Historia de las Universidades. Universidad de Salamanca.
En los aspectos institucionales, las reformas articuladas en torno al Plan de 1771 pretendieron un mayor control del Consejo Real sobre la autonomía universitaria. Asimismo, se reforzó la autoridad rectoral, prolongando su mandato a períodos de dos años (desde 1770), y reservando el cargo para graduados mayores, con exclusión de catedráticos. Este reformismo vino acompañado de una pareja merma de la autoridad del maestrescuela y de su jurisdicción. Por otro lado, una vez desarticulada la prepotencia jesuita, tras la expulsión de la orden en 1767, la Monarquía y ciertos grupos ilustrados pretendieron atenuar la influencia colegial, tanto en la burocracia estatal como en la provisión de cátedras universitarias. Diversas disposiciones reales se sucedieron entre 1771 y 1777 para la reforma de los colegios, aunque, a medio plazo, parece que se reprodujeron los antiguos vicios.
A pesar de todo, el reformismo dieciochesco no proporcionó nuevas rentas económicas al Estudio, ni pretendió conseguir una distribución más equitativa de los ingresos. Los catedráticos de propiedad continuaron gozando de una desmedida participación en las rentas decimales, reivindicando privilegios remontables a 1422. Con ello, la mayor parte de la reforma hubo de sufragarse a través del arca de gastos comunes, con las dificultades a ello inherentes. En conjunto, la facultad de medicina fue la más favorecida económicamente por las nuevas disposiciones, incorporando, incluso, nuevos diezmos del obispado en el tardío año de 1789, al tiempo que se producía un incremento de los asignados de sus cátedras cursatorias.
En el capítulo de régimen docente se había llegado al consentimieno tácito de una costumbre de oposiciones formularias, con turnismos y antigüedad de acceso para colegiales y regulares. Todo ello se mantenía hacia mediados del XVIII, y las reformas se dirigieron a conseguir un concurso-oposición abierto, bajo la supervisión del Consejo. Se trataba de abolir los turnos y abrir las oposiciones al mérito y a la concurrencia (1770). Además de esto, el Plan de Estudios exigió una atención especial, lo que cristalizó en las disposiciones de 1771. No hay que considerarlas como revolucionarias, pero contribuyeron a la introducción de nuevos enfoques y materias de estudio. En derecho canónico se favorecían las corrientes regalistas, limitando el estudio del derecho medieval pontificio. En leyes se reglamentó la enseñanza del derecho real o nacional, aunque continuó predominando el romanismo. En teología se pretendió acentuar los aspectos bíblicos y positivos, así como las disciplinas prácticas, pero la escolástica retornó al predominio tomista, frente a la proliferación de escuelas del siglo anterior. Se produjo una apertura hacia los estudios de física experimental para los médicos que, al mismo tiempo, incrementaron el talante empírico-clínico de la enseñanza. Finalmente, tanto las matemáticas como las letras clásicas recibieron protección decidida.
Lo que no se modificó demasiado fue el método docente, consolidándose la lección magistral y las tradicionales disputas. No obstante, la introducción de compendios y manuales terminó con el dictado, y la relección cayó en desuso. Se incrementó la normativa para el control de asistencia necesario para el “pase de curso”, y no llegaron a introducirse exámenes anuales. Por su parte, se consolidaron los estudios de licenciatura, que tomaron apariencia de cursos académicos, con inclusión en ellos de nuevas materias de estudio.
Otros complementos iban en la línea de mejorar los equipamientos, recomendándose la creación de un jardín botánico y un nuevo museo de simples medicinales, entre otros proyectos. Restaba ejercer controles sobre la disgregación tradicional de las enseñanzas paralelas en los conventos. Por ello, las disposiciones de 1770-71 establecían la obligación para los regulares de matricularse en la universidad y oír en sus aulas, caso de que aspiraran a convalidar estudios y a la validez de los grados.
Algunas de estas reformas resultaron particularmente acertadas. Y así, en el plan de estudios médico, los proyectos salmantinos mantendrán vigencia a través de los programas estatales hasta mediados del ochocientos. En definitiva, cabe afirmar que hacia finales del setecientos se habían producido en Salamanca renovaciones y novedades en las disciplinas médicas, con el apoyo de las cátedras científicas de artes y ciertos sectores del derecho. Esto iba preparando el tránsito hacia un nuevo tipo de universidad que, en el siglo XIX, marginará de su ámbito a canonistas y teólogos, que habían sido secularmente sus auténticos señores. Grupos reformistas y renovadores ilustrados se integrarán progresivamente en el movimiento liberal y, como detalle representativo, Diego Muñoz Torrero, rector salmantino en 1787, ostentará posteriormente la presidencia de las Cortes de Cádiz.
En otro orden de cosas, la biblioteca universitaria experimentará un impulso decisivo, no sólo por la restauración y nuevas adquisiciones de la primera mitad de siglo, sino por el ingreso de no menos de 12.000 volúmenes procedentes del colegio de los jesuitas expulsados.
Lo que parece también evidente es que durante el siglo XVIII se redujo la proyección exterior de la universidad en el ámbito de las Españas, mientras ascendía la importancia de otros centros hasta entonces periféricos. El alumnado oscilará entre 2.000 y 1.500 matriculados, con fuertes contingentes de regulares y colegiales en la primera mitad del siglo, lo que delata a una universidad en la que se han consolidado ciertos sectores privilegiados o influyentes. Además, progresivamente, la procedencia del alumnado se regionaliza hacia la Meseta Norte y Extremadura, disminuye la capacidad de convocatoria y promoción de Salamanca, y la competencia de otras universidades (Zaragoza, Valencia, Valladolid, Sevilla), así como el traslado del pálpito social hacia regiones periféricas, van sumiendo a la que había sido primera universidad de la Monarquía en el declive provincial que heredaría el siglo siguiente.
