El sindicato exige al Gobierno que fortalezca los sistemas de inspección y vigilancia de los centros universitarios, además debe exigir a las comunidades autónomas que elaboren programas de financiación plurianual de sus universidades, tal y como se recoge en el artículo 56 apartados 2 y 3 de la LOSU, para que puedan desempeñar sus funciones con altos niveles de calidad.
El deterioro del sistema universitario público continuará en la medida en que las comunidades autónomas no garanticen su suficiencia financiara, dejando el camino libre al avance de la privatización en la enseñanza superior, un negocio que resulta muy atractivo. Ya ha quedado en evidencia el aumento del alumnado en la modalidad en línea ofertada por universidades privadas en el ámbito de los másteres de Educación.
Ayer conocimos el recorte del 30% que va a sufrir la Universidad Complutense de Madrid, fruto del estrangulamiento presupuestario al que viene siendo sometida por el Gobierno de la Comunidad de Madrid desde tiempos de Esperanza Aguirre.
Por otro lado, hace unos días observamos lo fácil que es para una universidad en línea como la UNIR obtener permiso para impartir nuevos títulos de grado y máster, incluso de manera presencial, haciendo así competencia a las universidades públicas.
Cuando se redactó el borrador del Real Decreto 640/2021, de 27 de julio, de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, y acreditación institucional de centros universitarios, desde CCOO señalamos que dicha regulación era insuficiente para preservar la calidad de la educación superior e impedir la creación de universidades privadas alentadas por un negocio pujante con la connivencia de algunos gobiernos regionales. Dichas “universidades” son, en realidad, auténticos chiringuitos dedicados a vender títulos de dudosa calidad y donde las y los estudiantes, en realidad, van a hacer relaciones públicas.
El modelo que siguen estos gobiernos regionales es bastante viejo y conocido: se asfixia económicamente a las universidades públicas para dificultar su viabilidad y competitividad, mientras se mima y promociona a las privadas, con recalificaciones de suelo si es necesario. Evidentemente, esto atenta contra la igualdad de oportunidades del estudiantado, ya que no todas las personas pueden afrontar el coste de los estudios en universidades privadas pero, lo que es peor, va en contra de tener un sistema de educación superior robusto que es el fundamento de una sociedad basada en el conocimiento y con profesionales bien formados.
Desde CCOO exigimos al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades que tome cartas en el asunto, fortalezca el sistema de inspección y vigilancia de los centros y títulos universitarios, y promueva los planes plurianuales de financiación establecidos en la LOSU para garantizar un servicio público de educación superior de calidad.
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