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Universidad de Salamanca
GIR “Historia Cultural y Universidades Alfonso IX”
(CUNALIX)
 
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Historia de las Universidades de Castilla y León (1940-2000). Perspectivas abiertas

Historia de las Universidades. Historia de las Universidades de Castilla y León (1940-2000)

La panorámica descrita, hasta aquí, ha intentado exponer la situación universitaria existente hacia 1993, con abundantes referencias a la significativa fecha de 1992.  Pero los acontecimientos recientes parecen exigirnos una ampliación de las consideraciones.  En primer lugar, el nuevo marco universitario de las Comunidades Autónomas.  En efecto, en mayo de 1995 se culminaban los acuerdos para la transferencia de competencias sobre las cuatro universidades públicas (Salamanca, Valladolid, León y Burgos) desde el Ministerio de Educación y Ciencia a la Junta de Castilla y León.  La práctica efectiva de dichas competencias debería comenzar el 1 de octubre.

La nueva situación supone una verdadera redistribución de la coordinación universitaria a nivel territorial.  De este modo, a la Junta le corresponde asumir una diversidad de funciones gestoras. De inicio, supervisar la posibilidad de creación de nuevas universidades públicas y privadas, así como la supresión de centros e institutos universitarios.  La Comunidad de Castilla y León podrá, asimismo, diseñar y planificar su oferta educativa en las universidades, por cuanto la decisión sobre nuevos estudios y su localización corresponderá a la Junta, con el asesoramiento de un Consejo Interuniversitario regional. Otras competencias conciernen a la aprobación de estatutos universitarios, la fijación del precio de las matrículas y el nombramiento de presidente del Consejo Social.

El ejecutivo de Valladolid se hará cargo, asimismo, del reparto entre los centros universitarios castellanoleoneses de las subvenciones económicas que le aporte cada año el Ministerio de Educación.  Hasta ahora, estas subvenciones, que alcanzaban los 26.607 millones de pesetas en 1995, y estaban incluidas en los presupuestos generales del Estado, eran distribuidas desde el propio Ministerio y universidad por universidad.

Pues bien, en este nuevo esquema de actuaciones, dicho Ministerio de Educación se reserva todo lo relacionado con los marcos legales de referencia.  Por ello, mantiene entre sus competencias la posible modificación de la Ley de Reforma Universitaria (1983); el establecimiento de requisitos para la creación de universidades públicas y privadas, y la normativa para el ingreso en ellas; la homologación de títulos extranjeros y de universidades no públicas; la aprobación de nuevas titulaciones con vigencia en el conjunto de España; así como todo lo concerniente a las oposiciones de funcionarios.  Por su parte, queda a cuenta de cada universidad concreta la elaboración de los estatutos; la aprobación de sus planes de estudio; la creación de títulos propios y la administración de presupuestos… En estas circunstancias, se va culminando la abolición de las últimas pervivencias de las universidades de distrito, herederas del centralismo del siglo XIX.  La gestión se transfiere desde el Estado a todas y cada una de las diecisiete autonomías regionales.  Oscilamos, así, de la tendencia centrípeta liberal a otra centrífuga, cuyo riesgo puede residir en la configuración cantonalista de subsistemas educativos más o menos impermeables y localistas.

En la Comunidad de Castilla y León se han realizado en los últimos años algunos reajustes de distritos.  En reunión del Consejo Interuniversitario (formado por representantes de la Junta, de las cuatro universidades públicas, y de la Universidad Pontificia de Salamanca) de 20 de junio de 1995, se acordaba la adscripción del “campus” territorial de Segovia a la Universidad de Valladolid, separándolo de su dependencia respecto a las universidades Complutense y Autónoma de Madrid.  Más aún, parece que asistimos a una nueva tendencia de diversificación universitaria.  En octubre de 1994, Burgos inauguraba sus cursos con el título de Universidad, y se configuraba como la cuarta entidad pública de enseñanza superior en la región, junto a León, Valladolid y Salamanca.

