Basado en: Luis E. Rodríquez-San Pedro
“Universidades en Castilla y León”
En: Historia de una cultura: Castilla y León / Informe.
Valladolid: Junta de Castilla y León, Conserjería de Educación y Cultura, 1996.
Tomo IV, págs 403-423.
Nuestro pasado reciente
Comenzaremos ofreciendo algunas precisiones sobre las leyes de reforma universitaria y la reorganización de los diferentes distritos. En primer lugar, en julio de 1943, se promulgaba la Ley de Ordenación universitaria para toda España. Tras las oportunas depuraciones, la universidad quedaba, de este modo, vinculada a las ideologías dominantes de la Falange, catolicismo tradicionalista y los principios del Movimiento. Los poderes se concentraban en el rector, nombrado desde el Ministerio, que debía ser catedrático y militante de Falange. La rigidez administrativa, el control y la jerarquía constituían la norma. Y, por lo que respecta a los aspectos docentes, esta ley de 1943 estableció la existencia de una nueva facultad, la de “Ciencias políticas y económicas”.
En estos años, finalmente, cabe referirse a la restauración de una Universidad Pontificia en Salamanca, con el fin de acoger estudios eclesiásticos de Teología y Derecho canónico. Fue inaugurada en 1940 y, en 1963, sus grados eran reconocidos oficialmente por el Estado. Se trataba de la primera universidad privada en el ámbito contemporáneo de Castilla y León.
A esta precaria universidad de los años 40 y 50, sujeta a un control político riguroso, sucedieron las aceleradas transformaciones sociales de los años 60, que cristalizan en el nuevo marco ofrecido por la Ley Villar Palasí de 1970. En esencia, se concede cierta autonomía a las universidades en materias de docencia e investigación. Se potencian los departamentos, los institutos universitarios, y se introduce cierta flexibilización en los “curricula”, con la aparición de asignaturas optativas. Las llamadas Escuelas Técnicas adquieren rango universitario. Y, en lo institucional, reaparecen los claustros universitarios con ciertos poderes, además de la facultad de presentar una tema para la elección rectoral por el Ministerio. Por último, en el año 1983, se aprueba la Ley de Reforma Universitaria (L.R.U.), la cual pone punto final a los restos del modelo liberal decimonónico, y da comienzo una nueva etapa de amplia autonomía universitaria y transformaciones vertiginosas.
Más aún, el proceso de descentralización estatal, abierto a raíz de la Constitución de 1978, va a plantear nuevos problemas a la institución universitaria. El referente educativo tiende a ser ahora el marco geográfico de la correspondiente Comunidad Autónoma, lo cual colisiona con la pervivencia de distritos herederos de la vieja universidad centralista del siglo XIX, y con la fragmentación de los mismos ocurrida desde los años 70. Es decir, encontramos, a partir de estas fechas, comunidades autónomas con provincias desgajadas y pertenecientes a otros distritos, o bien con una proliferación de universidades en capitales de provincia de la misma región, con duplicidades y triplicidades de semejantes estudios. La ventaja de este proceso de regionalización y de imbricación con los poderes autonómicos parece ser la de una mayor inserción y atención a la problemática del entorno cercano, geográfico y social. El peligro puede recaer del lado del parroquialismo, la miopía cultural y la formación de clientelas, endogamias y oligarquías locales, semejantes a las establecidas en las universidades tradicionales del Antiguo Régimen, como ya vimos.
