La persecución al Juez Garzón por su intento de acabar con la impunidad del franquismo y la corrupción del Partido Popular ha dado la razón a todos esos padres que miran por el bien de sus hijos: generaciones que se reconocen en la emblemática expresión “hijo, no te metas en política”. En España, este consejo paternal tiene una indudable connotación histórica: la ausencia de libertad y el miedo a las represalias. Muy especialmente, la represión franquista dejó una impronta de pánico colectivo en la población de alcance indetectable para investigadores de biblioteca: detenciones, asesinatos y los temidos paseos que nuestros abuelos han sabido transmitir de generación en generación. Cuesta admitir, y prima facie puede parecer descabellado, que tras más de treinta años de democracia todavía persistan las secuelas de la dictadura, más aún cuando el establishment político y mediático se recrea en el éxito de nuestra ejemplar Transición.

He aquí que llega la crisis económica mundial, la más profunda de nuestra historia reciente, y evidencia injusticias flagrantes, pero la respuesta de la sociedad española ha sido singularmente tímida. Sólo en los últimos meses han emergido diversos movimientos ciudadanos que convergen en la proclama de una regeneración del sistema político y económico, pero todavía con una intensidad limitada y de forma muy fragmentada. Llama la atención el movimiento Juventud Sin Futuro. Sus eslóganes son: “Sin casa, sin curro, sin pensión”, para finalizar con un desafiante “sin miedo”. Sin miedo, porque el movimiento no sólo cuestiona un modelo económico que ataca el Estado de bienestar, sino que plantea una afrenta generacional. El insolente lema de la juventud también simboliza el rechazo del paternalismo y el miedo colectivo a participar en política, mientras que los padres ven en Garzón la constatación de sus temores.

Recientemente he escuchado unas declaraciones de Joaquín Almunia que han pasado desapercibidas. El vicepresidente de la Comisión Europea ha rechazado el ingreso de Islandia en la Unión Europea por haber celebrado un referéndum en el que los ciudadanos han decidido no pagar las deudas de unos pocos banqueros. Ya sabemos que la democracia es un buen sistema político siempre que no ose cuestionar el poder real de la economía. Pero resulta doloroso que semejantes declaraciones se realicen sin un mínimo de pudor, sin recurrir a los eufemismos propios de la elite política de Bruselas.

El desconsuelo es mayor si contrastamos la contundencia de Almunia con la tibieza de la UE ante situaciones de vulneración de derechos fundamentales en diversos Estados Miembros. Recordemos, por ejemplo, la expulsión de gitanos en Francia, la homofobia en Polonia o la orgía política de Berlusconi. Ahora es fácil imaginar qué habría pasado si los PIGS se hubieran negado a rescatarse o a ser rescatados.

Así las cosas, se antoja difícil digerir la retórica de los principios y valores fundamentales de la UE, y lo raro no es que los ciudadanos twitteros la paguen con los eurodiputados, lo verdaderamente extraño es que todos sigamos pagándoles. Las instituciones comunitarias ni son democráticas ni dejan serlo a los demás. Almunia, en el fondo, tiene razón: Islandia is not Europa.

Aún no lo he leído, quizá no lo haya encontrado, pero voy a escribir lo que me gustaría leer, a la espera de que las plumas cualificadas me satisfagan. Es un lugar común atribuir el desastre nuclear de Chernobyl al fracaso de la URSS y del comunismo totalitario, ora como metáfora del derrumbe soviético, ora como causa explicativa del accidente. Pero la hemeroteca puede ser radiactiva, por ejemplo, para nuestros ex ministros de Asuntos Exteriores. Esto escribía Josep Piqué (La Vanguardia, 20/10/07): “El problema fue la incompetencia, la opacidad y el cinismo propios del sistema comunista. Y no es justo que todo eso pase al debe de una fuente de energía fundamentalmente segura”. Y esto otro Ana Palacio (ABC, 15/09/08): “Un caso -hemos de recordarlo- único, acaecido en una planta claramente subestándar fruto de un sistema político viciado”. No parece criticable que se relacionen las grietas de las dictaduras comunistas con el accidente de Chernobyl, pero sí que se defienda la seguridad de la energía nuclear esgrimiendo la excepcionalidad del contexto soviético.

Pero, ¿podría emplearse la misma vara de medir al accidente de Fukushima en relación con el sistema económico dominante? Pensemos en la vertiente metafórica. Japón es un país lastrado por la financiarización del capitalismo, en crisis permanente a pesar de su elevado desarrollo tecnológico y con un modelo económico y energético incompatible con el respeto al medio ambiente. He aquí que la fuerza de la naturaleza agrieta una central nuclear, pero también pone en evidencia las fisuras de un modelo económico insostenible. ¿Y sobre las causas explicativas? Wikileaks, ese fenómeno que nos recuerda el déficit de transparencia en nuestras impolutas democracias, ha desvelado que Japón sabía desde hace tiempo que sus centrales nucleares no resistirían el riesgo sísmico; y la seguridad del país ahora está en manos de TEPCO, una empresa privada que acumula una larga lista de irregularidades. Parece ser que la energía nuclear no es tan segura como se pensaba y que el accidente de Fukushima podría tener relación con las fallas, no precisamente geológicas, del actual sistema económico. Pero las comparaciones son odiosas.

