El Congreso ha aprobado, el jueves 8 de abril, el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética a falta de su último trámite en el Senado y cuyos objetivos incluyen acabar con la venta de coches contaminantes en 2040, recortar emisiones y alcanzar la neutralidad del país en 2050.

La Comisión de Transición Ecológica del Congreso de los Diputados, con competencia legislativa plena, ha dado este jueves luz verde al dictamen con las enmiendas incorporadas al texto, de la que será la primera norma en España para mitigar el calentamiento global, una de las grandes apuestas de legislatura de este Gobierno.

Entre sus objetivos, la futura norma, que cuenta con 36 artículos, parte con dos fechas clave para su desarrollo:

2030, cuando España deberá reducir un 23 % las emisiones de efecto invernadero respecto a 1990, este 23% se revisará al alzar periódicamente. Con esta inclusión se recoge una de las solicitudes de los grupos ecologistas. Para 2030 también se pretende alcanzar una producción de electricidad renovable de, al menos, el 74%, considerablemente por encima del 43% actual.

También se establece una penetración de energías de origen renovable en el consumo de energía final de, al menos, un 42% y una eficiencia energética de al menos el 39,5%.

2050, año para alcanzar la neutralidad climática. El objetivo es lograr en 2050 un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas, salvo los matriculados como vehículos históricos, ya sean totalmente eléctricos o con tecnologías alternativas a los coches de combustión.

Para conseguirlo, la Ley establece la prohibición en 2040 de la venta de vehículos que emitan CO₂, no destinados a usos comerciales. Para favorecer la movilidad sostenible, la Ley impulsará la financiación del transporte público, marcará objetivos del ferrocarril en distancias superiores a los 300 kilómetros y obliga a las gasolineras con mayor capacidad económica (un 9% del total) a instalar al menos un punto de recarga rápida para favorecer la expansión del vehículo eléctrico

Asimismo, prohibirá los sondeos y prospecciones de combustibles fósiles. Una de las novedades en la tramitación del Congreso es el veto a la minería radiactiva, tras la polémica por un proyecto de mina de uranio a cielo abierto en Retortillo (Salamanca). Obligará a que todos los municipios de más de 50.000 habitantes y territorios insulares tengan una zona de bajas emisiones en 2023 e impulsará la rehabilitación energética de los edificios y el despliegue de las renovables, impulsando las centrales hidroeléctricas reversibles, los sistemas de abastecimiento urbanos y la instalación de placas fotovoltaicas para autoconsumo, con una futura Ley de Propiedad Horizontal para facilitar el autoconsumo en las comunidades de propietarios.

Una vez trasladado el proyecto de ley al Senado para su ratificación, el pleno del Senado ha dado el 26 de abril luz verde a dicho proyecto antes de volver al Congreso para su ratificación definitiva y su posterior entrada en vigor.

Este proyecto de ley a creado, no pocas, controversias a la hora de llevar a cabo las votaciones y los vetos por algún partido político.

Entre las posturas a favor, se ha señalado la necesidad de esta norma para apostar por las energías renovables, impulsar desplazamientos alternativos a los más contaminantes, como facilitar el acceso de ayudas y tramites para acelerar todo el sistema logístico de las recargas de los vehículos eléctricos.

Los detractores justifican sus críticas por la tramitación en vía de urgencia y la incertidumbre de algunos de sus artículos, en especial en lo referente a las concesiones de la ley de costas. Al igual que este proyecto de ley pretende transformar el modo de vida de los españoles sin atender a la competitividad de las empresas y el bienestar de los ciudadanos. (EFEVERDE.COM)

Felipe Sánchez Bermejo

Línea de Medio ambiente y consumo responsable

Clínica Jurídica de Acción Social