MARCOS PLAZA CORTÉS. Grado en Trabajo Social.
Hoy en día nos estamos encontrando con las cotas más altas en cuanto a problemas sanitarios en nuestro país, los recientes recortes y la creciente privatización del sistema, están afectando gravemente a la calidad del sistema sanitario en España.
Si la población con nacionalidad española y los extranjeros residentes en España están notando el efecto de los cambios, no podemos hacernos una idea de lo que están pasando las personas inmigrantes en situación irregular.
La población en situación irregular sufre de una exclusión sanitaria tras el Real Decreto-Ley 16/2012, el cual conllevó la modificación del artículo 12 de la Ley de Extranjería, que supuso la negativa de acceso sanitario a la población en situación administrativa irregular.
Remontémonos un poco antes de la aprobación del Real Decreto-Ley 16/2012 y sus “medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones”. Según el Artículo 12 de la Ley Orgánica 4/2000 de derechos y libertades de los extranjeros en España, los extranjeros empadronados en el municipio donde tuvieran su domicilio habitual tenían derecho a la asistencia sanitaria en mismas condiciones que los españoles.
Supone un gran cambio restrictivo la derogación de este artículo pese a que se han mantenido los demás apartados en los que se hacía referencia a las atenciones de urgencia, menores y mujeres embarazadas durante el embarazo, parto y postparto
No todos los organismos públicos ni las diferentes entidades han mostrado su aprobación hacia esta medida, podemos observar ciertos resquicios legales o incluso personales en nuestro día a día que combaten la total ausencia de empatía y ética del mencionado Real Decreto Ley (RDL).
Según Red Acoge (2015), este cambio en la legalidad ha dado como resultado que algunas Comunidades Autónomas (CCAA) en la actualidad, contemplen un acceso al sistema sanitario público con ciertas diferencias a la normativa estatal restrictiva, pudiendo encontrar tres tipos de CCAA:
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En el primer grupo estarían aquellas comunidades que bien permiten el acceso sin ningún requisito o exigen un periodo de tiempo de empadronamiento previo como son las comunidades de Andalucía, País Vasco o Cataluña.
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2. El segundo grupo integraría aquellas en las que el acceso no es posible salvo en los tres supuestos previstos en el RD-L como son las comunidades de Castilla la Mancha y Madrid.
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3. Un tercer grupo estaría representado por aquellas que han creado un acceso paralelo como son las comunidades de Galicia o Valencia en el que se ha optado por la introducción de una tarjeta sanitaria para personas inmigrantes en situación irregular.
Al tratarse de un aspecto tan sensible y ético, se puede apreciar que la aplicación del RD-L ha supuesto una disparidad en la aplicación normativa.
Observando las diferentes medidas alternativas que ofrecen algunas CCAA, debemos hacer una reflexión sobre la situación actual en nuestro país. ¿De verdad la exclusión del sistema sanitario de la población en situación irregular era de vital importancia para la sostenibilidad del sistema sanitario? Y de ser así, ¿estamos dispuestos a mejorar?
Todos tenemos conocidos en dicha situación, por lo que mi respuesta es si, yo si estoy dispuesto a mejorar. La salud de las personas es un derecho y ninguna medida debería restringir algo tan vital para el ser humano.
Bibliografáa:
García González, S. (2018). El impacto del RDL 16/2012 en la población migrante irregular. Exclusión sanitaria y producción masiva de vulnerabilidad en España
Médicos del Mundo (2015). Derribando el muro de la exclusión sanitaria
Red Acoge (2015). Los efectos de la exclusión sanitaria en las personas inmigrantes más vulnerables.