En concreto, en conexión con las nuevas condiciones económicas, los territorios de Castilla y León conocen en los años posteriores a 1960 profundos cambios estructurales, procesos migratorios intensos, problemas de escolarización y desarraigo cultural… En el aspecto universitario se modifican los distritos decimonónicos, en un proceso de disgregación continuado. Así, desde 1974, el distrito universitario de Salamanca queda reducido a las provincias de Ávila, Salamanca y Zamora, ya que Cáceres se integra en la nueva Universidad de Extremadura. Desde 1977 los territorios vascos constituyen el nuevo distrito de la Universidad del País Vasco y se separan de Valladolid. Hacia 1980 también se disgrega de Valladolid el distrito de Santander (Cantabria). En 1980 León se separa del distrito de Oviedo, y se configura como universidad uniprovincial en torno a la Escuela/Facultad de Veterinaria, activa desde mediados del siglo XIX. En 1986 la provincia de Soria se incorpora al distrito de Valladolid; y en mayo de 1994 Burgos pasa a convertirse en universidad independiente. En esta fecha, únicamente la provincia de Segovia permanecía vinculada a un distrito ajeno a la Comunidad de Castilla y León, el de las universidades Complutense y Autónoma de Madrid. Puede observarse, por lo tanto, una tendencia a la multiplicación de universidades locales, heredera de la proliferación de escuelas y colegios universitarios en capitales de provincia, propia de la década de los años 70. Y, a todo ello, hay que añadir la existencia en Castilla y León de la Universidad Pontificia de Salamanca, eclesiástica, pero con facultades civiles, restaurada y establecida desde el año 1940.
Respecto a los contingentes de alumnado, hay que destacar los fuertes incrementos a partir de los años 60 y 70. De modo que los aproximadamente 7.400 alumnos de las universidades de Castilla y León (Salamanca y Valladolid) en 1940, se habían convertido en 45.000 en 1979. Las estadísticas del curso 1990-1991 veían incrementada la cifra hasta 79.796 matriculados; de los cuales 10.872 correspondían a la Universidad de León, 27.625 a la de Salamanca y 41.299 a la de Valladolid. Si bien, habría también que añadir una parte de los 4.348 matriculados en la Universidad Pontificia, que distribuye sus contingentes entre Salamanca y Madrid. Para el futuro, quizás es de esperar una estabilización o estancamiento del alumnado dada la regresión demográfica regional, que se acentuará a partir del 2005.
Antes, durante la etapa de la Universidad Liberal, articulado en distritos, las universidades de Castilla y León recibieron destacados contingentes de alumnos foráneos y de provincias limítrofes. Así ocurría con los vascos, cántabros y asturianos en Valladolid, o con los extremeños en Salamanca. En el caso salmantino, y entre 1965 y 1980, los extremeños supusieron del 6 al 12% del alumnado, y los vascos del 2 al 4%. Todavía en el curso 1987/1988, este contingente vasco salmantino alcanzaba el 4,6% de la matrícula global. Pero la progresiva disgregación de los distritos decimonónicos, así como la proliferación de universidades y de colegios universitarios en las capitales de provincia, no sólo ha hecho perder importancia a los estudiantes de fuera de la región, sino que los propios castellano-leoneses se han provincianizado y localizado en el acceso a la enseñanza superior. Y, de este modo, las distancias y los mínimos costes económicos condicionan actualmente, que el alumnado de cada universidad proceda mayoritariamente del entorno provincial en el que se inscribe su facultad correspondiente. O dicho de otra manera, las universidades ejercen su influencia en círculos concéntricos, atenuándose hacia las provincias más alejadas. No obstante, cabe observar una fuerte atracción de los centros universitarios madrileños sobre toda la región y, especialmente, sobre las provincias limítrofes de Segovia y Ávila. Durante mucho tiempo, también la Universidad de Zaragoza ha venido ejerciendo esta atracción sobre los territorios del oriente castellano. Sin embargo, en medio de la atomización regional y provincial de la vida universitaria actual, Madrid cuenta con la irradiación, y el potencial humano, político y económico suficiente, para intentar convertirse en un conglomerado de “universidades centrales” y privadas de referencia, al modo que en el Antiguo Régimen lo fue Salamanca.
Otra peculiaridad del alumnado de la región castellanoleonesa, y de todas las universidades españolas, ha sido la presencia femenina en las aulas a partir de los años 70 y 80, que ha alcanzado, e incluso superado, la del alumnado tradicional masculino. Si bien, su adscripción resulta porcentualmente mayor en algunas facultades como humanidades, medicina, farmacia, magisterio y enfermería, más bien que en carreras estrictamente científicas y estudios técnicos.
