ELDIARIO 16/05/2018 [Noticia seleccionada y comentada por Lucía Nogales González. Grado en Trabajo Social]
El día 15 de Mayo frente al Ministerio de Empleo en Madrid, un grupo de refugiados para denunciar su exclusión del sistema de acogida, apoyados por la ONG Coordinadora de Barrios y la Red Solidaria de Acogida. No pueden residir en centros de refugiados, no tienen acceso a cursos de español, ni atención psicológica, según los propios protagonistas, viven en una situación de inseguridad jurídica y en condiciones de vida de indigencia y sin hogar.
La normativa europea obliga a los refugiados a pedir protección en el país donde hayan quedado registrados inicialmente, las personas que llegan a España de manera irregular piensan en tener más oportunidades, pero si su entrada queda registrada en otro país miembro pueden ser devueltos en base al Reglamento de Dublín. A las personas devueltas a España no les readmiten en el sistema de acogida, por lo que no pueden beneficiarse de los mecanismos existentes para promover su integración en la sociedad. En este caso, al margen procedimiento administrativo, por lo que se trata de una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. Esto se debe a la falta de información, las personas afectadas no fueron informadas de esta condición.
