidencia la necesidad de fomentar el tejido I+D+i del país para poder afrontar los retos futuros con mayores garantías de éxito.

Estamos contribuyendo a paliar la crisis, con nuestro plus de trabajo, pero no estamos dispuestos a ser omitidos de las tomas de decisiones. Exigimos formar parte de las mismas, en todos los niveles (estatal, autonómico, universitario).

Debido a ello, estamos disconformes con la forma en que se está llevando la toma de decisiones durante la crisis, que corresponde a un modelo gerencial (Ministerio, CC.AA y universidades, todos desde arriba hacia abajo). Sobran decisiones unipersonales, opacidad, reforzamiento de posiciones controladoras y autoritarias y con envío de decisiones y comunicaciones de los rectorados desiguales a sus comunidades universitarias.  Los responsables educativos tienen que contar con los sindicatos.

Porque nosotros, que “arrimamos el hombro”, queremos negociar las prioridades, los procedimientos, los escenarios y los tiempos. Porque desde CCOO estamos por distinguir lo urgente y lo importante y por no perder de vista el medio y el largo plazo. Vivimos una situación histórica en la que se está mostrando la importancia de los servicios públicos y la ciencia. En este contexto, el papel de los sindicatos es importante y urgente. El escenario no puede ser de lo más imprevisible, evitar la desorganización es importante, pero todavía lo es más conseguir asentarla a partir del consenso, y no de la imposición.

CCOO realiza las siguientes propuestas:

1. Diálogo y reflexión sosegados, de las autoridades universitarias en los distintos niveles, los agentes sociales y los representantes de los estudiantes sobre la forma y temporalidad de finalización del curso actual y sus implicaciones y repercusiones respecto del curso próximo, teniendo en cuenta las estimaciones de la duración de la situación excepcional.
2. Repensar el carácter no presencial de la convocatoria de evaluación de junio o incluso de julio. Hay variables distintas: a) la evolución de la emergencia sanitaria; b) los ritmos que adquiere en las diferentes comunidades; c) la variedad de entornos académicos: asignaturas de últimos cursos, con carga elevada de prácticas (clínicas, laboratorios, etc.); d) titulaciones profesionalizantes, etc.

Hay que considerar que la evaluación es un acto administrativo, que exige unas garantías jurídicas y que actualmente algunas plataformas tecnológicas disponibles no ofrecen seguridad suficiente de autentificación.

Es posible contemplar opciones como ampliar los periodos de evaluación y reconfigurar el principio del próximo curso académico, incluyendo nuevos periodos de matrícula.

Se debe celebrar la EvAU con las máximas garantías evitando la falta de igualdad de oportunidades y contribuyendo a la equidad. La EvAU corrige diferencias de criterios de evaluación entre centros de enseñanza, estableciendo una calificación más justa para el ingreso en Grados con límite de plazas.

1. Herramientas claras y garantías jurídicas para asegurar la validez de las actividades docentes y académicas que estamos desarrollando, extendiendo esta solicitud también a las agencias de calidad, en el ámbito de su competencia (seguridad jurídica, diseño de los distintos y posibles escenarios, etc.).

En particular, es fundamental aclarar cómo se va a realizar la evaluación a distancia, en el supuesto de que finalmente se opte por este sistema. Se están planteando propuestas fáciles sobre el papel, pero difíciles de implantar y de llevar a cabo, incluyendo todos los aspectos relativos a la seguridad y la autenticación. La situación de emergencia será puntual, pero sus consecuencias no.

Se tiene que ampliar los plazos que las agencias de calidad están estableciendo para la realización de las modificaciones necesarias en los planes de estudio, que en cualquier caso entendemos que deben ser consideradas como adendas.

1. Retomar la cultura de la negociación: pedimos mayor transparencia y participación en la toma de las decisiones. Nos comprometemos a colaborar con lealtad.

Negociar las condiciones de trabajo, dada la sobrecarga de trabajo que se está produciendo.  Esta situación no puede justificar la pérdida de derechos (horarios desregulados, conciliación con la vida personal y familiar, etc.).

Incentivar las medidas necesarias para aplicar en todo momento planes de trabajo que permitan la conciliación con la vida personal y familiar, modificando estructuras horarias hacia otras basadas en tareas o proyectos.