A estas realidades se han venido a sumar proyectos múltiples, para Soria, Segovia o Ávila, algunos de ellos vinculados al resurgimiento de universidades privadas.  Podemos comentar el caso de la Universidad Católica de Ávila.  La anunciaba, a comienzos de 1995, su obispo, Antonio Cañizares Llovera.  Se trataría de una universidad para unos 5.000 alumnos, con respaldo económico del Ayuntamiento, Diputación, Obispado y Caja de Ahorros de Ávila, en el marco de las orientaciones de la Santa Sede. Se configuraba como otra iniciativa en el contexto español de diversificación de universidades privadas, con matrícula limitada, pretensiones de calidad y selección, diseño de relaciones internacionales y modelos anglosajones.  En este sentido, el mismo año de 1995, el Consejo de Universidades aprobaba para Madrid las universidades privadas Antonio de Nebrija, con docencia desde 1987; y la Europea de Madrid, creada a partir del Centro de Estudios Superiores (CEES) adscrito anteriormente a la Complutense.  En el propio Madrid funcionaban ya como privadas de reconocimiento reciente la de Alfonso X el Sabio (desde 1994) y la de San Pablo-CEU (desde 1992).  En Barcelona lo hacía, asimismo, la Ramón Llull, con enseñanzas en catalán.

Estas nuevas perspectivas abiertas se vienen a sumar a la oferta universitaria tradicional.  En la Comunidad de Castilla y León las universidades más recientes de León y Burgos veían incrementadas sus titulaciones oficiales.  Así, para el curso 1995-1996, la de León ofrecía las posibilidades siguientes: Administración y Dirección de empresas, Biblioteconomía, Biología, Tecnología de alimentos, Empresariales, Derecho, Educación física, Enfermería, Filología hispánica, Filología inglesa, Geografía, Gestión y Administración pública, Historia, Historia del Arte, It.  Industrial, It.  Minas, Is. Agrónomo, It.  Agrícola, Lingüística, Maestrías, Relaciones laborales, Trabajo social y Veterinaria.  Por su parte, en el mismo curso se impartían en la Universidad de Burgos: Arquitectura técnica, Tecnología de alimentos, Derecho, Educación social, Enfermería, Empresariales, Gestión y Administración pública, Humanidades, It.  Industrial, It.  Obras públicas, Magisterios, Química y Relaciones laborales.  También para 1995-1996, la Universidad Pontificia de Salamanca podía ofrecer los estudios que se mencionan: CC. de la Educación, CC.  Políticas y Sociología, Derecho canónico, Educación social, Enfermería, Filología Bíblica Trilingüe, Filosofía, Informática, Logopedia, Maestrías, Pedagogía, Periodismo, Psicología y Teología.

Las posibilidades no quedan aquí.  En junio de 1995, los responsables universitarios de la Comunidad castellanoleonesa elaboraban una relación de nuevas titulaciones que eran presentadas al Ministerio de Educación.  La Universidad de León solicitaba Ciencias ambientales y Psicopedagogía.  La de Salamanca, Ingeniería Técnica Agrícola; y, para el proyectado “campus” politécnico de Ávila, Hidrología y Enfermería.  Valladolid reivindicaba Óptica y Optometría, y Traducción e Interpretación (“campus” de Soria).  Por su parte, la Universidad de Burgos pedía las nuevas titulaciones de Informática de Gestión, Transportes y servicios urbanos, y el primer ciclo de Administración y Dirección de Empresas.  Sirva esta aburrida enumeración como reflejo de las vertiginosas transformaciones que se vienen produciendo durante estos años.

Y todo ello, en un entorno global de crecimiento desbocado.  En 1984 existían en España 34 universidades, con un total de 700.000 estudiantes; en 1995 las universidades eran 51, con casi millón y medio de matriculados.  En dicho año, los alumnos universitarios de Castilla y León se situaban en torno a 93.000, un 6,3% aproximadamente.  Esto colocaba a nuestra Autonomía en un lugar intermedio entre las de mayor densidad universitaria: Madrid (245.649 matriculados, 17%), Andalucía (233.496, 16,1%) o Cataluña (190.643, 13,2%); y las menos nutridas: La Rioja (5.364, 0,3%), Cantabria (12.940, 0,9%), Baleares (14.040, 0,9%) y Navarra (22.159, 1,5%).  En el conjunto nacional, y durante este curso de 1994-1995, el porcentaje de alumnado universitario femenino alcanzaba el 52,5%.  Por universidades concretas, Valladolid contabilizaba 37.403 inscritos, Salamanca unos 31.000, León 14.137 y Burgos 10.146.

