El ingreso en un centro penitenciario supone un cambio radical en la vida de una persona. Encontrarse aislado de la sociedad implica un fuerte impacto a nivel emocional y en el desarrollo de la personalidad del interno; cuyo proceso lleva a la pérdida de la identidad social que poseía anterior a su entrada. Ello se une a lo que pueda desencadenar su estancia en prisión, como el aislamiento social, la ruptura de relaciones familiares y sociales, los trastornos mentales o la aparición de enfermedades sobrevenidas y la dificultad de acceso a los servicios de salud, etc. son demasiadas situaciones estresantes que pueden aparecen en mayor o menor medida en la población en general, pero que se manifiestan con más fuerza en la población penitenciaria, convirtiéndolos en colectivo vulnerable al suicidio.

Aparece, además, una conexión entre la conducta suicida y la existencia de trastornos mentales. Por ejemplo, si analizamos los datos publicados por el Ministerio de Sanidad comprobamos que situaciones como la depresión, el abuso de sustancias, trastornos psicóticos, los de ansiedad y de personalidad, aparecen en el 90% de los casos de muertes consumadas por suicidio, estando estos factores presentes con frecuencia en la población carcelaria. Para confirmarlo podemos remitirnos a datos en los que se hace referencia a los suicidios en las prisiones que, según un estudio realizado en las cárceles de Cataluña, vemos que la incidencia del suicidio es 8 veces mayor que la registrada en la población general. Es, por tanto, el suicidio una de las principales causas de muerte en las prisiones.

El encarcelamiento, en definitiva, multiplica la probabilidad de cometer un acto suicida. La Administración Penitenciaria, encargada de dar una labor asistencial y de ayuda a los internos, tiene la obligación de elaborar programas de intervención que eviten o aminoren las conductas suicidas. Para conseguir una disminución de la tasa de suicidios, al igual que ocurre en el resto de la sociedad, es necesario incrementar los recursos destinados a la salud mental y, con ello, el número de personal especializado para poder identificar los factores de riesgo en los individuos, con el objetivo de detectar los casos necesarios de atención e incluirlos en los protocolos de prevención de suicidios, puesto que, como vemos, sigue siendo un tema tabú en la sociedad y todavía más, en los centros penitenciarios.

Por último, remarcar que el tema de la salud mental en los internos ha sido un tema principal en los debates y reuniones realizadas en la asignatura de Clínica Jurídica, dónde hemos hablado de la necesidad de minimizar los efectos que tenga para las personas su paso por prisión, reivindicamos la necesidad de aumentar los recursos humanos y, sobre todo, acerca de la importancia que tiene un buen estado mental para la reinserción y futura salida.

Marta Gil Santos

Línea de Intervención penitenciaria y Derechos humanos

Clínica Jurídica de Acción Social