Tras más de un mes de confinamiento la lucha contra el Covid-19 sigue en marcha y parece ser que, por el momento, no hay una fecha límite al problema. Muchas de las consecuencias de esta crisis son claramente visibles, pero otras no tanto, y este es el caso de los inmigrantes comprometidos con las producciones agrícolas en toda España.
Las medidas adoptadas por el gobierno para hacer frente al virus en este Estado de Alarma han tenido fuertes repercusiones para este colectivo de trabajadores temporales que, durante el auge de las principales campañas agrícolas, como la campaña de la fresa, se han visto obligados a permanecer en sus hogares, confinados y sin ingresos. El sector agrario acoge aproximadamente unos 300 mil asalariados temporales y cerca de la mitad de ellos son extranjeros y ¿Cómo se está actuando frente al problema?
Pues bien, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, hace pocos días planteó favorecer la contratación temporal de trabajadores agrícolas mediante el establecimiento de medidas extraordinarias de flexibilización del empleo durante la vigencia del estado de alarma.
Estas medidas extraordinarias, establecidas para hacer frente al preocupante descenso de la mano de obra en el campo en mitad de la pandemia, persiguen incorporar al mercado laboral del sector agrario a una serie de beneficiarios. Entre ellos a aquellas personas que, a la entrada en vigor del Real Decreto-ley, se encuentren en situación de desempleo o cese de actividad y aquellos trabajadores cuyos contratos se hayan visto temporalmente suspendidos, como consecuencia del cierre temporal de la actividad, excepto los trabajadores afectados por los ERTEs con causa del COVID-19. Se incluyen también a los inmigrantes concediendo autorizaciones de trabajo, dando prioridad a los extranjeros cuyos contratos concluyan durante el periodo comprendido entre la declaración del estado de alarma y el próximo 30 de junio; los últimos beneficiarios de dichas medidas son los jóvenes inmigrantes entre 18 y 21 años que cuentan con permisos de residencia pero no de trabajo.
En el presente artículo, referido al borrador del real decreto, jugaban un papel importante también los inmigrantes cuya regularización estaba únicamente pendiente de concluir los trámites administrativos y los solicitantes de asilo que llevaban menos de seis meses en España y por tanto aún no tenían permisos de trabajo, sin embargo en la versión definitiva del texto se excluyeron estos dos colectivos de inmigrantes. La situación no es igual en otros países cercano puesto que Alemania, por ejemplo, ya ha anunciado que, además de relajar las restricciones de viaje a 80 mil temporeros de Polonia, Rumania Bulgaria entre abril y mayo para asegurar sus cosechas, quiere atraer otros 10.000 trabajadores, incluidos desempleados, estudiantes y solicitantes de asilo.
Todas estas medidas evidencian una problemática falta de mano de obra que no afecta solamente a España, ya que son muchos los países europeos que están luchando en la misma dirección. La agricultura es un sector constantemente invisibilizado pero obviamente fundamental, ahora bien la situación actual pone también de manifiesto la necesaria presencia del colectivo inmigrante en el mercado laboral español, un hecho que no debemos olvidar una vez superada esta alarmante crisis sanitaria.
Luana Ailen Presti
Línea Migrantes y Derechos del la Clínica Jurídica de Acción Social
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