En medio de estas cifras, se ha venido produciendo la implantación de nuevos planes de estudio, la reconversión de titulaciones, como hemos visto, y el incremento de las mismas.  Todo ello con apreciables cambios en el cómputo de matrículas.  Pongamos, por ejemplo, el caso de Salamanca.  Pues bien, si el curso 1989-90 contaba con unos 26.359 matriculados, en 1991-92 se habían incrementado a 28.950, y en 1993-94 hasta 31.453. Además, las nuevas titulaciones (hasta un total de 72) han terminado quebrantando el predomino de algunas facultades tradicionales.  En la misma Salamanca, si comparamos cifras de 1994-95 con otras de 1990-91, se aprecian descensos de matrícula en Derecho, Medicina, Filología, Filosofía…,  mientras ascienden las ramas científicas y técnicas, y los estudios de Economía y Empresa.  He aquí algunos datos del curso 1994-1995, en las principales secciones:

  • Economía y Empresa: 4.275 alumnos.
  • Derecho. 3.975 alumnos.
  • Ciencias sociales: 2.300 alumnos.
  • Filología: 2.137 alumnos.
  • Psicología: 1.807 alumnos.
  • Ciencias: 1.796 alumnos.
  • CC. Educación: 1.636 alumnos.
  • Farmacia: 1.635 alumnos.
  • E. U. Politécnica de Zamora: 1.609 alumnos.
  • E. U. Ing. Técnica Industrial de Béjar: 1.507 alumnos.
  • Medicina: 1.320 alumnos.
  • Biología: 1.101 alumnos.
  • Químicas: 1.058 alumnos.
  • Geografía e Historia: 876 alumnos.

Y, prosiguiendo con el ejemplo salmantino, de los 31.000 estudiantes matriculados en primero y segundo ciclos universitarios, unos 18.492 eran mujeres durante este curso 1994-95; es decir, el 59,6%.  De modo que el sexo masculino únicamente resultaba mayoritario en centros de Ciencias, Filosofía y Topografía…

Por lo que respecta a la procedencia geográfica de estos matriculados salmantinos, de los 31.000 antedichos, unos 17.433 estudiantes, más de la mitad de la matrícula, provenía de las diversas provincias de la Comunidad de Castilla y León.  Por contingentes mayoritarios, un tercio del total matriculado residían en Salamanca capital o su provincia; 3.452 provenían de Zamora; 2.073 de Ávila; 1.502 de Extremadura; 1.306 de Madrid; y 638 de Galicia… Todo lo cual vuelve a poner sobre la mesa el problema de la general provincianización universitaria, al que ya hicimos referencia en el apartado anterior.  No obstante, la Junta de Castilla y León acordaba, a comienzos de 1995, la creación de un único distrito universitario para las nueve provincias; de modo que el alumnado castellano-leonés podría elegir estudiar en cualquiera de las cuatro instituciones académicas públicas, independientemente del lugar de residencia de sus padres.  Esta medida no debe confundirse con el llamado “distrito compartido”, que comenzó a aplicarse con carácter nacional desde 1992-93, aunque de forma muy atenuada y con plazas limitadas (aunque progresivas).  Pues bien, el “distrito compartido” se concibe, en principio, como un correctivo al cantonalismo universitario, y pretende que los estudiantes puedan seleccionar las carreras de su preferencia independientemente de la universidad o del territorio en que se encuentren.  Sin embargo, durante el curso 1994-95, únicamente se adjudicaron para toda España 4.449 plazas en distrito compartido, de las escasas 10.560 adscritas a esta modalidad.  En este aspecto, la universidad más receptiva (hasta el momento) parece ser la Complutense de Madrid, con afluencias destacadas desde Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y las Islas Canarias.  En esta línea, y según diversas declaraciones, el Consejo de Universidades pudiera pretender alcanzar el distrito único para toda España hacia el año 2000; lo que, por el momento, se enfrenta con amplias reticencias en algunas Comunidades autónomas.

Paralelamente al problema de la provincianización, las universidades asisten a una multiplicación de sus gastos económicos, y a los debates abiertos entre proteccionismo estatal, rentabilidad y vinculación a las leyes y demandas del mercado económico-financiero.  Aunque, por el momento, no parezca claro cuál de los modelos salvaguarda mejor la función cultural de las instituciones académicas.  En el caso de Castilla y León, las subvenciones públicas para las cuatro universidades (Salamanca, Valladolid, León y Burgos) alcanzaban 26.607 millones de pesetas en 1995.  Con dicha partida, las tasas académicas y los recursos propios, estas instituciones debían hacer frente a los aproximadamente 93.000 alumnos de la región, y al mantenimiento de los 6.000 trabajadores docentes y de administración y servicios.  Sin embargo, la cuantía presupuestaria resulta variable entre las diversas universidades.  De modo que el presupuesto de la de Salamanca para el curso 1995-96 alcanzaba la estimación de 15.630 millones, con un incremento del 15% respecto a 1994.  De ellos, no menos de 10.000, el 64%, se destinaban al pago de salarios del profesorado y del personal no docente.  Por contraste, el presupuesto de universidades más recientes, como la de Burgos, se cifraba en 4.000.000 de pesetas para 1995-96.  Sin subvenciones estatales, y sujeta a sus propios recursos, el presupuesto de la única (por el momento) universidad privada de la región, la Pontificia de Salamanca, alcanzaba los aproximadamente 2.500 millones de pesetas durante el curso 1994-95.

