El País 24 JUL 2017 [Noticia seleccionada y comentada por Romina Accossatto - Máster en Estudios Latinamericanos]
A principios del año 2017, el presidente Mauricio Macri lanza un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modifica la ley migratoria argentina. Entre las reformas establecidas, se encuentra la ampliación de las causas de denegación y de cancelación de residencia en el país, la dilatación del plazo necesario para acceder a la ciudadanía nacional, debilita el derecho de defensa y extiende o acelera las posibilidades de detención de migrantes sujetos a un trámite de expulsión. Organismos de derechos humanos, entre ellos Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, criticaron el decreto y lo calificaron como un “política regresiva” que retrotrae la legislación actual a la ley migratoria de la última dictadura militar.
Para el autor de la nota, esta modificación supone un cambio global en la comprensión del fenómeno migratorio, donde se pasa de un paradigma de derechos a uno de seguridad nacional y de control de las fronteras. Muestra sus continuidades no sólo con los ciclos dictatoriales y gobiernos conservadores de la historia nacional, sino también los puntos de contacto con discursos anti-inmigratorios de las derechas de los países centrales en la actualidad. Sostiene que esta nueva ley migratoria apunta a generar un mayor control social y la expansión de una retórica de la amenaza y de la sospecha sobre los sectores más pobres de la sociedad, especialmente las que provienen de países como Bolivia, Paraguay o Perú.
