El aumento del consumo de elementos plásticos y el mercado de residuos aparejado al mismo han permitido prorrogar durante décadas una decisión complicada y de gran impacto económico, ¿Qué hacemos con los crecientes residuos?

Durante las últimas décadas, el desarrollo industrial de la Republica Popular China y su creciente demanda de productos derivados del petróleo (debido a que su tardío desarrollo como potencia económica le impidió acceder a las reservas de petróleo (paradigma que trata de suplir mediante acuerdos con los estados de Bolivia y Venezuela para la extracción de Petróleo y Litio)) para alimentar de materias primas sus fábricas, suplida mediante procesos de reaprovechamiento de los residuos generados por occidente (mayoritariamente la Unión Europea y Estados Unidos de América), acumulando hasta ahora más de la mitad de la demanda del mercado de residuos, alcanzando la cifra máxima de 45 millones anuales de toneladas de metal, plástico y papel usado.

En 2018 este paradigma cambió con la introducción por parte del Gobierno chino de medidas restrictivas a la compra de residuos provenientes de la importación, ya que el aumento de la población China, así como, el aumento del consumo interno, ha generado que los propios residuos producidos por el gigante asiático sirvan para alimentar su proceso industrial, ante esto Europa y Estados Unidos se encuentran ante una nueva problemática, la desaparición del comprador de la mayoría de los residuos generados en estos países genera a nivel interno un aumento de los problemas de gestión de los residuos urbanos y sólidos. Ante esta nueva dicotomía hay dos soluciones, o mantener el actual modelo hasta el agotamiento generando nuevos problemas de gestión de residuos, o la implantación de modelos que fomenten el consumo responsable de los mismos y la introducción de mecanismos como el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), que permitiría a los consumidores ser los beneficiarios directos de los beneficios generados mediante los procedimientos de reciclaje y por lo tanto aumentando la tasa del mismo.

Este sistema cuenta con numerosos detractores que han impedido durante años la implantación de este tipo de sistemas, En España nos encontramos como uno de sus principales objetores se trata de ECOEMBES, esta empresa privada compuesta por los mayores productores de plástico de nuestro país, ha sido durante años la beneficiaria de numerosos contratos públicos en gestión de residuos, y qué como bien relata el periodista Daniel Domínguez en su artículo “Los tentáculos de Ecoembes: el lobo que cuida de las ovejas”, siempre han impedido la implantación de los SDDR en nuestro estado, mediante acuerdos leoninos con entes locales y la financiación de campañas de comunicación públicas.

Ante esto es necesario la configuración de las administraciones públicas como vanguardia de la implantación de un nuevo modelo de reciclaje y reaprovechamiento de residuos en nuestro estado, debiendo ser la misma mediante la inversión en la gestión de los residuos mediante recursos públicos la que se configure dentro del nuevo paradigma de gestión de los residuos que se genera en el entorno post pandémico con la desaparición del mayor importador de los mismos y que permita mediante medidas de incentivo aumentar las tasas de reciclaje presentes en la sociedad española.

Juan A. Schirinzi Pareés

Línea de Medio Ambiente y Consumo Responsable

Clínica Jurídica de Acción Social

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es un documento firmado en 2015 por 193 países que supone el inicio de un compromiso para lograr un mundo más sostenible. A través de 17 objetivos y 169 metas, se persigue erradicar la pobreza, conseguir una sociedad más igualitaria e inclusiva y hacer un uso sostenible de los recursos.

Dos de los grandes retos que enfrenta nuestra sociedad y que la Agenda incluye entre sus objetivos son lograr el fin de la pobreza y la igualdad de género (objetivos 1 y 5, respectivamente). Cuando combinamos estos dos factores hablamos de un fenómeno conocido como ‘feminización de la pobreza’, que el Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo define como el “predominio creciente de las mujeres entre la población empobrecida”. Además, también se pueden incluir otras definiciones como “el crecimiento de la proporción de mujeres entre la población pobre”, “el sesgo de género de las causas de la pobreza” o la “mayor exposición de las mujeres a la violencia”. Existen, por lo tanto, un conjunto de fenómenos que constituyen factores de riesgo de la pobreza y que además afectan más a las mujeres. Algunas de estas cuestiones son un mayor déficit de alimentación, educación y atención sanitaria, dificultades de acceso al mercado de trabajo, mayor tiempo dedicado a tareas no remuneradas y mayores niveles de inseguridad, precariedad y vulnerabilidad.

Este hecho se ve claramente reflejado en cifras: según un estudio de ONU Mujeres, en 2014 se estimaba que, por cada 100 hombres en hogares pobres, había 155’3 mujeres. Por su parte, el diario digital Mujeres en Red afirma que de los 8 millones de personas que se encuentran en situación de pobreza en España, la mayoría son mujeres. Por último, el Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo declara que las mujeres constituyen más del 70% de las personas que viven en situación de pobreza a nivel mundial, cuyo total se estima en torno a 1.700 millones.

Comprobamos entonces que la feminización de la pobreza se erige como uno de los grandes retos a enfrentar para la Agenda 2030, puesto que conseguir la igualdad significa hacerlo a todos los niveles o, en palabras de la propia Agenda, “no dejar a nadie atrás”.

Natalia C. Milán Miguel

Línea de Medio Ambiente y Consumo Responsable

Clínica Jurídica de Acción Social