Ahora, más que nunca, ante la competitividad demandada, la economía universitaria se ha convertido en sangre y alma académicas.  A partir del año 1995, y durante los próximos cinco, las universidades de Castilla y León recibirán unos 25.000 millones de pesetas (además de sus subvenciones habituales) para un programa de inversiones en equipamiento, cuya gestión coordinará la Junta.  Dichas inversiones procederán de la propia Junta (10.000 millones), además de Fondos europeos Feder (15.000 millones).  De ellos, Salamanca recibirá 8.415 millones en 1995 y 9.300 en 1996, que serán destinados a la construcción del edificio de la Facultad de Ciencias, y a la del Politécnico del Campus Viriato de Zamora.  La Universidad de Valladolid percibirá 8.083 millones en 1995 y 9.614 en 1996, entre otras cosas, para la construcción de la Escuela Superior de Tecnología de la Información.  A León le corresponderán 3.431 millones en 1995 y 3.900 en 1996, en el marco de un convenio de la Junta con el MEC para la ejecución de su Biblioteca central.  Para el mismo destino, la Universidad de Burgos recibirá 2.357 millones en 1995 y 2.936 en 1996.

En estos contextos, y para finalizar, no conviene olvidar los malestares que algunas reformas universitarias de los últimos años no han logrado corregir en el conjunto de las universidades españolas.  Ciertamente que ha desaparecido la incómoda monarquía de la cátedra, pero, en ocasiones, se han establecido oligarquías de bando, con verdaderos enfrentamientos de facciones, más por intereses oportunistas que por ideologías legitimadoras (como en la universidad del Antiguo Régimen, ni más ni menos).  Muchos afirman que el sistema de selección del profesorado resulta claramente deficiente, y, en numerosos casos, meramente clientelar.  Lo cual se añade a la reaparición de una nueva generación de contratados precarios y sin horizonte, sobre todo en las facultades y titulaciones más tradicionales y saturadas.  La carrera académica y la promoción de los docentes resulta, por lo demás, arbitraria, desigual, sometida a grupos de poder gremial, y con tendencia al estancamiento o la fragmentación localista.

Por último, hay que considerar que las universidades de Castilla y León, que venimos intentando describir, se ven inmersas en la misma problemática que alcanza a todas las instituciones de enseñanza superior en este fin de siglo.  Se mantienen las referencias a la triple función universitaria: preservación del saber (profesorado, bibliotecas… ), transmisión (alumnado) y ampliación del mismo (investigación).  Pero, en realidad, asistimos a una multiplicación centrífuga de conocimientos, lenguajes y perspectivas, en la que se pierden las panorámicas integradoras, “ilustradas”, y se hacen difíciles las bases comunes de comunicación.  Por ello, la función docente debería revitalizarse desde las síntesis creativas y el planteamiento de problemas, e ir dejando las informaciones periféricas a los modernos bancos de datos informáticos.  Más aún, cuando cada vez resultan más evidentes los continuos reajustes de las ofertas de trabajo y la probabilidad de alternancias profesionales.  Compete, pues, a la Universidad proporcionar una cierta integración de las disciplinas fragmentadas, en un marco coherente de formación general; y, al mismo tiempo, se percibe la necesidad de aligerar programas y abrir márgenes flexibles de optatividad electiva.

Pero a nadie se le ocultan las dificultades crecientes para mantener las referencias ideales del universitario “culto”, propias del viejo humanismo, frente a las necesidades operativas del hombre “informado”, más acorde con los intereses que rigen la actual “industria del conocimiento” a nivel internacional.  Y de este modo, junto a las corruptelas habituales de la endogamia gremial y localista, la carrera de cargos convertida en un atajo de la propiamente académica, ciertas discordancias compulsivas en las nuevas titulaciones o la multiplicación del formalismo de escaparate en improvisados méritos (“curricula”) de plástico, la Universidad actual se ve enfrentada a retos de más calado, y navega en la desorientada periferia del orden mundial tradicional, viendo surgir la nueva era de las telecomunicaciones, y siendo constreñida por las leyes del implacable mercado cultural a justificar su rentabilidad.

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