Por lo que toca al profesorado, la masificación estudiantil acontecida desde los años 60 y 70 fue obligando, curso tras curso, a contrataciones aceleradas y a incrementos notables de los llamados profesores no numerarios (PNNS). A partir de 1980 las contrataciones se atenuaron, pero, en dicha fecha, 3/4 partes de los profesores universitarios de Castilla y León pertenecían a esta categoría de no numerarios. Tras la reforma universitaria de 1983 va a producirse una funcionarización masiva de los PNNS a través de las llamadas “pruebas de idoneidad”. Y este fenómeno, que daba solución a una problemática evidente, ha tenido, sin embargo, sus consecuencias. Así, por ejemplo, la saturación de las plantillas docentes en las facultades tradicionales, y el consiguiente bloqueo en la fluidez, selección y promoción de las nuevas generaciones. Se ha llegado con ello, actualmente, a la práctica imposibilidad de incorporar a los alumnos de mejor expediente a través de las antiguas becas de investigación. Por ello, a la altura de 1992, se podía detectar la existencia de un grupo de edad, funcionarizado y dominante, en tomo a los 40-55 años, que había asumido en las universidades el relevo generacional de poderes frente a los catedráticos de viejo cuño. Y, dentro de este profesorado, podía observarse, también, el mismo fenómeno que ya se registraba en la matrícula del alumnado; es decir, una clara tendencia a la autosuficiencia regional. En la década de los ochenta, un 70% del profesorado castellano-onés procedía de la propia región, con algunas aportaciones de provincias limítrofes. Y este fenómeno tiende a incrementarse, incluso con cierta provincianización en el entorno de cada universidad, dados los nuevos sistemas de oposiciones y accesos. A las habituales maniobras y pactos de “escuelas”, orientados a controlar los tribunales, se han unido ahora las presiones y apoyos a los candidatos locales; luego se celebra el acto ritual de la oposición. Los precedentes pueden encontrarse en los grupos de presión de las universidades autónomas de los siglos XVI a XVIII, con sus feudalismos gremiales y profesionales. Lamentablemente y, por el contrario, la excelencia académica (la “calidad”, como se dice ahora) parece que pasa por la apertura a múltiples ámbitos, por la movilidad y el contacto con centros académicos diversificados. En cuanto a las cifras globales, durante el curso académico 1990-1991, la Universidad de Salamanca contaba con 940 profesores funcionarios de carrera, y la Universidad Pontificia con 111. Por su parte, el profesorado funcionario era de 882 en Valladolid, y de 342 en la Universidad de León.
Tras estos datos de alumnos y profesores, podemos constatar una regionalización y provincianización general de las universidades españolas, salvo algunas excepciones como las universidades de Madrid, por diversas causas. Castilla y León aparece como un ámbito territorial empobrecido, y la influencia de sus universidades resulta regresiva en el conjunto de España. Hasta los años 60 de este siglo, Valladolid se configuraba como la tercera universidad del Estado por el número de alumnos: el curso 58/59 Madrid contaba casi 23.000 alumnos; Barcelona cerca de 9.000; Valladolid y Granada algo más de 4.000; entre 3.000 y 4.000 tenían Zaragoza, Salamanca, Sevilla, Oviedo y Santiago; Murcia 1.400 y La Laguna 840. Para el curso 69-70 existen 15 universidades estatales y 3 privadas: Valladolid ocupa el octavo lugar por el número de matriculados, 6.500; la novena es Salamanca con 6.000; les anteceden Madrid, Barcelona, Granada, Valencia, Zaragoza, Santiago y Sevilla. Entrados los años ochenta, y considerando los alumnos de facultades (exclusivamente), Valladolid se sitúa en el decimoquinto lugar, con 10.069 alumnos; Salamanca en el decimosegundo, con 13.000. Por lo que respecta a las cifras del curso 1990-1991, ya las hemos proporcionado anteriormente.