Proteger la participación legítima de los delegados de PRL por medio de los Comités de Seguridad y Salud como única vía para proteger la salud en el entorno de trabajo, entendiendo la sobrecarga, la ansiedad y el estrés asociado a este contexto excepcional.

1. Mantenimiento del empleo en las universidades públicas, facilitando mediante decreto ministerial las prórrogas automáticas hasta la finalización del curso académico 2020-21 del personal temporal de PDI y de los interinos del PAS cuyo contrato finalice el presente curso académico, con el objetivo de poder afrontar en condiciones adecuadas de funcionamiento el próximo curso académico. Hay que avanzar en finalizar con la excesiva precariedad como consecuencia de los recortes sufridos en la crisis anterior, manteniendo las ofertas de empleo público, eliminando las tasas de reposición y realizando nuevas ofertas que disminuyan la temporalidad y precariedad del personal universitario.
2. Protección de la investigación en curso, que en muchos casos deberá reiniciarse y por ello hay que replantear prórrogas para contratos y proyectos y resolución de la convocatoria del Ministerio de Ciencia y Tecnología de 2019 a la mayor brevedad posible. Solo los países innovadores son capaces de afrontar los retos del futuro sin sufrir retrocesos en el bienestar ni en la igualdad de sus ciudadanos. No habremos aprendido nada de esta crisis si no entendemos que los recortes en los servicios públicos no nos permitirán mantener un estado de bienestar lo suficientemente robusto como para superar la crisis y evitar ser vulnerables en otras futuras.
3. Las prórrogas de los contratos de investigación establecidas en las disposiciones adicionales 12 y 13 del RDL 11/2020 son insuficientes. Es necesario tomar como referencia el análisis hecho desde los OPIs y en particular el CSIC. Las prórrogas de los contratos deben ser más amplias para asegurar el mantenimiento de las labores docentes e investigadoras, tanto de este curso como del que viene. Asimismo, esta situación acarrea consecuencias en los plazos de depósito y defensa de tesis doctorales que deben salvaguardarse con total prioridad, y de otros derechos recogidos en las convocatorias de la Ley de la Ciencia (movilidad internacional, ayudas, etc.) que no pueden verse conculcados.
4. Solicitud de que el artículo 49 del RDL 11/2020 “Disponibilidades líquidas de los organismos autónomos y otras entidades integrantes del sector público estatal” no se aplique a los organismos del sistema sanitario y del sistema público de I+D.
5. Identificar y paliar las brechas digitales de los estudiantes en condiciones de vulnerabilidad.
6. Reforma de las políticas de becas del Ministerio para el próximo curso académico en cuanto a requisitos académicos y a la propia naturaleza de las becas generales para garantizar la equidad en el acceso al estudio. Hay que eliminar las revocaciones de becas, con la obligación de devolver el dinero, cuando no se ha alcanzado el nivel de éxito requerido y considerando que se ha hecho un uso fraudulento del dinero de la beca, cuando puede haber muchas razones que expliquen ese fracaso. Las condiciones económicas para obtener beca en el curso 2020/2021 no pueden estar referidas exclusivamente al IRPF de 2019 porque muchas familias habrán cambiado drásticamente su situación económica.
7. Suprimir la penalización económica por repetir asignaturas porque en esta situación excepcional el mayor éxito o fracaso puede verse afectado por los medios de que se dispone en el hogar (espacio para estudiar, medios informáticos y bibliográficos, posibilidad de aislamiento y concentración, entre otros) al no poder acceder a bibliotecas, salas de estudio, lo que perjudica a los estudiantes de familias con menor capacidad de renta.

1. Queremos colaborar en el diseño de un Plan Digital para extender las competencias digitales de las universidades públicas, sin perder la potencialidad de la interactuación entre las personas sin mediación y toda la riqueza de la presencialidad.

En CCOO trabajamos para que nadie se quede atrás: ningún estudiante, ninguna trabajadora ni trabajador temporal, y para que no empeore la empleabilidad futura, las condiciones de trabajo y el sostenimiento de la Universidad como servicio público. 

CCOO apuesta para que la Universidad Pública pueda seguir realizando las tareas que le corresponden: Docencia, Investigación e Innovación sin recortes de plantillas, manteniendo las OEPs y prorrogando acuerdos para mantener puestos de trabajo tanto fijos como eventuales.