CCOO denuncia el trasvase de responsables universitarios a cargos de los gobiernos autonómicos o del ámbito privado que cuestionan el modelo público de universidad
Las puertas giratorias (transición de cargos públicos a privados o viceversa) son un fenómeno que también afecta a las universidades públicas en España: Rectores/as y otros gestores universitarios que de forma directa o tras un breve lapso de tiempo desde que abandonan sus responsabilidades de gobierno en una universidad pública, pasan a desempañar funciones directivas en universidades privadas, organizaciones empresariales o consejos de gobierno autonómicos con planteamientos que confrontan con el modelo público de universidad al que han representado.
Del análisis de los casos se identifica una clara correlación entre haber ocupado los cargos de máxima responsabilidad (Rector/a, Gerente/a) y el posterior acceso a posiciones de alto nivel, ya sea en la administración, normalmente autonómica, o en una universidad privada. Es decir, es el ejercicio de una alta responsabilidad en una universidad pública la que, en base a la experiencia acumulada, los contactos adquiridos y la imagen pública que obtiene la persona en cuestión en el ejercicio de su responsabilidad en la universidad pública, lo que hace que reciban las “ofertas” para ocupar cargos fuera de la universidad pública de origen. Y en esta circunstancia, podemos señalar, entre otros, los siguientes ejemplos:
A la vista de los hechos, alguien podría pensar que estamos ante un uso interesado del cargo público como una plataforma de promoción personal hacia lo que deben considerar como un futuro mejor, más reconocido políticamente, más remunerado, con mayor influencia y expectativas futuras, etc. Nos encontramos con personas:
1. Que se han formado y desarrollado su carrera profesional en la universidad pública en base a recursos públicos.
2. Que se han presentado voluntariamente y han sido elegidos mediante procesos electorales públicos por sus comunidades universitarias para la gestión y defensa de la universidad pública de pertenencia.
3. Que han representado a una universidad pública en diferentes ámbitos y ante los consejos de gobierno de su comunidad autónoma.
4. Una vez finalizada su responsabilidad ingresan:
- En el sector privado, generalmente con responsabilidades de dirección, gestión de proyectos, presidencia de universidades privadas o asesorías.
- O en gobiernos autonómicos en los que se favorece la creación de universidades y centros universitarios privados y, en muchos casos, se cuestiona el modelo público de universidad.
5. Y todo ello aprovechándose de la experiencia de gestión, formación y conocimiento adquirido en el sistema público universitario (financiación, acreditaciones, normativas) y de la red de contactos creada en virtud de su cargo en una universidad pública para favorecer a la institución privada.
Sabemos que esta circunstancia es excepcional frente a los miles de trabajadores y trabajadoras (PDI, investigadores, PTGAS) de las universidades públicas que asumen su compromiso diario de servicio y de defensa del modelo de universidad pública en la que desarrollan su actividad, muchas veces en situaciones muy precarias que deben solventar con su esfuerzo y compromiso. Pero, precisamente por esto, resulta necesario denunciar aquellos casos que, desde lo público, dañan a la universidad pública con la que estamos comprometidos.
Lo primero que debemos señalar es que esta conducta, cuestionable a nivel ético, es legal. Desde CCOO entendemos que estamos ante un claro conflicto de intereses que cuestiona la finalidad del sistema público. Este “trasvase” de gestores de universidades públicas a la universidad privada o a responsabilidades de gobierno que cuestionan el modelo público, al final conduce a generar una red de intereses compartidos entre lo público y lo privado, con riesgos para la transparencia y equidad del sistema. Este fenómeno nos plantea cuestiones como hasta qué punto su conocimiento del sistema público puede beneficiar a la universidad privada a costa del interés general o si se anteponen criterios empresariales por encima del bien público.
La legislación española busca prevenir los conflictos de intereses a través de la Ley 53/1984, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, y leyes específicas para altos cargos, como la Ley 3/2015, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. Estas leyes establecen un periodo de incompatibilidad tras cesar en un cargo público, durante el cual no pueden trabajar en empresas relacionadas con su anterior función y la obligatoriedad de solicitar autorizaciones de compatibilidad para ciertas actividades. Sin embargo, los Rectores/as de las universidades públicas no están afectados por esta normativa y no existe una ley estatal específica en España que regule estas puertas giratorias en el sector universitario.
Desde CCOO reclamamos que los responsables universitarios, mediante la modificación legal que se considere más adecuada, estén afectados por este régimen y se establezca un período de incompatibilidad mínimo de cinco años tras cesar en el cargo en una universidad pública, durante el cual no puedan trabajar en empresas relacionadas con su anterior función o en responsabilidades en gobiernos autonómicos con responsabilidades en materia universitaria. Y todo ello con el objetivo de salvaguardar la independencia, integridad y el buen gobierno de la universidad pública frente a modelos que buscan potenciar la universidad como un bien de mercado, ignorando su papel como servicio público y garante de la promoción social del conjunto de la ciudadanía.
Defiende la universidad pública y de calidad, la universidad de todas y todos
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