ALICIA TERCERO MATA. Grado en Trabajo Social.
Han pasado ya 6 años desde que el gobierno de Mariano Rajoy aprobara el polémico Real Decreto – Ley 16/2012 por el que dejó sin tarjeta sanitaria a un alto porcentaje de inmigrantes irregulares; bajo el lema “los inmigrantes no tienen derechos, pero se les atiende”, según aseguró la ministra Dolors Monserrat el 20 de diciembre en una comisión del Congreso.Y digo a un alto porcentaje, ya que en principio la medida excluía a menores, mujeres embarazadas y urgencias.
Estudios de REDER (2017), manifiestan que a pesar de las excepciones y características de la nueva regla, esta no se ha cumplido al pie de la letra; ya que han registrado hasta el 2017, inmigrantes irregulares de los cuales se han encontrado incluso mujeres embarazadas, menores y personas en estado de urgencias que no han sido atendidos. REDER advierte además, que no tienen capacidad suficiente para conocer los datos exactos, por lo que aseguran que la cifra ha sido mucho mayor.
Aunque la gran rebelión que supuso la medida entre las Comunidades Autónomas contra la reforma permitió crear ajustes para atenuar los efectos, sigue siendo realmente preocupante el número de personas a las que se deniega la asistencia sanitaria.
Han sido muchos los intentos de las Comunidades Autónomas de mantener una sanidad universal, y muchos los rechazados debido a la consideración de una invasión de las competencias estatales por parte de estas, con los que “cuarteaban” la unidad del territorio nacional.
Pese a la negativa del gobierno central, algunas comunidades como Navarra, han creado la alternativa de seguir garantizando la atención sanitaria al colectivo de inmigrantes en situación irregular mediante las oportunas ayudas sociales. Siendo, por el contrario, Madrid una de las comunidades que no se rebeló, aunque también añadió ciertos cambios como atención a los solicitantes de asilo y las víctimas de trata cuya estancia temporal en España esté autorizada; los pacientes de enfermedades infectocontagiosas; y las personas con enfermedades crónicas diagnosticadas antes del 31 de agosto de 2012. Aunque Cifuentes planteaba en los últimos años otra alternativa para dar una cobertura completa a los inmigrantes irregulares.
Navarra fue una comunidad pionera en 1986 en el reconocimiento de la universalización, y por ello, también ha sido la comunidad que ha mantenido la oposición más clara y explícita. Reconocían la asistencia sanitaria con independencia de su situación legal y administrativa.
Solo el Estado puede determinar lo derechos sanitarios; sin embargo, las comunidades en el ejercicio de sus competencias, sí que pueden establecer ayudas sociales para garantizar el acceso de este colectivo a la atención sanitaria. La competencia para otorgar los derechos sanitarios es exclusiva del Estado, pero la de los derechos sociales no.
La atención sanitaria es un derecho humano, pero genérico. En la práctica, está sujeto a la reglamentación. Si luego se reglamenta de una forma tan limitativa como con el Real Decreto de 2012, ese derecho humano a la salud se convierte en nada. Y en nada, porque este Decreto hace perder completamente el significado de sanidad como derecho humano, ya que también reconoce, que la atención médica se vincula a haber generado mediante el trabajo una especie de recompensa. Lo que da lugar a un derecho que ya no corresponde a todas las personas, sino que solo se garantiza a unos “beneficiarios”.
Uno de los motivos fundamentales que llevó al presidente a tomar esta medida, fue según su criterio una forma de ahorrar costes a largo plazo en sanidad en un período de crisis. Motivo que es difícil de justificar, puesto que la complejidad de calcular una cifra futura de ahorro es algo inviable.
El número de extranjeros irregulares que residen en nuestro país es bastante volátil; la imposibilidad de ser atendidos podría llevar a muchos de ellos a acudir a urgencias, añadiendo que estos servicios ya actúan por encima de sus posibilidades; atender una enfermedad en su etapa inicial resultará más eficaz, aparte de tener un coste menor que una más avanzada; y por último, el rechazo de atención sanitaria a este sector de población con estas características concretas puede generar problemas de salud pública en el territorio nacional cuya solución compense en gran medida a largo plazo el ahorro que se pretende hacer ahora. Quiere decir, por ejemplo, cuando nos vacunamos, no solo prevenimos el riesgo individual sino también el de la comunidad. Puesto que, quitando las razones humanas, esta ley va contra corriente también desde el punto de vista de la salud.
El resultado de este ahorro es mínimo. Según confirma Luis Gabilondo (citado en Naiz, 2018) estas personas que el Estado nos obliga a dejar fuera, solo ocupan el 1% de la población. El impacto sobre los recursos es inapreciable.
Además, la mayoría de la población que emigra, suele ser gente joven. Gente con una determinada salud que les permite salir de su país y viajar. Un anciano normalmente, no posee las mismas capacidades para emigrar a un país e iniciar una etapa próspera. Por ello, la eficacia económica de la ley es discutible, al igual que evidente el riesgo que corre la salud pública.
No obstante, nos conviene también, tener un porcentaje de población renovada y saludable, porque sabemos que Europa envejece a una velocidad increíble. Estas exclusiones hacia este colectivo las acabaremos pagando de cualquier manera el día de mañana.
Otro de los estudios que realizó Ángel Alberquilla (citado en El País, 2012) en una zona de Madrid con datos del año 2009, indicaron que todas las partidas estudiadas como el consumo de medicamentos, visitas a consulta y hospitalizaciones resultaron las menos consumibles por los extranjeros respecto a los españoles. Ni siquiera según los datos obtenidos, usaban en mayor medida el servicio de urgencia.
Los datos de los informes estudiados demuestran que son más los extranjeros que vienen de países ricos, muchos jubilados, los que tienen un consumo similar al de los españoles. No se debe confundir turismo sanitario con inmigración.
Concluyo, por tanto, con todos estos puntos comentados, que ningún ahorro económico que supone esta medida cobarde dirigida a aquellos que no tienen poder para defenderse compensará lo que denigra a nuestra sociedad e instituciones públicas.
BIBLIOGRAFÍA.
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