En este panorama, las previsiones de futuro resultan inciertas. El desarrollo industrial de Valladolid desde la década de los 60, y su conversión en capital política regional (desde los 80), puede favorecer a medio plazo el incremento de los recursos económicos y humanos de su universidad. Por su lado, el prestigio tradicional de Salamanca, y su entorno histórico, siguen actuando como un fuerte atractivo para el alumnado: a finales de los años ochenta, el 47,3% de los matriculados no pertenecían al distrito oficial (Salamanca/Zamora/Ávila). No obstante, no ha terminado de estructurarse la inicial especialización de la oferta universitaria de la región: Salamanca como universidad clásica, vinculada a los estudios humanísticos; y Valladolid más abierta a estudios tecnológicos, ingeniería, arquitectura, etc. Más aún, la oferta se ha diversificado con la aparición de las universidades provinciales de León y Burgos. Es cierto que las cuatro universidades ya existentes se localizan en las provincias de mayor población urbana, pero cabe preguntarse por la utilidad de esta multiplicación de oferta en una Comunidad autónoma (Castilla y León) que sólo cuenta con 2.562.979 habitantes (censo de 1991); es decir, el 6,5% de la población española. Una población, además, envejecida y con una evolución demográfica regresiva y descendente. Y todo ello en un marco regional de industrialización insuficiente y al que afecta de forma no demasiado favorable la política agraria de la Unión Europea.
Con cifras de 1992, como fecha simbólica, esta oferta universitaria regional se distribuía como sigue. La Universidad de Salamanca contaba con 13 Facultades, 1 Colegio universitario, 7 EE.UU. no técnicas, 1 EE.UU politécnica, 2 EE.UU. técnicas y 2 Institutos universitarios. En la Universidad de Valladolid se localizaban 9 Facultades, 2 Colegios universitarios, 17 EE.UU. no técnicas, 3 EE.TT.SS., 3 EE.UU. politécnicas, 2 EE.UU. técnicas y 6 Institutos universitarios. La Universidad de León contaba con 5 Facultades, 6 EE.UU. no técnicas, 3 EE.UU. técnicas y 1 Instituto universitario. Finalmente, en la Universidad Pontificia de Salamanca se localizaban 6 Facultades, 8 EE.UU. no técnicas y 4 Institutos universitarios. ¿Qué podemos decir de todo esto? Puede observarse una floración reciente y dispersa de centros universitarios provinciales que rodean a las universidades clásicas de Salamanca y Valladolid. El peligro reside en multiplicar instituciones, yuxtaponerlas, en lugar de crear focos complementarios de atracción; es decir, una verdadera red universitaria regional. Aumentan los costes y las infraestructuras, se da satisfacción a ciertas aspiraciones locales, sin alcanzarse, quizás, una distribución racional y fecunda de los recursos educativos. Porque, ¿para qué reproducir miméticamente las posibilidades universitarias y las titulaciones ya existentes? Llegamos, de este modo, a contradicciones evidentes, como la que se produce entre el paro y falta de perspectivas de ciertas especialidades y la multiplicación de centros de enseñanza de estas mismas especialidades saturadas en provincias diversas. En anteriores épocas, los excedentes de titulados se exportaban al resto de España, pero esta posibilidad se ha limitado con las competencias privativas de las Comunidades autónomas y la general proliferación de universidades locales. Todavía en la década de los años ochenta, los estudios más solicitados por los castellano-leoneses se orientaban al ejercicio de profesiones tradicionales, como las de médico, abogado o profesor, con saturaciones manifiestas en ciertas especialidades. Claro está que ello iba en consonancia con las posibles salidas profesionales de una Comunidad de estructuras económicas y sociales más bien conservadoras, envejecidas o no suficientemente dinámicas.
A la altura de 1992, esta saturación del mercado de empleo en las titulaciones clásicas, los cambios tecnológicos y culturales acelerados (el mundo se transforma más aprisa que las universidades), así como las exigencias de integración en la Europa Comunitaria, han conducido a una reestructuración y revisión general de las carreras consagradas, y se ha apostado por nuevas especialidades de ciclo corto, flexibilidad de los conocimientos impartidos y formación continuada y diversificada, a fin de atender las expectativas de una sociedad cada vez más compleja, en donde los saberes específicos van quedando rápidamente anticuados. Por otro lado, la integración europea ya mencionada, y la nueva educación superior que ella exige, pasa por reorientar las universidades desde necesidades y finalidades regionales o nacionales hacia una vertebración de intereses comunitarios. Como en el Antiguo Régimen, algunas universidades lograrán alcanzar esta dimensión transterritorial, pero muchas pueden quedar por el camino, como universidades localistas, y convertidas sus enseñanzas en “bachilleratos distinguidos”, con titulaciones degradadas.
