En el interesante proceso de elaboración de la nueva Constitución chilena se ha planteado una disyuntiva entre la fórmula de Estado Garante y la de Estado Social y Democrático de Derecho. No es un debate secundario o accesorio que interese solo a la academia.
El Estado Garante es un paradigma de análisis, de origen más bien académico, que pretende dejar constancia de las transformaciones del Estado del bienestar a raíz del auge neoliberal. Una de esas transformaciones es el giro que se ha producido en torno a la idea de servicio público. El Estado ha cedido su protagonismo al mercado. La provisión directa de los servicios públicos ha dejado paso a la aparición de los llamados servicios de interés general o servicios de interés general económico. Estos son prestados por empresas privadas que, en el mejor de los casos, se limitan a cumplir las obligaciones (obligaciones de servicio público) que determina el Estado. Por eso se habla de Estado Garante, porque el Estado se limita a garantizar la prestación de esos servicios.
Aunque podría pensarse que la de Estado Garante es una fórmula descriptiva, el debate chileno pone de relieve que esta fórmula también es prescriptiva. En cambio, el Estado Social y Democrático de Derecho es una noción más amplia que la de Estado Garante, y está compuesta por tres cláusulas interrelacionadas: Estado Social, Estado Democrático y Estado de Derecho. En España, esta fórmula definitoria ha sido un éxito jurídico, en buena medida por su capacidad para fundamentar los derechos de las personas. Es también una fórmula que realiza mejor el valor del pluralismo, ya que no excluye un rol activo del Estado en la provisión de servicios públicos y enfatiza la materialización de la igualdad.
Mi admirado Flavio Quezada ha hecho en Twitter valiosas consideraciones que pueden leerse en este enlace.
Aún no hay comentarios.