A la luz de las revueltas populares de los países árabes, en España se está gestando otra revuelta, no popular, sino protagonizada por un sector díscolo de los operadores jurídicos. Toda vez que la Política se ha tornado incapaz de hacer frente a la Economía, se recurre al Derecho para paliar las injusticias socioeconómicas que la crisis ha destapado.

Tres son los acontecimientos jurídicos más relevantes de las últimas semanas. Primero, el polémico Auto de la Audiencia Provincial de Navarra, que permite ‘saldar’ la hipoteca con la entrega de la vivienda. Cierto es que la legislación vigente en la materia provoca situaciones verdaderamente injustas, pero también hay que valorar el riesgo que para el Estado de Derecho puede provocar un activismo judicial generalizado. En este caso, además, la argumentación del Auto es ciertamente pobre (se cita a políticos, se habla de rechazo moral…), pudiendo haberse obtenido el mismo resultado con una mayor elaboración jurídica. Sirva este supuesto para reflexionar sobre la necesidad de una elevada tecnificación jurídica si de verdad se quieren remover las entrañas de las relaciones económicas.

Segundo, la demanda colectiva contra las ‘cláusulas suelo’ de las hipotecas. Aquí se pone de manifiesto la íntima conexión de los derechos de los consumidores con los fundamentos básicos del Estado Social, derechos que hay que reivindicar frente a quienes los identifican con un mero estilo de vida acomodado.

Tercero, la querella interpuesta por diversos colectivos de la sociedad civil contra las agencias de calificación por la comisión de delitos relativos a los mercados y a los consumidores. Se trata de una iniciativa seria, audaz y rigurosa que pondrá a prueba la fortaleza de nuestra Justicia.

Lejos de lanzar las campanas al vuelo para festejar que los juristas han venido a salvarnos, amén de que su éxito se advierte limitado, es necesario recordar que su acción obedece a la pasividad del legislador, es decir, a la impotencia política de nuestros representantes frente al dominio inexorable de una elite económica internacionalizada. La agitación del Derecho es la constatación del fracaso de la Política.

En tiempos en los que el desempleo constituye el principal problema para la ciudadanía, se multiplica el papel de intermediación laboral de las instituciones públicas. A través de una de éstas, un despacho profesional trasladó recientemente una oferta de trabajo para, previa beca, contratar a una abogada, excluyendo expresamente a los hombres del perfil profesional requerido.

El tema de la discriminación de género es tan complejo como polémico. Es pan de cada día que opiniones que comparten un resultado se apoyen en argumentaciones opuestas (machistas o igualitaristas) y, viceversa, que idénticos planteamientos generen respuestas contradictorias, como, por ejemplo, la llamada discriminación positiva en el movimiento feminista.

Así las cosas, la oferta de una beca para una abogada mujer puede suscitar muy diversas interpretaciones, pero sólo una resulta válida si lo que queremos es ver el bosque más allá del árbol. En primer lugar, se trata inicialmente de una beca, es decir, un puesto de trabajo precario y carente de responsabilidad. Este dato resulta fundamental, ya que lo que se ofrece no debe considerarse un beneficio o privilegio en el contexto del mundo laboral. Así, si alguien pensara que la empresa está privilegiando a las mujeres mediante una política de contrataciones basada en criterios de igualdad de género y discriminación positiva, no podría estar más equivocado. La desigualdad de género se manifiesta en los puestos directivos o de responsabilidad, en ámbitos de poder, donde el hombre sigue ejerciendo una auténtica dictadura de género. Tampoco puede incluirse a la abogacía dentro de las profesiones técnicas (ingenierías…), en las que existen profundas discriminaciones arraigadas en diferentes roles sociales.

En suma, no se trata de discriminación positiva porque no hay un obstáculo previo que remover: en la abogacía los hombres y las mujeres se inician con las mismas dificultades. Una vez que es palpable la ausencia de una motivación de fomento de la igualdad, la decisión empresarial de excluir a los hombres de entre los candidatos al puesto sólo puede considerarse sexista, lo que, según el DRAE, significa que discrimina a las personas de un sexo por considerarlo inferior al otro. Pero, ¿qué sexo se considera inferior? A priori parecería que el masculino, pero no es así. Me arriesgo a decir que en la decisión de la empresa subyace un trasfondo profundamente machista: un estereotipo que concibe a la mujer bajo el sometimiento del hombre (los propietarios de las empresas que hacen las ofertas son hombres), con un perfil de mayor diligencia, en el sentido de mayor obediencia, y una mejor imagen para “vender productos”; en definitiva, un rol que conecta con las necesidades de un puesto de trabajo precario.

Sólo así puede explicarse que estas empresas renuncien a contrastar los méritos y capacidades del conjunto de mujeres y hombres que podrían optar al puesto de trabajo en cuestión. Huelga decir que las mujeres están igual o mejor preparadas que los hombres, pero sólo los prejuicios antedichos motivan la exclusión previa de los hombres en el proceso selectivo.

Este tipo de discriminaciones deberían ser perseguidas por todos los poderes y organismos públicos, y hay instrumentos jurídicos para hacerlo. Pero también deberían ser condenadas por  la sociedad, por cada uno de nosotros, en el desenvolvimiento de nuestra vida cotidiana y especialmente en el ámbito de la abogacía, si es que de verdad queremos avanzar en una sociedad más igualitaria, justa y democrática.